El CGPJ prepara otro varapalo al Gobierno por una ley que invade ámbitos del Poder Judicial

Nuevo choque a la vista entre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y Moncloa. El Pleno del órgano de gobierno de los jueces debate este jueves una propuesta de informe que considera que el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia incluye medidas que suponen «una intromisión en aspectos reservados a la potestad reglamentaria» del CGPJ y difumina sus funciones. El borrador del dictamen, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también advierte de que el modelo tecnológico elegido por el Ejecutivo puede resultar incompatible con el derecho a una tutela judicial efectiva y pone en duda la incorporación de la inteligencia artificial a la tramitación de los procedimientos judiciales.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 21 de octubre el anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia. Impulsada por el Ministerio de Justicia, esta norma tiene como objetivo establecer un marco jurídico que facilite y promueva la digitalización de los procesos judiciales. Pretende hacer estructurales medidas como la celebración de vistas y actos procesales telemáticos en todo el territorio del Estado. Una norma que constituye, junto a la Ley de eficiencia procesal y la Ley de eficiencia organizativa -ambas en tramitación parlamentaria-, la base legislativa del Plan Justicia 2030 que impulsa la ministra Pilar Llop para digitalizar y modernizar el servicio de la Administración de Justicia.

En el borrador de dictamen que será analizado el jueves por el Pleno del CGPJ, los vocales Victoria Cinto, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya y Rafael Mozo aplauden y dicen compartir los objetivos del anteproyecto de ley impulsado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, cuestionan la eficacia de varias de las medidas propuestas y advierten de que las «potestades y funciones» del CGPJ «aparecen difuminadas, cuando no abiertamente eludidas o preteridas» en el marco tecnológico del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

Ámbitos reservados al CGPJ

«En no pocas ocasiones se observa una intromisión en aspectos reservados a la potestad reglamentaria de este órgano», señala el borrador de dictamen que se someterá a análisis de los vocales del CGPJ este jueves. «Y en otros casos, limita el alcance y objeto de la facultad de este órgano constitucional de dictar instrucciones con carácter obligatorio a los juzgados y tribunales», añade el documento, de 213 páginas. Entre otros ejemplos, los cuatro vocales que suscriben la propuesta de informe aluden a que el anteproyecto evita hacer referencia a que el CGPJ es el único órgano con la facultad de proveer de firma electrónica a los jueces y magistrados, pese a estar establecido en la ley que desde 2011 regula del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

El anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia incluye un marco normativo para la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones. También establece la creación de un sistema digital de acceso personalizado, llamado «Carpeta Justicia», para el intercambio y consulta de expedientes y resoluciones judiciales. Además, regula la identificación por medios electrónicos y trata de facilitar la relación digital con la Administración de la Justicia a través del Punto de Acceso General y del uso de las sedes judiciales electrónicas. Todo ello, según se recoge en la Exposición de Motivos del anteproyecto, colocando como «prioridad absoluta» la protección del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Diluye al Poder Judicial en favor del Ejecutivo

Sin embargo, el borrador de dictamen que debatirá este jueves el Pleno del CGPJ alerta de que articulado del anteproyecto de ley «resulta confuso», al referirse de forma abierta al «servicio público de la Justicia», y no determina con precisión quién es el destinatario de las medidas que contiene. El borrador de dictamen recomienda referir ese concepto a la «Administración de la Justicia», que es la destinataria de las medidas dirigidas a la implantación de medios tecnológicos y al uso de la tecnología.

«Desde un notable grado de indeterminación del destinatario de la norma, se aprecia una confusión en las esferas de actuación de los Poderes del Estado concernidos, el Ejecutivo -y con él, la Administración- y el Judicial, en donde la que corresponde a este aparece diluida y disminuida en relación con la esfera de actuación de la que se quiere dotar a aquel», añade el documento. Asimismo, el borrador de dictamen aprecia una confusión de planos de actuación normativa, administrativa y procesal, «lo que no solo resta claridad a la ley proyectada, en perjuicio de la seguridad jurídica (…) sino que además entra en pugna con el principio de legalidad procesal».

En esa misma línea, señala la omisión de cualquier referencia al «Punto Neutro Judicial». Una plataforma cuya gestión corresponde al CGPJ y que sirve de medio para la solicitud y obtención de información en los procedimientos judiciales, así como para la práctica de exhortos, órdenes de embargo y comunicaciones seguras. El anteproyecto, concluye el borrador, debería regular dicho instrumento y las competencias del CGPJ sobre el mismo.

Inteligencia artificial y protección de datos

El borrador de dictamen dedica un apartado a la incorporación de modelos de inteligencia artificial a la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales y al dictado de las resoluciones judiciales. Recuerda que esos modelos han sido calificados de alto riesgo por la Comisión Europea. Por eso, ve razonable esperar a que concluya el proceso legislativo europeo en el que deberán fijarse las normas nacionales sobre esta materia.

Indica, además, que el anteproyecto de ley establece un marco normativo «poco robusto» en relación con la inteligencia artificial. «No se identifica el responsable de la autorización del uso de los sistemas de actuaciones asistidas, ni los requisitos de gestión de riesgos que deben cumplir. Tampoco se define el sistema de supervisión y control y auditoría al que específicamente deben someterse estos sistemas. Y por último, pero no menos relevante, nada se dice acerca de la posición que corresponde al CGPJ en la evaluación, supervisión y control de este tipos de sistemas que impactan directamente sobre el núcleo de la función jurisdiccional», señala.

Debido a los «riesgos severos» que el uso de técnicas de inteligencia artificial entraña para la garantía de principios fundamentales del Estado de Derecho, los vocales del CGPJ que suscriben el borrador de dictamen recomiendan al legislador «mantener una posición de precaución» y elaborar una regulación «completa y garantista». Además, señalan que el órgano de gobierno de los jueces «debe jugar un papel determinante» en esa regulación.

La propuesta de dictamen también señala que no puede apartarse al CGPJ en una materia que conlleva el tratamiento e intercambio de datos personales y que, por tanto, requiere de evaluaciones y controles que eviten un eventual desvío de la finalidad del tratamiento de la información durante los procedimientos judiciales. El Consejo General del Poder Judicial, recuerda el documento, ostenta la condición de autoridad de control en el tratamiento de datos con fines jurisdiccionales.