El Parlamento andaluz desoye a Ribera y aprueba la proposición de ley de los regadíos en Doñana

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha aprobado la tramitación de la polémica ley de los regadíos en la Corona Forestal de Doñana gracias a los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox. La medida cambia la denominación de los terrenos del parque natural y los señala como suelos agrícolas regables, algo que, según denuncian los expertos, podría romper el equilibrio en el ecosistema.

El Gobierno, encabezado por la ministra de transición ecológica, Teresa Ribera, había pedido a la Junta que desistiera de la iniciativa, algo que no se ha producido. Ribera se había dirigido a Moreno a través de una misiva en la que señalaba los «enormes perjuicios económicos, medioambientales y para la imagen exterior de España».

La suma de estos tres partidos ha propiciado que continúe el debate de esta iniciativa legal, que ha afrontado su primer trámitey ahora ha entrado en fase de ser tomada en consideración. A la suma de PP, Cs y Vox se ha añadido la abstención de los 33 parlamentarios del PSOE, de manera que la iniciativa solo ha cosechado los 17 votos contrarios de los parlamentarios de Unidas Podemos y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía.

Los principales cambios en la normativa

La iniciativa de PP, Cs y Vox de 31 páginas, de las cuales cuatro son el apartado puramente normativo, pretende modificar el Decreto 178/2014 sobre el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva), y su programa de medidas complementarias, así como busca el cambio de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía.

La Proposición de Ley de PP, Cs y Vox busca ampliar el rango de terrenos con la calificación de suelos agrícolas regables, por cuanto la normativa en vigor establecía los terrenos con esa consideración hasta el año 2004, mientras que estos tres partidos buscan ampliar ese corte cronológico hasta 2014, ampliar una década los terrenos que puedan ser considerados agrícolas regables, así como busca anular la disposición que exige a los propietarios acreditar que la explotación agrícola existía antes de 2004.

De igual forma promueven la reforma de la Ley 2/1992 Forestal de Andalucía para que «aquellas superficies sobre las que se hubieran implantado plantaciones de especies forestales de turno corto en régimen intensivo, en las que existieran usos agrícolas con anterioridad a la implantación de esas especies forestales, y el titular de la misma decida la reversión del uso agrícola en esta. Se consideran especies forestales de turno corto aquellas cuyo turno sea inferior a veinte años«.

En la exposición de motivos de la iniciativa se argumenta que «las modificaciones que aquí se plantean no rompen en modo alguno ni hacen peligrar el equilibrio existente«, por cuanto argumenta que la clasificación de suelos agrícolas regables en zonas B y C «no confiere de forma automática el derecho al uso del agua, sea superficial o subterránea».

«Es decir, el que un suelo sea calificado como suelo apto para regadío no conlleva per se el derecho al uso de agua, solo se califica el suelo como agrícola, que puede tener o no derecho a agua, pero el titular del mismo podrá hacer uso para cultivos de secano o cualquier otro conforme a la normativa vigente -uso ganadero, etc-«, explica la iniciativa.

En la Proposición de Ley se señala que «solo en los municipios mencionados existen cientos de concesiones administrativas de terrenos para las labores agrícolas, además de las numerosas hectáreas de titularidad privada» y argumenta datos como que «Moguer cuenta con 410 hectáreas; Lucena del Puerto, 2.044 hectáreas; Bonares, 42 hectáreas; Rociana del Condado, 1 hectárea; Almonte, 2.376 hectáreas», así como que explica que «habría que añadir todas las explotaciones que se asientan en terrenos privados, que suponen unas 11.000 hectáreas».

El PSOE, a pesar de abstenerse, critica la frivolidad del «Gobierno»

El parlamentario del PSOE Mario Jiménez, quien ha apuntado que con la iniciativa promovida por PP, Cs y Vox «no se van a legalizar ni 90 hectáreas y como terreno agrícola sin tener garantizado el agua en las próximas décadas«, al tiempo que ha calificado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de «irresponsable por querer cambiar el Plan Forestal, un plan consensuado».

Jiménez ha considerado que la iniciativa parlamentaria responde «al engaño masivo de un Gobierno impresentable y frívolo» y concluir, tras explicar que el Gobierno andaluz «no ha aportado ni una coma a la tramitación del Plan Hidrológico del Guadalquivir», que «Moreno Bonilla ha engañado a los agricultores».

«En Doñana no se puede entrar como un elefante en una cacharrería«, ha proclamado Mario Jiménez, antes de augurar que con la iniciativa «van a perjudicar a la agricultura de la provincia» y sostener que con «responsabilidad de hacerlo bien, con una oportunidad al diálogo, rigor, altura de miras, podemos hacer posible Doñana».

El Gobierno defiende el beneficio sobre la agricultura

El diputado del PP-A Manuel Andrés González ha manifestado que es hora de dejar de lado las diferencias políticas por el bien de la provincia de Huelva, y ha manifestado que apoyar esta proposición de ley es decir sí a la agricultura, a la provincia de Huelva y a Doñana. Ha señalado que desde el Gobierno central se tienen que hacer obras hidráulicas para que se riegue con aguas superficiales y se recuperen los acuíferos de internos de Doñana.

Ha defendido que el actual Gobierno andaluz, en tres años, ha invertido mucho más que los anteriores ejecutivos socialistas en el parque de Doñana. Ha señalado que los agricultores de Doñana es gente honrada a la que hay que apoyar y dar seguridad jurídica, buscando soluciones a sus problemas, que es lo que pretende la proposición de ley.

El parlamentario de Cs Julio Díaz ha indicado que lo que plantea la proposición de ley es una solución a un problema que los anteriores gobiernos del PSOE-A no supieron resolver y abre una puerta a la negociación y al debate. Ha defendido el plan de la corona como una garantía de sostenibilidad de Doñaña, de manera que hay que mantenerlo, pero también mejorarlo. Ha señalado que es necesaria una reordenación de la zona regadíos, sin que en ningún momento se esté hablando de amnistía.

Ha denunciado que los anteriores gobiernos del PSOE-A fueron «insensibles a las reclamaciones de los agricultores» y ha defendido la convivencia armónica entre la preservación de la biodiversidad de Doñana y la actividad del hombre. Ha dicho que el PSOE tiene que decidir ahora si está con los agricultores y con la actividad agrícola en Doñana y lo ha instado a que «olvide la calculadora electoral» y abandone «posicionamientos políticos ideológicos».

Unidas Podemos lamenta el «engaño» a los agricultores

La portavoz de Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha querido trasladar a los agricultores que en la posición de su grupo sobre esta iniciativa de las tres «derechas» no hay «ninguna conspiración ni una idea predeterminada ni ganas de causarle ningún mal a nadie» por parte de «quienes defendemos a Doñana y la viabilidad futura de la provincia de Huelva».

Ha denunciado que los agricultores han sido «engañados» con esta doble iniciativa de PP y Cs y de PP y Vox porque esos partidos saben perfectamente que lo que se pone en la iniciativa «no se puede hacer y están jugando con la calculadora electoral«.

«Han puesto a los agricultores en riesgo cierto porque el problema es que no hay agua y no se puede ampliar el número de hectáreas de regadío legalizadas porque el acuífero del que dependen están sobreexplotado«, ha sentenciado.

El diputado de Vox Rafael Segovia ha criticado la «injusta campaña mediática de descrédito» de esta proposición de ley, con la que en modo alguno se pone «en riesgo» el acuífero de Doñana, ya que sólo aborda un problema de reordenación territorial. Ha lamentado que se pueda romper la unidad del Parlamento en torno a unos agricultores que requieren nuestro apoyo.

Se ha mostrado convencido de que con la aprobación de esta iniciativa se hace un acto de justicia con los agricultores, «estamos dignificando esta Cámara y apoyando a una provincia castigada por la Junta desde hace muchos años».