Moncloa cree que Feijóo quiere amortiguar el pacto con Vox con un acuerdo rápido del CGPJ
El Gobierno considera que sellará un pacto con Feijóo antes del verano, cuando toca la renovación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional
Es un deseo pero también una esperanza. Antes incluso de conocer el cambio de liderazgo en el PP, el Gobierno ya deslizaba sus buenas vibraciones al respecto de un acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial. La sustitución de Pablo Casado por el líder in pectore del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha alimentado su confianza en que este pacto llegue «antes del verano», según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE.
El Ejecutivo entiende que tras la celebración de elecciones en Castilla y León el 13 de febrero el calendario quedaba «despejado» para acercar posiciones y alumbrar la renovación sin que esto pudiera suponer un riesgo para el PP. El temor era un eventual adelanto electoral en Andalucía en abril o junio, pero tanto PP como PSOE entendieron tras el 13-F en Castilla y León que el adelanto se posponía a a octubre o incluso se descartaba manteniendo la convocatoria electoral cuando toca, el 2 de diciembre de 2022.
Las palabras de Feijóo este jueves en una entrevista en la cadena COPE confirmaron que había agua en la piscina. Su voluntad de llegar a acuerdos con el PSOE sólo puede ser entendida en el terreno en que los dos partidos mayoritarios tienen pendiente un compromiso constitucional desde hace más de tres años: la renovación de la justicia. «Ojalá», deslizaban a este periódico fuentes gubernamentales que tendrán que asumir de forma inminente la negociación.
El Gobierno entiende que los contactos podrían retomarse pronto pero no antes de la proclamación de la victoria de Feijóo en el Congreso de principios de abril en Sevilla. Y esperan que el nuevo interlocutor del negociador, Félix Bolaños, en sustitución de Teodoro García Egea, recaiga en Esteban González Pons o Cuca Gamarra, con quienes se presupone un fácil entendimiento.
La jugada: amortiguar los pactos con Vox
En Moncloa se anticipan también a una jugada que sirva al nuevo líder del PP para amortiguar el golpe de un más que probable pacto con Vox en Castilla y León. La jugada, entiende el Gobierno, es que la renovación de la justicia sirva como cortina de humo para compensar el previsible argumentario de la izquierda ante la entrada de los de Santiago Abascal en el gobierno de la Junta.
Hace una semana, tras la despedida de Pablo Casado en su ultima sesión de control, el PSOE empezó a anticipar su ofensiva contra su sucesor gallego: «La cuestión es si va a pactar con Vox o no. Y si lo hace será más de lo mismo, el PP de siempre. La misma derecha que se confunde con la extrema derecha». Es una forma de paliar una eventual subida de Feijóo en los sondeos que pudiera afectar a la intención de voto del PSOE en su flanco centrista.
Por ello, el Ejecutivo de Pedro Sánchez espera que Feijóo se mueva rápido, teniendo en cuenta que la Constitución de las Cortes en Castilla y León se producirá el próximo jueves 10 de marzo y la formación del Gobierno tiene un plazo previsto de entre quince días y dos meses. Apurando los plazos, la investidura de Alfonso Fernández Mañueco podría ser el 31 de marzo, pocos días antes de la proclamación de Feijóo en el Congreso Extraordinario del PP los días 1 y 2 de abril.
El Debate del Estado de la Nación
El Ejecutivo espera rapidez con un inicio de las conversaciones durante el mes de abril, prácticamente después de su aterrizaje en Génova. Las conversaciones podrían llegar después de que Feijóo cumpla los trámites para tomar posesión como senador en la cuota por la designación autonómica del pParlamento gallego. Y ello podría coincidir con la celebración del Debate del Estado de la Nación que Pedro Sánchez planea convocar en el mes de abril, como adelantó THE OBJECTIVE.
La duda que tienen en Moncloa es si querrá el nuevo líder del PP pisar el acelerador para desbloquear el acuerdo de la justicia antes o después de esa sesión parlamentaria y desarmar así la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya crítica manida contra el PP es que «incumple la Constitución en su obligación de renovar los órganos constitucionales».
Rosell y De Prada
Respecto al fondo de la cuestión, fuentes gubernamentales dicen que «está prácticamente todo cerrado» y sólo hay que retomar en donde se quedaron los contactos. Meses después de las negociaciones que frustraron el acuerdo antes del pasado verano, fuentes gubernamentales y socialistas aseguran que de los perfiles que habían pactado como futuros vocales entre Bolaños y Egea «ha decaído ya el de Victoria Rosell por su incompatibilidad evidente» por ser delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Otra cosa es el perfil del juez José Ricado de Prada, conocido como el juez de la Gürtel y que supone una linea roja infranqueable por parte del PP.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, De Prada no está fuera de la lista del PSOE y seguirá estando encima de la mesa en las siguientes negociaciones. Al menos, de entrada. Otro escollo es la aceptación o no de la reforma en el sistema de elección de los vocales del CGPJ. En principio, el Gobierno rechaza cambiar el sistema porque «este sistema es plenamente democrático y constitucional y aceptar cambiar el sistema supone admitir que no lo es». Dos discrepancias, nombres y sistema, que volverán a estar sobre la mesa de negociación más pronto que tarde, según las expectativas del Ejecutivo.
