El abogado que asedia a los jefes de ETA: «Aún falta el Núremberg a la izquierda 'nazi' vasca»

Miguel Ángel Rodríguez Arias (Barcelona, 1977) es el abogado que dirige el área de Derecho Penal Internacional de la asociación Dignidad y Justicia (DyJ). Es el letrado que ha dado con la fórmula jurídica que ha permitido encausar recientemente a 46 exjefes de ETA como presuntos responsables intelectuales de siete de los más sangrientos crímenes cometidos por la banda terrorista: del asesinato del exjuez del Tribunal Supremo José Francisco Querol al de Miguel Ángel Blanco o el de Gregorio Ordóñez, pasando por atentados como el de la T-4 en el aeropuerto de Barajas, el perpetrado en Santa Pola (Alicante) en 2002 que acabó con la vida de una niña de seis años, el que en 2003 mató a dos policías nacionales en Sangüesa (Navarra) o el cometido en 2008 contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya). En conversación con THE OBJECTIVE, Rodríguez revela la fórmula de su éxito y advierte de que no se puede dar carpetazo aún a la lucha contra ETA.

«Alemania sí derrotó a los nazis, pero España no ha derrotado a ETA. Hay un Núremberg pendiente contra la izquierda abertzale violenta. Desde el punto de vista policial, la Policía Nacional y la Guardia Civil han marcado la diferencia. Pero no ocurre lo mismo con otras instituciones del Estado. Policialmente la banda terrorista estaba derrotada, pero se le ha dado una salida política», indica Rodríguez Arias en entrevista con este medio. «El contraste con Alemania es que ellos sí desnazificaron el país con Núremberg. Llevaron hasta el final esa lucha, juzgaron a los jerarcas nazis, prohibieron el Partido Nazi, no se les permitió seguir adelante con otras siglas y persiguieron en el extranjero hasta el último líder nazi huido. En España tenemos pendiente enjuiciar a los exlíderes de ETA», añade.

Desde su despacho en la paradisíaca isla de La Palma, actúa como una suerte de ‘francotirador’ jurídico, analizando y redactando sin descanso querellas que pudieran reabrir otros crímenes de ETA en los que distintos exjefes de la banda podrían llegar a ser encausados por dos delitos que están contemplados en el Código Penal: el de «autoría mediata por dominio de la organización» y el de «comisión por omisión». Un trabajo que empieza a dar ahora sus frutos pero que empezó hace nueve años y que no estará acabado, según advierte, hasta que se consiga llevar a juicio a los jerarcas de lo que denomina como «la izquierda abertzale violenta».

La autoría mediata de los jefes de ETA

Formado en distintas universidades europeas de Italia y Alemania (Turín, Pavía, Milán, la Selva Negra), Miguel Ángel Rodríguez Arias es abogado y está especializado en Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos. Con cuatro galardones jurídicos en su haber (Dorado Montero, Melchor de Macanaz, García Goyena y Cesare Beccaria Award) fue el autor de las primeras investigaciones jurídicas fundamentando las desapariciones forzadas del franquismo como crímenes contra la humanidad y de las primeras investigaciones jurídicas fundamentando los crímenes de ETA como lesa humanidad y crímenes internacionales. Incluso fue recibido por el Papa Francisco por su trabajo sobre los niños robados del franquismo.

Del estudio de dos grandes juristas alemanes, Claus Roxin y Hans-Heinrich Jescheck, daría con la doble fórmula jurídica que ha permitido ahora que la Audiencia Nacional investigue a los jefes de ETA en siete causas por esas dos figuras que estaban en el Código Penal y que nadie había usado hasta ahora para intentar juzgar a los integrantes de las distintas ZUBAS (Comité de dirección de ETA): la «autoría mediata por dominio de la organización» (Organisationsherrschaft, en alemán) y la «comisión por omisión». Es decir, por haber sido los máximos responsables de la organización que asesinó a más de 850 personas durante 40 años y por haber omitido frenar atentados que ellos, al ser los dirigentes de la banda, podrían haber detenido.

«Daniel Portero, presidente de DyJ, me contactó en el año 2012 para aportar una perspectiva distinta a la lucha contra ETA desde el punto de vista de los Derechos Humanos», indica Rodríguez Arias. DyJ quería buscar líneas distintas para acabar con la impunidad de la banda terrorista y tanto la asociación presidida por Portero como el propio letrado tuvieron claro que la prioridad debía ser ir contra los exjefes de la banda. «Durante 40 años la lucha contra ETA en los tribunales se había centrado en el derecho penal nacional, se había renunciado a una de las dos grandes manifestaciones del ius puniendi, enjuiciando solo a los autores materiales de los atentados y dejando de lado el derecho penal internacional y europeo. Había muchas lagunas», recuerda.

Lesa Humanidad en el Parlamento Europeo

En octubre de 2015, consiguieron que la Audiencia Nacional procesara por primera vez por «autoría mediata por dominio de la organización» y «crímenes contra la humanidad» a cuatro jefes de ETA: Mikel Garikoitz Aspiazu, alias Txeroki; José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera; Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, Ata; y Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz y Barbas. Fue un hecho inédito. Jamás se había conseguido procesar por autoría mediata por dominio a la cúpula de la banda, y además por crímenes contra la humanidad. Una vía que DyJ llevó después hasta el Parlamento Europeo.

Con Rodríguez Arias en la dirección jurídica internacional, y con la abogada Vanesa Santiago Ramírez en la parte jurídica nacional, la asociación presidida por Daniel Portero -hijo de Luis Portero, exfiscal jefe del TSJ de Andalucía asesinado por ETA en el año 2000- se dio a la encomiable tarea de documentar con fichas, fotos, nombres e informes policiales los 379 crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA. Entregaron a la Eurocámara todas ellas en el año 2016.

Un total de 1.700 páginas y siete tomos de documentación, que consiguieron abrir esa puerta por primera vez desde que España había entrado en la UE 30 años antes, en 1986, y que permitieron que el pasado mes de noviembre el Parlamento Europeo enviase a España una misión para investigar por qué, existiendo en el Código Penal los delitos de «autoría mediata» y «comisión por omisión», casi la mitad de los crímenes de ETA permanecen impunes. «La impunidad era tan grande que no teníamos ni la cifra exacta de crímenes impunes. Son 379, y enviamos las fichas de todos ellos, con sus correspondientes 379 nombres, 379 fotos y 379 historias de vida que no han recibido justicia», indica el abogado de DyJ.

«Solicitado con la querella por la causa de lesa humanidad, la Policía Nacional había hecho un informe en el que se identificaba a todos los jefes de ETA, los miembros que habían compuesto todas las distintas ZUBAS que han existido en los 40 años de la banda. Todos ellos, uno por uno y con detalle», rememora Rodríguez Arias. Ese informe fue el primer logro para que el Parlamento Europeo enviase el pasado mes de noviembre una misión de eurodiputados a España y también para reabrir las hasta siete causas contra la cúpula de la banda terrorista que la Audiencia Nacional investiga a raíz de las recientes querellas interpuestas por DyJ.

Siete causas reabiertas

Tan solo unos días después de la visita de la misión del Parlamento Europeo, y tras quedar acreditado que existían vías para llevar a juicio a los 34 exjefes de ETA desde 1990 que siguen vivos y que nunca han sido condenados como autores intelectuales de los crímenes de la banda terrorista, DyJ interpuso la primera de las siete querellas que han sido admitidas a trámite por distintos jueces de la Audiencia Nacional en los últimos cuatro meses.

Esa querella es la que permitió reabrir el atentado con coche bomba que mató al exmagistrado Querol, su chófer y su escolta el 30 de octubre del 2000. Un crimen que estaba a punto de prescribir y que nunca ha sido resuelto. Un atentado atribuido al comando Madrid, y por el que ahora el magistrado Santiago Pedraz investiga a 11 exjefes de ETA. La rendija abierta por la vía Querol llevó a Dignidad y Justicia a presentar poco después otra querella para intentar implicar a Josu Ternera y otros tres jefes de la banda en el atentado cometido en diciembre de 2006 en la terminal-4 del Aeropuerto de Barajas, que acabó con la vida de dos personas, Diego Armando Estadio y Carlos Alonso Palate, y causó lesiones al menos a 68 personas. También fue admitida a trámite.

Gracias a otro escrito basado en el trabajo de Rodríguez Arias, el juez Alejandro Abascal también ha comenzado a investigar a otros cinco dirigentes etarras por el asesinato de Gregorio Ordóñez en 1995: Mikel Albisu (Mikel Antza), Ignacio Gracia Arregi (Iñaki de Rentería), Julián Atxurra Egurrola (Pototo), José Javier Arizkuren Ruiz (Kantauri) y Juan Luis Aguirre Lete (Isuntza). Hay además seis exjefes de ETA investigados por el atentado de 2002 en Santa Pola y ocho por el asesinato de dos policías en Sangüesa (Navarra) en 2003. Y otros nueve por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Los Jueces que instruyen esos dos casos son Manuel García Castellón y Joaquín Gadea. En total, siete querellas y 46 encausados desde diciembre por las querellas de DyJ cuyo autor es Rodríguez Arias.

Desde su remoto despacho en la isla de La Palma, este catalán de nacimiento pero palmero de corazón, continúa su labor de ‘francotirador’. Son varias más las querellas en las que trabaja para conseguir ese ansiado Núremberg contra los exjerarcas etarras. Se muestra más esperanzado que nunca en poder lograr la misión de derrotar a ETA de una vez por todas también en la esfera judicial. «En Derecho penal español hay ‘obligatoriedad’ de la acción contra todo responsable penal de un delito, ya sea autor material, mediato o complice, no sólo contra algún responsable sí y contra otros no, de forma arbitraria, como ha pasado con ETA. Y desde Dignidad y Justicia no vamos a descansar hasta lograrlo», concluye Rodríguez Arias.