El Gobierno reconoce que la Ley de Vivienda es «controvertida», pero defiende su necesidad social

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, ha reconocido este lunes que el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda ha sido «controvertido» pero «necesario para afrontar este derecho».

«Hemos elaborado el primer proyecto de Ley, intensamente debatido (…). Seguramente no es el proyecto de Ley que todos querrían, pero sí el que hay que tener. Es el primero de la primera Ley de Vivienda general en España de la democracia», ha dicho Lucas durante su intervención en el acto «El futuro del sector inmobiliario», organizado por El País y KPMG.

Tras la aprobación del proyecto de Ley en el Consejo de Ministros del 1 de febrero, el texto se encuentra ya en el Congreso, donde «va a ser intensamente debatido por todos los grupos», como augura Lucas.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda ha defendido la necesidad de esta normativa para terminar con la especulación de los alquileres, blindar los parques públicos, evitar los desahucios de las personas vulnerables y garantizar el derecho a la vivienda, el quinto pilar del Estado del Bienestar.

«En 45 años de democracia no hemos sabido garantizar este derecho. Hemos sido capaces de solventar muchos problemas, pero este no», ha añadido Lucas, al tiempo que ha aludido a la colaboración público-privada para ofrecer soluciones y propuestas de vivienda en España.

A pesar de que en las últimas cuatro décadas «se ha invertido mucho en vivienda pública», ese desembolso ha sido «en régimen de tenencia de propiedad», con solo 290.000 viviendas en parques públicos, y con un parque público de vivienda en España que representa un 2,5% del total, muy alejado del 9,3% de media de la Unión Europea (UE), según los datos de Lucas.

Elemento tractor de la economía española

El sector inmobiliario es uno de los que mejor ha resistido a la pandemia y a la recuperación, como demuestran las cifras de 2021, que vuelven a niveles previos al coronavirus.

Lucas ha comentado que las compraventas cerraron 2021 con 565.523 operaciones, muchas más que en 2019 y 2018. Asimismo, las viviendas terminadas en el tercer trimestre del año pasado alcanzaron las 68.719, un 12,8% más que en el mismo periodo del año anterior, en tanto que la rehabilitación supera las cifras de 2019, el más alto de la serie histórica. Además, se generaron 1.285.000 empleos.

«El sector está en unas buenas condiciones para liderar su propia recuperación y ser un elemento tractor de la economía española», ha asegurado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda.

Lucas confía en que el inmobiliario y la construcción sigan impulsando el crecimiento española en las próximas décadas, gracias a los Planes Estatales de Vivienda y a los Fondos Next Generation de la UE.

La llegada de los fondos europeos «abrió una puerta» para mejorar el parque edificatorio español y, sobre todo, para su rehabilitación con criterio de «eficiencia energética», en línea con el Plan de Energía y Clima, y las estrategias del Gobierno.

Para la rehabilitación energética de los edificios se contempla una partida cercana a los 7.000 millones de euros, como ha recordado Lucas. En España hay más de 9 millones de viviendas principales que necesitan una rehabilitación y el objetivo del Ministerio es actuar en unas 300.000 viviendas al año a partir de 2030.

«Tendremos una actividad sostenida en el tiempo y sostenible y va a generar empleo a lo largo de las próximas décadas», ha recalcado Lucas.

Aumento del parque público de vivienda

El Ministerio que dirige Raquel Sánchez también se ha propuesto aumentar el parque público de vivienda para paliar el déficit existente, reducir la tensión en el mercado y facilitar el acceso a los colectivos más vulnerables.

El objetivo es poner 100.000 viviendas en alquiler, en una colaboración público-privada. Desde la Administración se espera poner a disposición de los ciudadanos 50.000 viviendas, a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Dentro de esas 50.000 viviendas se incluyen 20.000 que se construirán con 1.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

Lucas ha advertido de que esas 50.000 viviendas impulsadas desde el sector público «tardan en programarse, construirse y entregarse», por lo que la Administración ha recurrido también al sector privado.

El Ministerio tiene hasta 15.000 viviendas pactadas con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y otras 11.000 con el Fondo Social Bancario. «Vamos a intentar alcanzar acuerdos con los grandes tenedores de vivienda para poder tener rápidamente a disposición otras 30.000 viviendas para afrontar estas emergencias habitacionales», ha agregado el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda.