Choque de trenes entre los socios de Gobierno: Podemos y ERC paralizan la reforma de la 'ley mordaza'
Fuentes parlamentarias adelantan el freno en la ponencia parlamentaria tras la marcha atrás del PSOE en los puntos centrales de la Ley de Seguridad Ciudadana
Freno en seco. La ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘ley mordaza’, ha entrado en fase de paralización en el Congreso de los Diputados ante las discrepancias de los socios de coalición y sus principales aliados parlamentarios. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la ponencia de la ley «ha quedado paralizada» este pasado miércoles por la tarde, día en que se reunió el órgano parlamentario durante varias horas.
En el encuentro, se escenificó el desencuentro entre los socios del Ejecutivo con la posición del PSOE que, según fuentes parlamentarias de la izquierda «ha dado marcha atrás metiendo la tijera en los aspectos fundamentales» del proyecto de Ley, como la prohibición en el uso de pelotas de goma, las grabaciones a los agentes de la Policía o las devoluciones en caliente en materia migratoria. Cambios en la norma que, por otro lado, han sido duramente criticados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, el pasado noviembre, decenas de miles de agentes salieron a las calles de Madrid para protestar contra una ley «que les resta autoridad y seguridad» y pedir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
«Sorpresa» con la «tijera» del PSOE
«Nos ha sorprendido», explican a este periódico fuentes de las formaciones de la izquierda parlamentaria ante la rectificación del partido que sustenta al Gobierno. Tanto que Podemos, ERC y Bildu explicaron a puerta cerrada en la reunión de la ponencia que paralizan el procedimiento de estudio en la ponencia, lo cual impedirá que se cumpla el plan inicial de que la llamada ‘Ley Mordaza’ llegara a pleno en el mes de abril, antes de Semana Santa, según adelantó THE OBJECTIVE.
Desde el PSOE explican que ERC, Podemos y Bildu «han dicho que se dan un tiempo para pensar» ante lo que sus socios consideran un «fiasco» respecto a lo anunciado en la anterior legislatura. Los caballos de batalla son dos: la prohibición del uso de pelotas de goma en protestas callejeras y las devoluciones en caliente que los socialistas quieren supeditar su regulación a la ley de Extranjería.
Un punto que encaja ERC hasta cierto punto, a diferencia de otras cuestiones relativas a la autoridad judicial. Tanto Podemos como ERC y Bildu quieren que el testimonio de un agente de la autoridad no tenga presunción de veracidad respecto a un ciudadano de a pie. «Es el caso de Alberto Rodríguez. No puede ser que se asuma el testimonio de un policía sin que haya una prueba documental que lo atestigüe», denuncian los republicanos. Fuentes socialistas defienden la moderación del texto que presentan a la ponencia y reprochan a sus socios la simpleza de pensar que «la policía es mala y atenta contra la ciudadanía».
Identificaciones y sanciones
No obstante, las pelotas de goma, las grabaciones o las devoluciones de extranjeros no fueron los únicos puntos de la reforma que evidenciaron la falta de consenso entre el Gobierno y sus socios de investidura. Según aseguran fuentes parlamentarias presentes en la última reunión de la Ponencia, celebrada el lunes, los partidos de izquierda tampoco llegaron a un acuerdo en los artículos 16 y 30, sobre la identificación de personas y los sujetos responsables de las infracciones, respectivamente.
Respecto a este último punto, desde EH Bildu pretenden que «estén exentos de responsabilidad por las infracciones cometidas los menores de 18 años», cuando la norma estipula que solo lo serán quienes tengan menos de 14. Por otro lado, la reforma de la ley mordaza fija, en el artículo 16, que los agentes podrán requerir la identificación de las personas cuando «en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito».
Una exigencia a la que el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) se niega en rotundo, apoyado por ERC y EH Bildu. Según manifiestan las mismas fuentes, los tres socios de la investidura «no quieren que los agentes identifiquen a extranjeros» si no hay evidencia de delito. «La obligación de exhibir el pasaporte es abusiva y superflua (…) con ello se permitiría que exija la identificación sin causa», justifica en su enmienda el partido nacionalista gallego.
De entre los puntos más polémicos, la ponencia parlamentaria solo ha acordado que las identificaciones en las instalaciones policiales no duren más de dos horas, lo que supone una rebaja de cuatro horas del máximo que establece la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015; y la regulación de los cacheos o registros policiales. Si sale adelante la modificación de la norma, los agentes solo podrán realizar cacheos cuando existan «indicios concretos y comprobables».
Distanciamiento del Gobierno y ERC
El enfrentamiento entre los socios de Gobierno de la coalición se produce en un contexto de frialdad tras la votación de la reforma laboral. De hecho, este mismo miércoles en la sesión de control del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, escenificaron su distanciamiento. A preguntas del republicano sobre la mesa de diálogo, Sánchez atizó a Rufián con un «no acepto lecciones de izquierdas y mucho menos de usted».
Previamente, el portavoz republicano volvió a apretar las tuercas con otra Sánchez advirtiéndole de la necesidad de poner sobre la mesa políticas de izquierdas y afrontar «el conflicto político con Cataluña. Quizá sólo así evite hacer las maletas en Moncloa».
La Ley mordaza es sólo una de las que el Gobierno tiene paralizadas por su enfrentamiento con ERC y el estancamiento de las negociaciones. A la lista se suman otras dos, no menos polémicas: la Ley Audiovisual, tras el sonado choque por la cuota Netflix y la negativa de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a aceptar la imposición del 6% de la producción audiovisual en catalán porque atentaba contra la normativa comunitaria; y la Ley de Memoria Democrática, ante el rechazo del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a juzgar los crímenes del franquismo con el argumentos de que las leyes penales no pueden tener efectos retroactivos.
