El PSOE cuela una enmienda en el Congreso para garantizarle un ascenso a la fiscal Delgado
Una enmienda a la ley concursal le garantiza que adquirirá «la categoría de Fiscal de Sala del Supremo» una vez que cese como Fiscal General del Estado
El PSOE ha vuelto a utilizar una ley que se tramita en el Congreso para unos fines que nada tienen que ver con su propósito. Se trata de la Ley Concursal, que se encuentra en fase de enmiendas al articulado en las Cortes y a la que los socialistas han presentado una enmienda que pretende garantizarle un puesto de salida en la cúspide del Ministerio Público a la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, cuando esta deje el cargo.
Según el punto seis de la enmienda 603 del PSOE, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los socialistas proponen que «si el nombramiento del Fiscal General recayese sobre un miembro de la Carrera Fiscal, quedará en situación de servicios especiales y adquirirá la categoría de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo una vez se produzca su salida». El puesto de Fiscal de Sala del Tribunal Supremo es la máxima categoría a la que puede optar por méritos un miembro de la carrera fiscal.
El texto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial de las Cortes pero se encuentra en la intranet del Congreso, junto con las 607 enmiendas al articulado de la norma que debe pasar por la comisión del ramo, que es la comisión de Economía. Según fuentes parlamentarias, se trata de una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal «por la puerta de atrás», aprovechando la necesidad de su revisión.
En conversación con THE OBJECTIVE, el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, denuncia que la práctica socialista persigue «blindar la categoría profesional de Delgado como Fiscal de Sala del Supremo, es un ascenso clarísimo, en contra de lo que dice el estatuto y con el que se paga su actuación en el caso del hermano de Isabel Díaz Ayuso».
Santamaría recuerda la complicada situación que se encuentra Delgado tras las «irregularidades en el caso Stampa» y denuncia que se utilice una ley puramente económica, que traspone una directiva europea y trata de procedimientos de insolvencia y procedimientos concursares especiales para pymes y autónomos para «garantizar el puesto de la ministra número 23 de este Gobierno». «Es una clara ocupación del Gobierno en el Ministerio Público que rompe la neutralidad del Ministerio Fiscal».
Politización de la carrera fiscal
Fuentes fiscales consideran que la medida no contribuye a despolitizar la Justicia, sino todo lo contrario. «Esta enmienda busca colocar a la Fiscal General del Estado en la máxima categoría profesional de la carrera fiscal por motivos puramente políticos, sin atender a sus méritos profesionales», indica Salvador Viada, portavoz de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).
De aprobarse esta enmienda, añade Viada, el presidente del Gobierno no solo mantendría ahora la potestad de elegir «de manera libérrima» al titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), sino que además se arrogaría la potestad de influir de forma discrecional en el máximo escalafón de la más alta categoría dentro de la carrera fiscal.
«Aún hay que analizar y estudiar con mayor profundidad la propuesta, pero a priori parece que esta enmienda es una manera de satisfacer la ambición profesional de la titular de la FGE, Dolores Delgado», indica el portavoz de la APIF. «Politiza más la institución y no parece, a priori, que vaya a servir para nada a contribuir a crear un clima de mayor independencia judicial».
Evitaría presentarse a un concurso de méritos
En la actualidad solo hay una decena de fiscales de sala del Tribunal Supremo, competente para juzgar casos penales que afectan a políticos aforados, tanto del Gobierno como de la oposición. Para optar a una fiscalía de sala del Supremo hay que participar en un concurso de méritos al que, en caso de salir adelante la enmienda del PSOE, Dolores Delgado evitaría tener que presentarse. Obtendría la máxima categoría profesional de la carrera fiscal de forma automática una vez que cese como Fiscal General del Estado.