Colectivos trans piden una reunión a Sánchez y acusan al Poder Judicial de «intoxicar»
Las entidades solicitan al presidente que no tenga en cuenta el dictamen del CGPJ porque «se fundamenta en bulos, prejuicios y una ideología conservadora»
Las activistas trans Raffaella Corrales y Mar Cambrollé en noviembre. | Isabel Infantes (Europa Press)
El dictamen sobre la ley trans «se fundamenta en bulos, prejuicios y una ideología conservadora». El borrador del informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre el anteproyecto ha irritado al movimiento trans. Dos colectivos han enviado este miércoles una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle una reunión y que no tenga en cuenta las valoraciones del documento porque intenta «intoxicar a la opinión pública».
El pleno del CGPJ debatirá el dictamen de la ‘ley trans’ el 20 de abril, con una demora de casi cuatro meses. El texto filtrado a la prensa la semana pasada considera que la futura norma puede discriminar a «mujeres no transexuales», contradice el derecho de igualdad, tiene «aspectos oscuros» y «ciertas disfunciones». A pesar de que el informe no es vinculante, sus valoraciones no han contentado ni a partidarios ni a detractores.
El compromiso de Sánchez
Dos asociaciones trans ha enviado este miércoles una carta al presidente Pedro Sánchez para solicitarle una reunión. La intención es trasladarle su «gran preocupación ante la violencia física, verbal, mediática y estigmatizares» que sufre el colectivo». La misiva está firmada por Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, y Natalia Aventín, en representación de Euforia.
La violencia hacia el colectivo ha aumentado más de un 40%, según los datos de diversos observatorios contra la homofobia. La carta, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, asegura que este incremento se produce «desde que estamos reclamando igualdad de oportunidades que salde una deuda histórica que la democracia tiene con las personas trans y que nos proteja de la violencia, tal y como recoge el acuerdo programático del Gobierno».
PSOE y Podemos, partidos que conforman la coalición, firmaron en diciembre de 2019 un pacto de 11 puntos «para conformar un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa». En el quinto punto, el de nuevos derechos y memoria democrática, se incluía una ley trans «que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las formas de discriminación».
«Queremos entregarle al presidente una carta que ya han firmado más de 100 entidades para recordarle que, ya que no es vinculante el informe, no tenga en cuenta aquellas observaciones que vienen a menoscabar derechos», afirma Cambrollé. La activista ha recordado los antecedentes del gobierno de los jueces, que «ya actuó de igual modo» en la ley de matrimonio homosexual y la ley de violencia de género, donde «dejó su impronta conservadora, machista, patriarcal y heterocexista».
«Bulos y teorías apocalípticas»
Cambrollé insta a Sánchez a que apruebe la ley con la mayor celeridad. Una petición en la que insiste la misiva. «Somos conscientes de que los avances sociales y civiles siempre han venido de la mano de gobiernos de progreso y que ninguno de ellos ha estado exento de la oposición dogmática por parte de los sectores conservadores, que han recurrido a bulos y teorías apocalípticas», insiste el documento.
El Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley hace nueve meses, el 29 de junio, en plena semana del Orgullo LGTBI. El Ministerio de Justicia lo recibió en noviembre y lo remitió al gobierno de los jueces a mediados de diciembre por el trámite de urgencia. El órgano incumplió el periodo de 15 días con el que contaba para emitir y votar el informe. Está previsto que lo haga la próxima semana.
Los ponentes el CGPJ consideran «indispensable introducir las cautelas necesarias» para que las competiciones no supongan «la discriminación de mujeres deportistas no transexuales». Lo justifica apuntando a «la diferencia de las condiciones físicas existentes». El texto también recomienda «garantizar que la modificación de la mención registral del sexo no permita eludir las obligaciones y responsabilidades frente a las víctimas de violencia de género» para «evitar situaciones fraudulentas» y dotar de más controles a los menores de edad que quieran cambiar de sexo.
Las feministas clásicas han criticado el anteproyecto desde su origen. La división llegó hasta el Gobierno y motivó la salida de la vicepresidenta Carmen Calvo en julio tras unas declaraciones que la comunidad trans tachó de estigmatizantes. Calvo preside desde septiembre la comisión de Igualdad del Congreso. Más de un centenar de asociaciones trans han pedido al PSOE que la destituya porque sus palabras públicas «siguen en la línea continuista de oposición de los derechos de las personas trans».
