Iceta admite que la Mesa de Diálogo con el Govern abordará la protección del catalán
El ministro de Cultura asume el discurso de Educación e insta a que sean los docentes quienes «decidan» en las aulas sin el mínimo que pide la Justicia
El Gobierno de la Generalitat centra sus esfuerzos en evitar aplicar el 25% de castellano en las escuelas públicas que exige la justicia. El siguiente paso será abordar esta cuestión en la Mesa de Diálogo entre gobiernos, pese a que su el objetivo inicial de estas reuniones bilaterales era resolver el «conflicto territorial». El ministro de Cultura, Miquel Iceta, ha admitido que en el siguiente encuentro se incluirá cómo «proteger» el catalán.
El indulto otorgado por el Gobierno a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición ha vuelto a situar el tema lingüístico como prioridad en la agenda del gobierno catalán. En especial, desde que la última sentencia obligue a cumplir con carácter general -en todos los centros y no solo en aquellos que han sido denunciados- este 25% de horas lectivas en castellano.
En una entrevista en Tv3, Iceta ha confirmado que el catalán formará parte de los acuerdos a los que aspiran a llegar en el marco de la negociación política: «Desde el gobierno de Cataluña se plantea, con razón, que el Gobierno de España también tiene obligaciones respecto a la promoción del catalán».
Delegar en los docentes
Posteriormente ha asimilado el discurso del Departamento de Educación de dejar en manos de los docentes cómo se organizan en los centros. Sin hablar de porcentajes: «Hemos de decir a los maestros que el catalán es lengua vehicular y el castellano también es lengua de aprendizaje, y que ellos decidan qué se debe hacer para que se dominen las dos lenguas. ¿Lo debe decidir alguien en un despacho?
El ministro también ha calificado de «magnífico» el acuerdo del PSC junto a ERC, JxCat y En Comú Podem para modificar la Ley de Política Lingüística. Una modificación que los nacionalistas promocionan como fórmula viable para esquivar la sentencia del 25% de castellano.
Como avanzó THE OBJECTIVE, el Gobierno no pedirá la ejecución de la sentencia pese a ser parte legitimada para hacerlo y en una coyuntura en la que la Generalitat agotó el periodo para cumplirla voluntariamente sin haber dado instrucciones a los centros para adaptarse a las instrucciones de la justicia.
«Protección del catalán»
En los escasos encuentros celebrados hasta ahora entre la delegación del Gobierno y la catalana no hubo acuerdo sobre la petición de «amnistía» y «referéndum» que reclaman los independentistas. No obstante, la apuesta de Sánchez por los indultos ha desactivado en gran medida la cuestión de la amnistía.
Las fuentes consultadas ven, en cambio, en la «protección de la lengua catalana» un punto de encuentro entre ambos gobiernos. La inacción del Gobierno de Pedro Sánchez de pedir la ejecución de la sentencia se ha interpretado como un gesto de buena voluntad por parte del Ejecutivo catalán para intentar sacar la inmersión de la lupa judicial.
Tanto el PSOE como Unidas Podemos se han posicionado a favor del modelo de inmersión y buscan «desmarcarse de la derecha» y los discursos sobre si el castellano está marginado de la esfera pública catalana. Desde el Gobierno siempre han sostenido que la línea roja es que la Generalitat no vulnere la legalidad. Por esta razón, han accedido a abordar el tema del catalán en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo y creen que la readaptación de la Ley de Política Lingüística, aprobada en el Parlament, puede contribuir a evitar los porcentajes.
No obstante, ni el decreto anunciado en su momento por el conseller de Educació, Josep González Cambray, ni el acuerdo alcanzado con el PSC para readaptar la ley de política lingüística da margen a modificar la situación creada por la sentencia ni a evitar su cumplimiento. Eso sí, dejan en manos de los particulares instar a la ejecución de la sentencia. Sin que ninguna institución vele por los derechos de las familias castellanohablantes.
