Transparencia admite menos de la mitad de las peticiones de información que recibe
El porcentaje de reclamaciones estimadas por el Consejo de Transparencia se desploma del 76% en 2020 al 47% del pasado año, coincidiendo con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez
Por cada petición de información que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) admite, rechaza otra. Así se desprende de las estadísticas del propio órgano sobre su actividad en 2021, cuyos datos revelan que solo la mitad de las reclamaciones que el CTBG recibió el pasado años fueron «estimadas», es decir, «que obligan a que la Administración facilite la información solicitada».
Transparencia recibió el pasado año 2.245 reclamaciones de información -cifra récord- por parte de ciudadanos particulares y resolvió 1.932. De estas, únicamente 911 -el 47,2%- fueron estimadas, ya fuera de forma total o parcial, o bien por motivos formales, de acuerdo con los datos oficiales consultados por THE OBJECTIVE.
La otra mitad de las resoluciones de Transparencia en 2021 fueron desestimatorias (414, el 21,5%) o directamente inadmitían el acceso a la información solicitada (384, el 19,9%). El resto fueron archivadas (213, el 11%) o bien suspendidas (nueve, que representan un 0,5%).
Las cifras de 2021 contrastan con las de la serie histórica y apuntan a una reducción del número de reclamaciones estimadas por parte de Transparencia. Si el pasado año fueron un 47,2% del total, en 2020 el porcentaje de peticiones admitidas a trámite ascendió al 76,3%. Antes, ese mismo dato fue del 55,38% en 2019 y de 54,63% en 2018.
La opacidad de Transparencia tras la llegada del nuevo presidente
La reducción del número de reclamaciones admitidas en 2021 coincide con el viraje opaco que emprendió el Consejo de Transparencia a finales del año anterior con el nombramiento de José Luis Rodríguez Álvarez al frente del órgano independiente a propuesta del Gobierno.
La designación de Rodríguez Álvarez como presidente del Consejo de Transparencia no solo puso fin a la situación de interinidad que existió en el ente desde la muerte en 2017 de la presidenta fundadora, Esther Arizmendi, quien se hizo cargo del órgano cuando fue creado en 2016; sino que revirtió la política aperturista de Transparencia hasta el momento de su nombramiento.
José Luis Rodríguez Álvarez revirtió la política aperturista de Transparencia al negar las declaraciones a prensa y no admitir entrevistas
La llegada de José Luis Rodríguez Álvarez supuso el fin de las declaraciones a prensa por parte del Consejo de Transparencia. El presidente, pese a las diversas peticiones que ha recibido, aún no ha ofrecido entrevistas. Una postura que, además de contravenir los principios de la ley de transparencia, contrasta con la que habían mantenido sus predecesores: los exsubdirectores Javier Amorós y Esperanza Zambrano, que tomaron las riendas del organismo desde el fallecimiento de Arizmendi.
Amorós y Zambrano llegaron a protagonizar un reportaje del diario ABC para el que ambos se fotografiaron en las oficinas del Consejo de Transparencia y hablaron abiertamente de los problemas del órgano: «Somos 22 y deberíamos ser unos 60». Ambos fueron cesados tras la llegada de Rodríguez Álvarez.