El Supremo investiga a Alberto Casero por varios contratos cuando era alcalde de Trujillo
El diputado popular, conocido tras su fallo en la votación de la reforma laboral, no habría seguido los procesos a la hora de establecer contrataciones y podría haber caído en un delito de malversación
El diputado popular, Alberto Casero. | Ricardo Rubio (Europa Press)
El Tribunal Supremo ha abierto una causa contra el diputado del Partido Popular Alberto Casero Ávila para investigar varios contratos de servicios que habría firmado durante su etapa como alcalde de Trujillo (Cáceres) sin ajustarse a los procedimientos administrativos legalmente establecidos.
En un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal ha indicado que los hechos atribuidos a la persona aforada podrían ser constitutivos de delito, en una valoración que considera necesariamente muy provisional por el momento procesal en que se encuentra el asunto.
El auto recoge una síntesis de la exposición razonada elevada por el Juzgado de Trujillo, que abrió diligencias previas en virtud de denuncia de la Fiscalía relativa a determinados contratos, acuerdos o convenios concertados por Casero, en su etapa como alcalde de la localidad extremeña
Malversación y prevaricación.
La decisión del Alto Tribunal tiene lugar después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de dicha localidad elevara la causa al Supremo al considerar que los hechos podrían constituir indiciariamente un delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, según recoge el auto del Supremo, entiende que hay también indicios de un delito de malversación.
Los magistrados consideran que el actual diputado del partido habría comprometiendo el pago de diversas cantidades sin comunicarlo al Ayuntamiento y sin los informes necesarios que deben seguirse en estos casos. Un ejemplo que puede encontrarse en el texto es la contratación de un psicólogo sin haber advertido al Ayuntamiento de este desembolso y sin aportar su contrato o un acuerdo por valor de 25.000 euros con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú por un servicio desconocido que no contó con la aprobación adecuada ni fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Otro ejemplo se encuentra en un supuesto acuerdo verbal por valor de 18.000 euros a la Asociación Cultural Bon Vivant. Casero no habría informado a los servicios del Ayuntamiento de esta decisión y en junio de 2018 firmaría un contrato de patrocinio con la misma asociación, comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros y a asumir otros costes, de nuevo sin seguir procedimiento alguno de contratación.
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Los magistrados han concluido que, siendo necesaria la investigación de estas actuaciones, procede asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, siendo designado instructor, conforme al turno establecido, al magistrado Andrés Palomo del Arco.
