El Tribunal de Cuentas admite el aval del Govern para cubrir las fianzas millonarias del 'procés'
El ente contable revoca la decisión de la delegada instructora y permite que la Generalitat avale a través del Institut Català de Finances los 5,4 millones reclamados
El Fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo Santamaría, junto a la Fiscal General, Dolores Delgado.
El Tribunal de Cuentas ha admitido los avales de la Generalitat para hacer frente a la fianza de 5,4 millones impuestas a los 34 ex altos cargos del Govern por su implicación en los gastos del procés. Pese a que el órgano contable tumbó el pasado octubre esta opción, la Sección de Enjuiciamiento, dividida, ha aceptado por dos votos a uno que el Institut Català de Finances, un ente dependiente de la administración catalana, inmovilice este dinero hasta que se dicte sentencia.
Esta decisión, que revoca la adoptada en su momento por la delegada instructora, Esperanza Garcia, de no admitir dicho aval, permite a los encausados eludir el embargo de sus bienes. La resolución considera que los avales públicos son una garantía legal suficiente y que en caso de condena no impide la devolución de los fondos malversados.
Fuentes de la acción pública, que representa Societat Civil Catalana en solitario, afirman a instancias de THE OBJECTIVE que no se les ha sido comunicada dicha resolución. La Sección de Enjuiciamiento estimó los recursos de los implicados que consideraron que la delegada instructora se extralimitó al entrar a valorar el decreto ley aprobado por el Parlament que permitía vehicular los avales a través del Fondo Complementario de Riesgo del Institut Català de Finances.
Cuando se barajó la posibilidad del aval público, es cierto que entre los expertos consultados por este medio no había una opinión unánime sobre la procedencia de tumbar o no dichos avales, ya que se trata solo de dinero inmovilizado hasta que se resuelva el fondo de la cuestión y era una forma de esquivar una nueva malversación.
La decisión del tribunal permite a los encausados ganar tiempo y no ver sus bienes embargados. Después de que la Abogacía del Estado se inhibiera de pedir responsabilidad patrimonial, Societat Civil Catalan decidió en su demanda reclamar 3.303.000 millones de euros a Carles Puigdemont y otros 2.515.000 millones a Oriol Junqueras.
La demanda de la entidad constitucionalista a todos los ex altos cargos del Govern cifra en 5,3 millones de euros la cantidad malversada. Piden también 1.840.000 millones a Artur Mas y 617.ooo euros a Raül Romeva, exconsejero de Exteriores, para que «devuelvan los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat».
Por su parte, el Tribunal de Cuentas decidió unificar las dos investigaciones (una por el referéndum ilegal del 1-O y la del Diplocat) en una y se levantó los embargos de los bienes tras la aprobación de las actas de liquidación provisional. Hasta la fecha, las cantidades reclamadas suman un total de 9,5 millones de euros (4,1 por los gastos del 1-O, y 5,4 millones por los gastos destinados a la promoción del procés en el exterior).
Después de la presentación de la demanda por parte de la acción pública, el pasado 17 de febrero, se abrió un plazo de 20 días para que el Ministerio Público presente la suya.
