El colectivo LGTBI urge al CGPJ a acelerar su informe de la 'ley trans' por temor a que fracase
Tres entidades registrarán este martes una carta ante el poder judicial, que última un dictamen no vinculante previo a la tramitación parlamentaria
Manifestación por los derechos trans en Madrid en enero. | Jesús Hellín (Europa Press)
El colectivo LGTBI tiene prisa por que se apruebe la ley trans. Teme que se agote la legislatura y el tema quede aparcado, como ya sucedió en 2019. El anteproyecto de ley sigue varado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que debe emitir un informe que, aunque no es vinculante, supone un paso previo obligatorio a la tramitación parlamentaria. Tres entidades registrarán este martes una carta para pedir celeridad al poder judicial, que ultima su dictamen.
Hace nueve meses que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto. Lo hizo el 29 de junio, en plena semana del Orgullo LGTBI. Después de que una veintena de organizaciones, comunidades autónomas y los ministerios hicieran sus aportaciones al texto, se envió en noviembre al Ministerio de Justicia, encargado de remitirlo al CGPJ, al Consejo Fiscal y al Consejo de Estado para evaluarlo.
La ley trans, a debate en abril
El dictamen del órgano de gobierno de los jueces no es vinculante y se enmarca en su «función consultiva». Una vez que los ponentes terminen de redactar su propuesta, el texto será sometido a análisis y votación en el pleno del CGPJ, que se reúne el último jueves de cada mes de forma ordinaria. La intención inicial era que la propuesta se discutiera en la reunión de esta semana, pero fuentes del organismo han confirmado a THE OBJECTIVE que se pospone hasta abril.
Tres entidades, FELGTBI+, Fundación Triángulo y Chrysallis, presentarán este martes un escrito en la sede del CGPJ para que el órgano de los jueces concluya su labor. Solicitarán que haga público su informe cuanto antes y desbloquee así la tramitación de la ley trans, que incluye la libre determinación de género, lo que permitiría cambiar de nombre y de sexo con la voluntad como único requisito.
Una vez que el CGPJ emita su informe, el texto debe pasar por el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado. Las asociaciones sostienen que el órgano del poder judicial está dilatando demasiado el dictamen, lo que complica que pueda aprobarse en esta legislatura. Algunos miembros de estas entidades temen que se esté haciendo aposta y alertan de que el avance de «la ultraderecha» les puede dejar sin una de sus reivindicaciones históricas.
Una circunstancia que han denunciado con vehemencia ya asociaciones como la Federación Plataforma Trans. Su presidenta, Mar Cambrollé, asegura que no existe voluntad política para aprobar la nueva normativa: «La ley de Educación la aprobaron en solo dos meses». Cambrollé considera necesario apurar los plazos porque «es una cuestión de vital importancia», ya que «las agresiones han aumentado un 40%».
División en el movimiento feminista
En la misma dirección se ha pronunciado el Colectivo No Binaries, que lamenta que estas personas sigan siendo «invisibles» para el Estado. La sensación de que el Gobierno y los organismos públicos están retrasando el proceso está cada vez más generalizada entre las asociaciones afectadas. La decisión no es fácil porque ha supuesto una gran ruptura en la sociedad.
El anteproyecto soliviantó a buena parte del movimiento feminista. El texto dividió incluso a los socios de Gobierno, motivo que retrasó su aprobación en el Consejo de Ministros. El cisma acabó con la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo del Ejecutivo en julio. La socialista estaba en contra de incluir la libre elección de género. La comunidad trans la acusó de estigmatizarles mientras que el Ministerio de Igualdad afirmó que «apenas hay diferencias» entre ese borrador y la propuesta impulsada por el PSOE en 2019.
La salida de Calvo no zanjó la polémica. El feminismo sigue dividido, tal y como se demostró el 8 de marzo, cuando acudió por separado a las manifestaciones por el Día de la Mujer. Muchas dirigentes del PSOE se alejan de la llamada teoría queer al considerar que despatologizar el cambio de sexo supone una afrenta. Creen que el «borrado jurídico de la mujer» puede ser un problema y echar por tierra todos los logros del feminismo clásico.
Estas dirigentes confían en que la ley trans «no vea nunca la luz». Tienen muchas esperanzas en que el CGPJ emita un dictamen negativo y, aunque no sea vinculante, acabe por tumbarla. El Ejecutivo no estaría obligado a modificar el texto, como tampoco retocó el anteproyecto de la ley de Vivienda. Sin embargo, consideran que esta circunstancia resucitará el debate, algo de lo que no quiere ni oír hablar el colectivo LGTBI.
