Las familias 'monolingües' de Canet se querellarán contra diputados de Vox, Cs y PP
La Asociación de Familias del centro informa de la presentación de una demanda de conciliación contra Sergio Macian de Greef, Carlos Carrizosa y Lorena Roldán
La escuela de Canet Turó del Drac se convirtió el pasado diciembre en el epicentro de la batalla lingüística después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) diera la razón a los padres de un menor de cinco años que pedían un mínimo de 25% de clases en castellano. Ahora, la Asociación de Familias del centro educativo ha lanzado una nueva ofensiva contra tres diputados de Vox, Ciudadanos y PP a raíz de las declaraciones hechas al Parlament sobre la polémica por la sentencia.
Dicha asociación ha presentado una demanda de conciliación, paso previo a una querella criminal, contra Sergio Macian de Greef, diputado de Vox en el Parlament; Carlos Carrizosa, líder de Cs en Cataluña, y Lorena Roldán, ‘número dos’ del PP en la Cámara catalana por «calumnias e injurias».
En el comunicado de la entidad sostienen que, «como representantes de las familias del centro y en defensa del honor de nuestra comunidad educativa, hemos presentado una demanda de conciliación, previa a la interposición de una querella criminal, contra lo que consideramos un delito de calumnias e injurias». Y añaden que su «actitud de confrontación» ha tenido consecuencias, como pintadas e insultos, contra la comunidad educativa. Respecto al desembarco de políticos independentistas ante la escuela para darse un baño de masas con los defensores de la inmersión no vierten una sola línea ni piden «responsabilidad».
Se sienten acosados
En el pleno al que hacen mención, Carrizosa comparó el espíritu de Ermua con la sentencia contra la inmersión lingüística. El portavoz de Ciudadanos hacía referencia a la explosión cívica de la sociedad vasca contra la violencia de ETA, pero por el entorno del nacionalismo fue interpretado como una comparación con la banda terrorista tras el atentado contra el concejal del PP Miguel Ángel Blanco.
A este respecto, la asociación de padres afirma que se «hicieron manifestaciones intolerables contra nuestra comunidad educativa, especialmente contra las familias, acusándonos de asediar y agredir a la familia que solicitó que se impartiera un 50% de las clases de nuestra escuela en lengua castellana».
«Clima de buena convivencia»
Asimismo, insisten en que en el centro hay un «clima de buena convivencia» y que siempre han rechazado «cualquier forma de señalamiento, intolerancia o falta de respeto». Por esta razón, cierran filas con el equipo docente al considerar que «ha sido objeto de criminalización por parte de algunos partidos políticos, con la voluntad de construir un relato absolutamente falso sobre la situación lingüística a las escuelas catalanas y contra el modelo lingüístico de la escuela a Cataluña».
Estos representantes adoptan parte del vocabulario del poder público catalán cuando hablan de «modelo» de la «escuela en Cataluña», como si no hubiera otros modelos alternativos como los que piden otros padres, también catalanes, organizados en asociaciones como Escuela de Todos. Esta entidad insta a que se garanticen los derechos lingüísticos de sus hijos de poder recibir una educación también en castellano.
Sin solidaridad con el menor
Otro punto en el que hacen hincapié es que se vulneró su «derecho al honor» y que las manifestaciones realizadas por estos tres diputados «han acabado comportando y fomentando una verdadera situación de asedio y señalamiento público hacia nuestra comunidad educativa»: «Incluso llegaron a aparecer pintadas amenazadoras al entorno escolar, así como insultos y descalificaciones en medios de comunicación y redes sociales».
En todo el comunicado no hay ningún gesto de solidaridad hacia el menor de cinco años o hacia su familia que recurrió a los tribunales para que se garantizaran su derechos, pese a que publicaran una carta lamentando el acoso sufrido. Para estos representantes de la escuela el único sujeto víctima de asedio ha sido la «comunidad educativa».
Este inicio de demanda, además, contrasta con la línea mantenida por los defensores de la inmersión lingüística de no judicializar un asunto educativo y de evitar que se usara políticamente. Como informó THE OBJECTIVE, el Departamento de Educación, liderado por Josep González Cambray, ha acatado la sentencia y ha delegado en el centro educativo y los padres las iniciativas para intentar frenar el 25% de castellano en las aulas.
