ERC exige en el Congreso investigar los masajes del Cervantes desvelados por THE OBJECTIVE
El texto presentado en la mesa del Congreso alude a la necesidad de transparencia en las administraciones públicas
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. | Atilano Garcia (Zuma Press)
El grupo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya ha llevado al Congreso de los diputados una serie de preguntas escritas al Gobierno en relación a la información publicada por THE OBJECTIVE con respecto al gasto de 40.000 euros en masajes del Instituto Cervantes desde 2015.
El texto presentado en la mesa del Congreso alude a la necesidad de transparencia en las administraciones públicas. «Sorprende que, ante la aparición de estas informaciones, el director Luis García Montero no haya ofrecido ningún tipo de declaración, desviando incluso la atención a la apertura de una nueva delegación en Andorra», reclaman desde la formación política.
El Instituto Cervantes es la única institución de todo el Ministerio de Asuntos Exteriores que ofrece este servicio de fisioterapia a sus empleados. En un inicio, en el año 2015, la partida estaba relacionada con el concepto «contratación de un servicio de rehabilitación para prevención de patologías osteomusculares al personal de la sede». Sin embargo, llama la atención que no sea necesario contar con prescripción médica alguna para disfrutar de los masajes.
Dos masajes al año sin prescripción médica
Este servicio consiste en dos sesiones de fisioterapia al año para cada trabajador, con independencia de si lo necesita o no por prescripción médica. El empleado es el que se encarga de concertar las citas con las clínicas que esta empresa tiene tanto en la capital como en la localidad de Alcalá de Henares.
En el año 2021, con el levantamiento de la mayor parte de las restricciones, se aprobaron los dos contratos más cuantiosos bajo un epígrafe que ya no tiene circunloquios -‘Sesiones de fisioterapia para el personal de la sede para evitar patologías osteomusculares´-.
Por un lado, uno de 4.000 euros para los trabajadores de Alcalá de Henares y por el otro, uno de 10.000 euros para los destinados en la sede central de la calle madrileña de Alcalá. Un dato sorprendente de este último contrato es que la licitación era únicamente de 7.000 euros, por lo que el pago final fue superior al previsto inicialmente.
