Anticorrupción citará a declarar a Tomás Díaz Ayuso por el caso de las mascarillas
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante sus explicaciones sobre el contrato de las mascarillas. | Ricardo Rubio (Europa Press)
La Fiscalía Anticorrupción ha citado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para que acuda a declarar como testigo en las diligencias abiertas por el caso de las mascarillas en la primera ola de la pandemia.
Según ha adelantado la cadena Ser, Díaz Ayuso acudirá junto a Daniel Alcázar, amigo de la familia y propietario de la empresa Priviet Sportive, responsable de haber vendido estos 250.000 cubrebocas por valor de 1,5 millones de euros. La Fiscalía investigará si durante el proceso se produjo algún tipo de irregularidad, para lo que pedirá la información bancaria que pueda acreditar cuánto, cuándo y cómo se produjeron los pagos por haber mediado en este negocio.
Las dudas sobre el contrato
Además, se han solicitado las facturas relativas al proceso a la administración contratante como de la empresa adjudicataria. Según apunta el citado medio, el objetivo de estas pesquisas iniciadas por el Ministerio Público sería dilucidar por qué una empresa sin experiencia en el sector pudo entrar en la adjudicación. En THE OBJECTIVE te hemos contado en exclusiva la experiencia del hermano de la presidenta en el mercado chino, con más de 14 años de experiencia negociando en el sector y cuyas habilidades fueron utilizadas para mediar en este caso.
Sin embargo, también te hemos desvelado las dudas que existen sobre la empresa, en especial tras desvelarse por parte de este diario que ambos ocultaron bajo una empresa llamada Rialde (dedicada al comercio de material sanitario) la compañía de su Priviet, quien finalmente se llevó el contrato por el que la Isabel Díaz Ayuso ha admitido que su hermano cobró más de 280.000 euros.
Tanto Alcázar como Díaz Ayuso están obligados a acudir a declarar y en caso de negarse pueden ser detenidos. El objetivo de la Fiscalía es «llegar hasta el fondo» de este caso con el objetivo de dilucidar si abren un proceso judicial contra de ambos empresarios y en el que podría implicarse al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
