La ‘ONG del catalán’ señala a 200 profesores por usar el castellano en la universidad

La Plataforma per la Llengua, la autodenominada ‘ONG del catalán’, ha publicado su informe cuatrimestral para valorar la «discriminación lingüística» que, a su juicio, sufre el catalán en las universidades de Cataluña, la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. La entidad ha recibido «209 quejas» de situaciones que se han producido en las aulas de estas tres comunidades autónomas y que habrían beneficiado a la lengua castellana en detrimento del catalán.

El análisis realizado en base a estas denuncias refleja que «el 58% de las quejas recibidas» son por «cambios de lengua de una asignatura respeto a la lengua anunciada en el plan docente» y el «24% responden a la falta de oferta de asignaturas en catalán». También destacan que la «ausencia flagrante de asignaturas en catalán en algunos grados, y sobre todo, en másteres y posgrados, también es un motivo importante de quejas».

Esta iniciativa se enmarca en la campaña ‘La universitat, en català’ (La universidad, en catalán), impulsada por la misma entidad junto al Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), la Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya (FNEC) y el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), y que arrancó el pasado octubre con el estreno de la web que sirve para facilitar las denuncias. En aquel momento se comprometieron a informar cada cuatrimestre de la «evolución de las vulneraciones y de la situación de la lengua en las universidades catalanas, valencianas y baleares».

El SEPC es uno de los sindicatos que ha perpetrado actos de vandalismo en centros como la Universidad Autónoma de Barcelona y ha organizado actuaciones de acoso contra jóvenes universitarios constitucionalistas, como los miembros de S’ha Acabat!, el pasado 23 de febrero en la Universitat Pompeu Fabra, para que no pudieran expresar libremente sus ideas en algunas de estas universidades.

Las entidades constitucionalistas y críticas con la labor de Plataforma per la Llengua consideran que esta campaña es una prueba más del «acoso» que reciben los profesores que no se ciñen a las consignas del nacionalismo. Sobre todo porque la enseñanza universitaria nunca ha estado sujeta al modelo de inmersión lingüística, que solo concernía a la educación obligatoria.

«Casos graves» por los Erasmus

El informe también afirma que el «18% restante de quejas se deben a vulneraciones de otros derechos lingüísticos», desde ·profesores que piden a los estudiantes que hagan el trabajo en castellano porque les resulta más fácil hasta correos informativos que los centros envían a sus estudiantes «solo en castellano e inglés», pasando también por «profesores que obligan a los estudiantes a hacer las presentaciones orales en castellano». Curiosamente, el informe no analiza la situación del aranés, pese a que también es una lengua oficial de Cataluña.

Entre los «casos más graves» detallan el de una profesora de la Universitat Politécnica de Catalunya que «en un grupo de proyectos cortó, en dos ocasiones, las intervenciones en catalán de dos alumnos para exigirles que cambiaran al castellano argumentando que había dos estudiantes del programa Erasmus que no entendían el catalán (pese a que uno de ellos tampoco entendía el castellano).

De acuerdo con la denuncia, la docente dijo que, si era necesario, harían todo el curso en castellano y, en la siguiente sesión, cuando los alumnos le explicaron que tenían derecho a expresarse en catalán, ella dijo que no estaba de acuerdo y que lo consultaría con el director de los estudios. Finalmente, dejó de interrumpir las intervenciones en catalán de los estudiantes, pero continuó respondiendo en castellano, motivo por el cual muchos catalanohablantes continuaron haciendo presentaciones e interactuando con la profesora en castellano».

«Otro caso grave -prosigue el informe- es de la asignatura de traducción al catalán de la Universitat Pompeu Fabra que cedió a la presión de los estudiantes y permitió que se libraran los trabajos en castellano, en contra de lo que decía el plan docente». A juicio de la Plataforma per la Llengua, «este cambio en las condiciones de evaluación devalúa la asignatura, supone un agravio comparativo para los estudiantes catalanohablantes, que a las asignaturas de traducción al castellano sí que se deben examinar, lógicamente, en castellano, y es un acto de menosprecio para la lengua catalana».

La UAB, en el podio de quejas

El informe también lista a las universidades en función de las denuncias recibidas. La Universidad Autónoma de Barcelona ha recibido 54 quejas, mientras que la Universidad Abat Oliba solo dos. La Universidad de Valencia cuenta con un total de seis denuncias.

Desde la entidad explican que esta diferencia según centro «no es representativa de la situación lingüística de cada universidad», sino que tiene que ver con la movilización o no de activistas independentistas a la hora de fiscalizar el idioma que usa el profesor en la clase. A este respecto, la mayoría de las denuncias, hasta 195, se originan en Cataluña, mientras que la Comunidad Valencia solo 11 y las Islas Baleares se queda en tres.