Interior mantiene la suspensión a un funcionario pese a que el juez archivó la causa

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, mantiene desde hace un año la suspensión de empleo y sueldo a un funcionario del Centro Penitenciario Madrid III, en la localidad de Valdemoro, pese a que el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro decretó el pasado 22 de marzo el archivo de la última causa abierta contra el trabajador por falta de pruebas, según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Los hechos se enmarcan en la detención el pasado junio de cuatro trabajadores de la prisión de Valdemoro, acusados de introducir droga en el centro durante la pandemia y recibir dinero a cambio de ello, cuando las cárceles fueron aisladas del exterior. Entre ellos, figuraba el mencionado funcionario, A. R. P. No obstante, la investigación de la Guardia Civil se inició en la primavera de 2020 tras detectar que en la prisión madrileña seguía circulando la droga pese a que Interior había suprimido las visitas a los presos a razón del coronavirus.

Los investigadores acreditaron que durante el estado de alarma se había registrado un incremento de sustancias estupefacientes en la prisión e incluso que se intentó introducir droga a través de un dron que aterrizó en el patio del centro penitenciario. Lo que dio lugar a la sospecha de que, al estar las comunicaciones suspendidas, podían ser los funcionarios quienes introducían dichas sustancias y objetos prohibidos.

Con anterioridad a las detenciones, en enero de 2021, la Subsecretaría del Ministerio del Interior incoó un expediente contra el trabajador, A. R. P., y estableció como medida cautelar su suspensión de empleo y sueldo por «introducir objetos prohibidos a internos» del modulo en el que trabajaba y por «no haber controlado adecuadamente las llaves de algunas dependencias, permitiendo que las mismas estuvieran en poder de las presos». Entre tanto, este departamento también señalaba al funcionario como colaborador en la huida dos meses antes de dos presos, Jonatan Moñiz Alcaide y Miguel Ángel Muñiz Alcaide, dos famosos butroneros conocidos como los piojos.

Organización criminal

Este castigo no obstante se prolongó en el tiempo, una vez las pesquisas policiales, ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Navalcarnero, culminaron en la detención del funcionario y en la de otros tres compañeros, a los que el juez acusa de delitos de organización criminal, cohecho y otro contra la salud pública.

El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado contempla en su artículo 24 la prolongación de sanciones a los trabajadores durante todo el procedimiento judicial en el que estén implicados . La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada con posterioridad al mencionado reglamento, en cambio, establece un máximo de seis meses para la medida de suspensión provisional de funciones. Una norma que la defensa del acusado, A. R. P., ha referido en sus recursos contra la Administración y la Justicia para tumbar dicho castigo, pero que en ambos casos ha sido desestimada.

La Fiscalía pidió el archivo

Así las cosas, el proceso judicial siguió su curso a la espera de que se fuera concretando la responsabilidad de cada uno de los acusados. Hasta que el 16 de marzo, la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés pidió al juzgado el archivo de la causa para A. R. P., uno de cuatro funcionarios investigados. En su escrito, el Ministerio Público argumentaba que las «declaraciones testificales no permitían acreditar que A. R. P. introdujera sustancias estupefacientes en prisión». «Ninguno de ellos lo ha identificado en sede judicial (…) ni hay testigo presencial que lo haya observado realizar una transacción de droga u objetos perdidos», precisaba el fiscal.

Una semana después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valdemoro decretaba el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto al mencionado funcionario por «no haber quedado acreditado el delito investigado», tal como había solicitado la Fiscalía madrileña, única acusación personada en la causa.

Sobre su implicación en la huida de los dos presos, en diciembre de 2020, el Juzgado de Instrucción número 7 de Valdemoro también archivó en noviembre de 2021 el caso al no existir «datos objetivos» que relacionasen determinados ingresos en las cuentas del funcionario con los pagos que supuestamente le habían abonado los hermanos Muñiz, conocidos como los piojos, por colaborar en su huida.

En cualquier caso, ahora, la cuestión reside en que la última decisión judicial —la del pasado marzo— fue notificada al trabajador penitenciario hace casi un mes. Y desde entonces, sigue en la misma situación, suspendido de empleo y sueldo en la prisión de Valdemoro pese a que los dos procesos judiciales que había contra él han quedado anulados. Sobre esta circunstancia, fuentes penitenciarias consultadas por THE OBJECTIVE explican que «el asunto está siendo gestionado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIPP)», pero no aclaran cuándo ni si se revertirá o no la sanción laboral al funcionario.