Anticorrupción abre una investigación por el contrato del hermano de Ayuso

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha confirmado el Ministerio Público en un decreto en el que considera «procedente» incoar diligencias que permitan «confirmar o descartar la trascendencia penal» de los hechos denunciados el viernes por PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos.

No obstante, en ese escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la Fiscalía Especializada indica que las diligencias de investigación penal no se dirigirán inicialmente contra personas físicas o jurídicas concretas y advierte que los hechos denunciados por el momento no constituyen «indicios razonablemente verosímiles» para atribuir algún delito a la presidenta madrileña, que al ser aforada solo podría ser investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Entre la documentación que analiza Anticorrupción se encuentra la información aportada por la Comunidad de Madrid sobre el contrato de emergencia adjudicado a la empresa Priviet Sportive por 1.512.500 euros para la adquisición de 250.000 mascarillas durante la primera ola de la pandemia. Una operación en la que, según denuncian los partidos de la oposición regional, supuestamente habría intermediado Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta madrileña.

En la denuncia de Más Madrid se incorporan, además, unos mensajes de texto recibidos en el teléfono de su portavoz en la Asamblea, Mónica García, en los que se alerta sobre la posible ilegalidad de esta contratación, así como artículos de prensa y varias peticiones de comparecencia ante la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid de Tomás Díaz Ayuso, del administrador único de Priviet Sportive y del Consejero de Sanidad, presentadas por este Grupo parlamentario en noviembre de 2021 y los correspondientes acuerdos al respecto de la Mesa de la Asamblea de Madrid.

El Ministerio Público considera que puede haber trascendencia penal en la conducta y por lo tanto incoa diligencias de investigación penal. A partir de ahora se abre la posibilidad de que se puedan practicar actuaciones tales como requerimientos y declaraciones. No obstante, Anticorrupción recalca que las denuncias del PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos «se limitan a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan».

Sin «indicios verosímiles» sobre Ayuso

Sobre la actuación de Isabel Díaz Ayuso, que al ser aforada solo podría ser investigada por la Fiscalía del Tribunal Supremo, Anticorrupción dice que «los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios». Sin embargo, «estas hipótesis se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo», indica el decreto firmado por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El Ministerio Público entiende que los hechos denunciados no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de responsabilidad en el mismo de la persona aforada». Unos requisitos que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.

En su denuncia, Unidas Podemos consideraba que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y consiguió una «comisión» de Priviet Sportive por el contrato de las mascarillas. El PSOE entiende que con ese contrato pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos». Por su parte, Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».

Díaz Ayuso aclaró este viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive, no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid.