Interior levanta la suspensión a los funcionarios de la cárcel de Villena por la denuncia falsa

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha readmitido a los dos funcionarios de la prisión de Villena (Alicante) a los que suspendió de empleo y sueldo hace seis meses, a raíz de una denuncia de amenazas y agresiones interpuesta por la subdirectora del centro penitenciario, según confirman fuentes de este departamento a THE OBJECTIVE. Esta acusación, no obstante, demostró ser falsa dos meses después, en noviembre, cuando tras investigar los hechos, la Guardia Civil detuvo a la propia responsable, ahora procesada por un delito de acusación y denuncia falsa y simulación de delito.

El departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz no levantó la sanción a sus dos empleados cuando las pesquisas policiales desvelaron que la subdirectora había fabricado las acusaciones contra los supuestos agresores. De hecho, según subrayaron a este periódico, el expediente sancionador iba a mantenerse hasta que «hubiese un pronunciamiento judicial acerca de lo que ocurrió el 6 de septiembre», cuando la directiva de la cárcel denunció los hechos ante la Policía.

Ahora, en cambio, fuentes de Instituciones Penitenciarias consultadas por THE OBJECTIVE señalan que la suspensión a los dos funcionarios «se ha levantado ante la previsión de que el pronunciamiento judicial se pueda prolongar en el tiempo». «Se ha estimado que debía ser así», añaden. Sin dar más explicaciones, las mismas fuentes insisten, no obstante, en que el expediente disciplinario por maltrato a un preso contra estos dos funcionarios y otro más continua abierto.

Hasta el 20 de septiembre, fecha en la que Prisiones trasladó la suspensión de empleo y sueldo a los dos trabajadores, estos últimos y un compañero más de la prisión tenían abierto un expediente disciplinario por un incidente con un interno de primer grado al que, según la prisión alicantina, le proporcionaron «varios golpes innecesarios» para reducirlo el pasado 16 de agosto. Hechos que fueron grabados por una cámara de videovigilancia de la prisión y que trascendieron a los medios de comunicación el pasado verano. Motivo por el que Instituciones Penitenciarias decidió abrir una investigación interna para tratar de esclarecer lo sucedido. De hecho, la responsable de seguridad debía declarar en la misma el 7 de septiembre. 

Hechos «incuestionables»

Lo llamativo es que desde Prisiones decidieron ampliar ese expediente contra dos de los trabajadores tras la denuncia presentada por la subdirectora de la prisión, mientras la investigación policial estaba en curso. En una resolución de Instituciones Penitenciarias, a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE, la instructora del caso afirmaba que los hechos denunciados por la directiva penitenciaria eran «incuestionables» y que «resulta patente el peligro» que los dos funcionarios suponían para el servicio público a causa de las «amenazas y agresiones» que había sufrido la directora en su propio domicilio «por varias personas, de manera sorpresiva y agresiva, con la finalidad de intimidarla y evitar su declaración en una investigación abierta sobre el incidente con un interno». 

Razón por la que, continúa el escrito, resultaba «imprescindible la suspensión cautelar» de los dos trabajadores penitenciarios «hasta que se produjese la identificación de los autores y la eventual relación, o no, de los mismos con el inculpado». Pero ni hubo encapuchados, tal cómo declaró la subdirectora, ni agresiones. Después de más dos meses de investigación, la Guardia Civil concluyó que la responsable de Seguridad del centro penitenciario no fue víctima de ninguna agresión

Los mensajes que se envío

Según denunció ante los agentes, dos de los asaltantes la sujetaron por la espalda para inmobilizarla, mientras que los otros dos «le daban con un puño» en la cara y le advertían: «Mañana calladita». La falsa víctima construyó todo un relato en el que, además de las agresiones, también hablaba de unos supuestos mensajes amenazantes que, según la investigación, se mando a sí misma desde otro terminal a su nombre. Mensajes que jamás presentó como prueba a causa de un robo en su despacho de la prisión. 

«Te vamos a joder la vida por perra» o «sabemos que tenéis imágenes, bórralas o atente a las consecuencias», son algunos de los textos que se envió durante el mes de agosto la propia funcionaria , que fue cesada de su puesto poco después de que la Guardia Civil diese cuenta de la investigación llevada a cabo. El juzgado de Instrucción número 3 de Benidorm, encargado del caso, procesó hace un mes a la subdirectora por un delito de acusación y denuncia falsa y otro de simulación de delito.