Policía y CNI vigilan a los voluntarios en Ucrania que puedan «poner en peligro la seguridad del Estado»
Desde que comenzó la invasión rusa, 20.000 voluntarios de distintos de países, entre ellos decenas de españoles, han engrosado las filas ucranianas
Consecuencias de los bombardeos rusos en Kiev (Ucrania). | Europa Press
El Centro de Nacional de Inteligencia (CNI) y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, monitorizan los casos de españoles que voluntariamente se han desplazado a Ucrania para enrolarse en grupos paramilitares tanto del bando ucraniano como ruso. Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, desde el inicio de la invasión, los dos departamentos vigilan de cerca la presencia de ciudadanos en el país europeo «que puedan poner en peligro la seguridad del Estado» con su participación en el conflicto.
Las mismas fuentes no cuantifican el número de milicianos españoles que hasta el momento están desplegados en el país o las acciones que, ante esta realidad, se puedan llevar a cabo por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero aseguran que existe un control exhaustivo al respecto. El Código Penal establece penas de hasta 15 años de prisión por el delito de comprometer la neutralidad de España en guerras en las que no participa.
Desde que Rusia atacase Ucrania el pasado 24 de febrero, unos 20.000 voluntarios de medio centenar de países se han movilizado para engrosar las filas ucranianas. Todos ellos se han integrado en las denominadas legiones internacionales. Suecia, Lituania, México, Estados Unidos o Inglaterra son algunas de las nacionalidades más frecuentes en estas facciones paramilitares. En el caso de los españoles, el grupo ha ido creciendo conforme ha transcurrido el conflicto, que este jueves cumple 22 días.
Españoles en Ucrania
Una prueba de ello fueron las declaraciones del cónsul general de Ucrania en Barcelona, hace dos semanas. «Unas 50 personas, españolas y de otros países, se han interesado en participar en la Legión Extranjera a través del consulado», explicaba Vorobyov Artem. El cónsul evitaba aclarar los trámites burocráticos que se seguirían, pero insistía: «Los llamaremos y les daremos las instrucciones precisas a través de la embajada. Tendremos en cuenta la experiencia militar, pero cualquiera pueda apuntarse. Necesitamos toda la ayuda posible».
Por otro lado, han trascendido distintas noticias que aseguran la presencia de españoles en Ucrania. Entre ellos, un grupo de exmilitares gallegos, según publicada este miércoles ABC; y otro de civiles que, hace dos semanas, informaba El Confidencial, se dirigía hacia el centro de Europa en su objetivo por traspasar las fronteras polacas y llegar a Ucrania para participar en la guerra. «Vamos a Ucrania a hacer lo que sabemos hacer», sentenciaban.
15 años de prisión
La realidad, no obstante, es que cualquier ciudadano no puede enrolarse en un conflicto armado exterior sin más decisión que la suya propia, o como respuesta a un llamamiento de otro país europeo. Es más, de hacerlo, podría enfrentarse a su vuelta a acusaciones penales, según aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE. El Código Penal establece penas de entre cuatro y 15 años de prisión por comprometer la neutralidad del Estado en guerras en las que no participa.
«Será castigado en sus respectivos casos el que durante una guerra en que no intervenga España ejecutare cualquier acto que compromete la neutralidad del Estado o infringiese las disposiciones publicadas por el Gobierno para mantenerla», reza el artículo 591 del Código Penal, en el Capítulo II sobre delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado. A la hora de regular los años de condena, la norma establece la pena de prisión de ocho a quince años si es autoridad o funcionario y de cuatro a ocho, si no lo es, como el caso de algunos españoles que según han publicado diversos medios ya se habrían unido a la resistencia ucraniana.
La excepción está dos supuestos. Por un lado, que haya «una causa de justificación por parte del Gobierno». Es decir que al igual que han hecho países como Suecia o Dinamarca, haciendo una excepción en su legislación, el Ejecutivo español manifieste que no considera ilegal que sus ciudadanos puedan alistarse voluntariamente pese a que el estado no participe directamente en la guerra. Por otro, que los voluntarios españoles formasen parte del Ejército ucraniano, no de sus milicias. De esta forma estarían protegidos por la Convención de Ginebra. De lo contrario, aseguran fuentes jurídicas, «estarían comentiendo un delito».
En España ya se han registrado casos en la supuesta comisión de este delito. Fue el que se atribuyó a los ocho españoles detenidos en el marco de la Operación Danko por haberse desplazado al este de Ucrania a luchar del lado de los separatistas prorrusos, durante la crisis de Crimea, en 2014. Los tribunales, no obstante, absolvieron a los acusados por falta de pruebas.
