Directores de instituto en Cataluña piden blindarse ante una actuación «no legalmente correcta» contra el castellano
La manifestación de docentes de este martes sirvió para que algunos centros reclamaran al Govern protección ante una eventual incumplimiento de la sentencia del TSJC
Una clase de un colegio. | EP
La huelga de docentes de este martes en Cataluña contra el plan del conseller de Educació, Josep González Cambray, de iniciar antes el curso escolar ha servido para que directores de instituto cuelen una petición para blindarse ante la posibilidad de no aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que estipula que un mínimo del 25% de horas lectivas se impartan en castellano en todos los centros de la región.
La Asamblea por una Escuela Bilingüe, principal entidad que lucha por los derechos lingüísticos de todos los alumnos, ha hecho pública una de las reclamaciones de los equipos docentes de las escuelas de Barcelona y de la comarca del Maresme en la que se observa cómo dichos directores se declararan dispuestos a desobedecer la sentencia del 25% y piden garantías para proteger su puesto de trabajo.
En el punto 4 del documento afirman que «hay que concretar cuál será la responsabilidad de las direcciones en esta cuestión, y más teniendo en cuenta las posibles repercusiones profesionales que se puedan derivar de una actuación que no sea legalmente correcta». A este respecto, solicitan «esclarecer cuál será la posición política del Govern en esta cuestión y cómo nos afectará».
El texto sigue con su posicionamiento a favor de la inmersión lingüística «como único modelo de éxito posible» e insisten en la necesidad de tener cobertura legal y conocer «cómo puede afectar a los centros».
Posible malversación
Como informó este medio, el Govern se arriesga a una condena por malversación si ofrece pagar los gastos de defensa a los profesores que incumplan la ley. Aunque el propio conseller sostuvo que tendrían cobertura legal, lo cierto es que el principio de indemnidad al que tienen derecho los funcionarios no aplica a prácticas que vulneren las decisiones de la justicia.
Además, la carta que envió en su momento el titular de Educación a los directores de colegio instando a no modificar el modelo de inmersión es una prueba fáctica de un llamamiento a la desobediencia que podría acarrear consecuencias si se traduce en hechos concretos.
De momento, ningún centro ha incumplido la ley pese a algunos amagos en hacerlo. El caso más paradigmático es el de Canet de Mar que, pese a las protestas de muchos padres y del equipo docente, se ha reformulado el plan educativo para cumplir con ese mínimo de 25% que pide la sentencia de la justicia catalana.
Carta-tipo contra el castellano
Esta imposibilidad para incumplir la ley ante una última sentencia que tiene carácter general ha propiciado iniciativas de diversa índole, como la auspiciada por el entorno de ERC y JxCat de delegar la responsabilidad a los padres mediante una carta-tipo en el que sean ellos a pedir a los centros de desoír la sentencia.
No obstante, la petición formulada por escrito por estos directores de centros de la provincia de Barcelona para blindarse ante «actuaciones que no sean legalmente correctas» es un claro mensaje hacia la intención de incumplir o, como mínimo, de tener un compromiso por escrito del Govern de saber hasta dónde están dispuestos a llegar.
