El juez mantiene imputada a Colau por indicios de delito en adjudicaciones a entidades afines

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tendrá que declarar ante el juez el próximo 4 de marzo tras no prosperar el recurso presentado por sus abogados para evitar que tuviera que dar explicaciones acerca de las subvenciones concedidas de forma irregular a entidades afines. La mandataria habría concedido dinero público sin las debidas condiciones a organismos como el Observatorio DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), afines a ella y a su formación.

La mandataria, que ha rechazado dimitir en repetidas ocasiones tras conocerse estos hechos (contrarios al código de conducta del partido), acudirá ante el juez para declarar por delitos de malversación y tráfico de influencias. Cuando fue imputada, Colau señaló que su objetivo era colaborar con la Justicia al no tener «nada que esconder», aunque posteriormente su defensa iniciara los trámites necesarios para evitar que la líder de la capital catalana no acudiera a los tribunales.

En una información desvelada por el diario El Mundo, el auto presentado por la defensa de la alcaldesa consideraba que las acusaciones eran «desordenadas», «sin rigor de ninguna clase» y «carente de orden cronológico y sistemático» y reiteraba que la Fiscalía ya había archivado la causa. A este reproche, el juzgado recuerda que el papel de la Fiscalía no significa que no exista un posible delito, por lo que pide que se permita trabajar al Ministerio Público.

El Código de Ética Política de Barcelona en Comú señala que tras esta querella la alcaldesa debería haber dimitido de forma inmediata. En el artículo 3.6 señala que se dará «el compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos», por las siguientes causas: «Ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».