Desde la Conferencia Episcopal defienden que no han recibido la solicitud, pese a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, haya asegurado que sí se ha realizado
Gobierno y víctimas de abusos sexuales en instituciones católicas se muestran satisfechas de que una comisión de expertos que liderará el Defensor del Pueblo sea la fórmula para investigar estos hechos en España, aunque de momento la Conferencia Episcopal elude evaluar la propuesta y reprocha que no la ha recibido.
Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) han asegurado que presencian con «decepción» y «sorpresa» el debate público abierto por el Gobierno sobre la creación de una comisión de expertos para investigar los abusos en la Iglesia sin que, de momento, les hayan trasladado esa propuesta. Sin entrar a opinar sobre la iniciativa, defienden que no la han recibido, pese a que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, haya asegurado que ha trasladado formalmente la propuesta a los obispos.
Así, la Iglesia española guarda de momento silencio sobre la comisión mientras el Ejecutivo defiende que será precisamente la Iglesia la que salga «más reforzada» de esa investigación de abusos a menores, en palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha expresado el convencimiento de que los obispos participarán y se implicarán en los trabajos técnicos.
Mientras, Podemos ve compatibles las dos vías para investigar: la de la comisión de investigación en el Congreso que propuso junto a ERC y EH Bildu, y la del Defensor del Pueblo. El plan, ha explicado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, en una rueda de prensa este martes en la Cámara Baja, es que «el protagonismo siga estando en el Congreso» y que se pueda repartir el trabajo entre ambos con la idea de que, cuando el Defensor del Pueblo tenga elaborado su informe, éste se pueda debatir en la comisión de investigación y en función de las conclusiones a las que se lleguen, elevarlo al pleno.
De todos modos, Asens ha dejado claro que «la pauta» la pondrán las víctimas, quienes ya han comenzado a pronunciarse. La asociación Infancia Robada, que representa a menores abusados, se muestra conforme con que la comisión la dirija el Defensor del Pueblo y considera idóneo el modelo para «lograr verdad, justicia, reparación y acompañamiento y para que el reconocimiento y, en alguna medida, la sanación, pueda llegar por fin».
No todos expresan el mismo entusiasmo. Para Miguel Ángel Hurtado, víctima de abusos e impulsor de la campaña «El abuso no prescribe», la propuesta no permitirá conocer todos los casos de pederastia y no entrará a investigar el encubrimiento de estos delitos. «El PSOE quiere una investigación controlada para limitar la onda expansiva que, si salen a la luz la magnitud de los abusos y encubrimientos, haría temblar los acuerdos entre Iglesia y Estado«, ha denunciado.
Entretanto, las Fiscalías superiores autonómicas y provinciales como la de Castilla-La Mancha, Alicante, Extremadura o Asturias ya han remitido a la Fiscalía General del Estado sus informes sobre los procedimientos penales que están en tramitación en su región en relación a presuntos casos de abusos sexuales a menores cometidos en instituciones religiosas.
De esta forma, comienzan a dar respuesta al oficio de la Fiscalía General del pasado 31 de enero que pedía a los fiscales superiores autonómicos que le enviasen todas las denuncias y querellas en curso sobre agresiones y abusos sexuales a menores cometidas por religiosos.
Desde el Gobierno defienden que la comisión de investigación es una «cuestión de calidad democrática» que va en sintonía con lo ocurrido en otros países europeos que comienzan a abrir investigaciones aunque a distinto ritmo y con diferente implicación de su jerarquía eclesiástica. En la mayoría, eso sí, los hechos están prescritos.
Por ejemplo, la Conferencia episcopal italiana defiende desde hace tiempo su negativa a hacer investigaciones históricas de un largo período sobre los posibles casos de abusos. En el lado opuesto Portugal cuya jerarquía eclesiástica creó en enero una comisión para estudiar los abusos sexuales a menores cometidos desde el año 1950.
Los abusos sexuales de menores dentro de la Iglesia católica forman parte importante del debate público en Alemania desde 2010, cuando el rector de un colegio de jesuitas de Berlín, Klaus Mertes, llamó a romper su silencio a alumnos que hubieran sido víctimas de ellos en los años 70 y 80. Desde entonces se han hecho diversas investigaciones, entre ellas una reciente que salpicó a Joseph Ratzinger, que luego se convertiría en el papa Benedicto XVI, quien este martes ha publicado una carta en la que expresa a todas las víctimas de abusos sexuales su «profunda vergüenza, gran dolor y una sincera petición de perdón».
Fuente: EFE
