Una misteriosa ONG subvencionada por el Gobierno intenta colarse en el 'caso PDVSA'

La juez de la Audiencia Nacional que investiga el presunto saqueo de la petrolera estatal venezolana PDVSA, María Tardón, ha exigido 50.000 euros de fianza a una ONG que quiere personarse como acusación popular en la causa. Se trata del Centro Guernica para la Justicia Internacional, una asociación civil sin ánimo de lucro cuya filial en España se creó hace menos de un año, que ha recibido ya una subvención del Ministerio de Exteriores y que está presidida por la abogada Almudena Bernabéu, una experta en Derecho Penal Internacional. Esta asociación tiene su sede central en Estados Unidos y cuenta con oficinas en California, Londres, La Haya y Madrid.

El Centro Guernica para la Justicia Internacional ha presentado un recurso al Juzgado de Instrucción central número 3 contra la decisión de la juez del caso PDVSA de imponerles una fianza de 50.000 euros para ser parte del proceso. En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la ONG explica que «ha conformado una línea de trabajo específica sobre ‘Venezuela, derechos humanos y corrupción’ y que su objetivo es poder «participar en diferentes procedimientos e investigaciones para esclarecer las consecuencias de la corrupción» en ese país.

«Debido a nuestra naturaleza y finalidad solidaria, este centro no dispone de fondos ni de capacidad material para hacer frente a una cantidad tan elevada y desproporcionada como es la fijada en concepto de fianza para la personación de la acusación popular, por la cantidad total de cincuenta mil euros», añade el escrito. En el mismo, indica que es una asociación «de reciente creación» que «cuenta con una capacidad económica muy limitada».

Como prueba, la organización -constituida en marzo de 2021- adjunta al recurso un comprobante bancario para demostrar que dispone exclusivamente de 4.000 euros de saldo en su cuenta. Una cantidad que, según explica la propia ONG en el recurso enviado a la juez, «corresponde a una subvención de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales», dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, para desarrollar un proyecto para promover la Justicia y los Derechos Humanos en Nicaragua. «Por lo que dicha cuantía no sería de libre disposición sino que estaría supeditada a los fines de dicha subvención pública», añade en el escrito remitido al juzgado.

Caso PDVSA, tres años de instrucción

La juez del caso PDVSA investiga el presunto y millonario saqueo de la petrolera estatal venezolana por parte de varios exjerarcas chavistas residentes en España, imputados por crear una presunta trama de corrupción, blanqueo de capitales y compraventa de activos inmobiliarios a través de empresas pantalla y testaferros, así como mediante el pago de sobornos y haciendo uso de tráfico de influencias.

El procedimiento se inició como consecuencia de la querella formulada en 2017 por la propia PDVSA como parte perjudicada, y se instruye desde junio de 2019 por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Su titular, la magistrada María Tardón, decidió el pasado mes de noviembre dividir la causa en tres piezas separadas para agilizar las pesquisas y debido a la «complejidad» de las mismas. Aunque la instrucción del caso se inició hace tres años, no fue hasta el 25 de enero de 2022 cuando el Centro Guernica para la Justicia Internacional solicitó personarse como acusación popular.

En el escrito de personación, la ONG explicaba que «tiene como fines principales la defensa y promoción de los derechos humanos y la justicia». «Entre ellos se encuentran el desarrollo de estrategias jurídicas dirigidas a la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de Derecho, así como el fortalecimiento de los principios y normas del derecho internacional y de los derechos humanos». En su página web, la matriz estadounidense de esta ONG explica que fue fundada en California en 1998 y que desde entonces ha participado en varios procesos de jurisdicción internacional ante los tribunales de Estados Unidos y España, entre ellos la masacre de Jesuitas en El Salvador en 1989.

«Situación crítica» de los DDHH en Venezuela

En su recurso, el Centro Guernica para la Justicia Internacional solicita a la juez que le permita personarse sin imponer una fianza como condición, o que al menos la reduzca a una cantidad de 1.000 euros. Para ello menciona en su recurso numerosa jurisprudencia en la que se ha permitido personar a otras asociaciones sin ánimo de lucro en causas de corrupción, con fianzas inferiores a las que solicita la magistrada para este caso. Además, explica que su interés en personarse en el caso PDVSA responde a una nueva estrategia de trabajo específica sobre Venezuela y a la «situación crítica de vulneración de derechos humanos» en ese país.

«Mi representada ha establecido acuerdos de colaboración con organizaciones internacionales especializadas en la investigación y la lucha contra la gran corrupción, y ha participado en esfuerzos de documentación e investigaciones criminales sobre redes de corrupción en Venezuela ante otras jurisdicciones y en colaboración con autoridades de terceros países, por lo que dicha información y conexiones podrían ser de esencial utilidad en el presente procedimiento», explica la defensa de la ONG en el recurso interpuesto ante la juez.

«La personación de mi representada como acusación popular resulta de especial relevancia en el esfuerzo de promover la lucha por la verdad, transparencia, justicia y rendición de cuentas por la malversación, corrupción y desviación de fondos masivos que han determinado la situación crítica de vulneración de derechos humanos en la sociedad civil de Venezuela, investigación que se lleva a cabo en el presente procedimiento», concluye.