Montero abre otra brecha en el Gobierno y desinfla las pretensiones de la reforma fiscal de Podemos
La ministra de Hacienda ha tachado de «inoportuna» la propuesta y ha pedido esperar a la valoración de los expertos
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha rebajado las pretensiones de sus socios de coalición de Unidas Podemos sobre una futura reforma fiscal. Montero, peso fuerte en la parte socialista del Ejecutivo, ha tachado de «inoportuna» la propuesta y ha pedido esperar a la valoración de los expertos.
En una entrevista en Tve, Montero ha asegurado que respeta la iniciativa de su socio de Gobierno, aunque ha admitido que «hubiera preferido que se hubiera esperado» a contar con el informe de los expertos, previsto para finales de este mes, y «tener una posición única» de todo el Ejecutivo.
«Desde el Gobierno queremos hacer un llamamiento a un debate sereno, reflexivo» de la reforma fiscal, ha añadido, y por tanto no ve «conveniente discutir en paralelo iniciativas que no partan del encargo que el propio Gobierno ha hecho a un grupo de personas».
Montero ha insistido en que una vez que el Gobierno cuente con el libro blanco de los expertos, lo estudiará para después, «a lo largo de los próximos meses», avanzar en sus propuestas.
Montero ve «ridícula» la crítica del PP sobre los fondos europeos
Montero también se ha referido al cuestionamiento del reparto de los fondos europeos por parte del PP, que ha considerado «una situación ridícula» que solo obedece a que el partido «piensa que si le va mal a España le puede ir bien en sus intereses electorales».
España ha cumplido con los hitos y objetivos comprometidos con Bruselas, ha subrayado, y los criterios del reparto han sido aprobados en las diferentes conferencias sectoriales con el apoyo de las comunidades del PP.
La ministra ha descartado que la aprobación del Perte agroalimentario se deba a intereses electoralistas, ya que esta iniciativa estaba prevista en la hoja de ruta del Gobierno, y ha eludido pronunciarse sobre la subida del salario mínimo, porque hay que dejar trabajar a los agentes sociales.