Puigdemont y Junqueras denunciarán al Estado español por el espionaje a dirigentes independentistas

La herramienta de ciberespionaje utilizada infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos o leer mensajes

El expresidente de la Generalidad de Cataluña Carles Puigdemont anunció este martes, junto al líder de ERC Oriol Junqueras, que llevará ante la justicia al Estado español por los casos de espionaje de más de 60 dirigentes independentistas con el sistema de ciberespionaje Pegasus.

El caso fue desvelado este lunes por The New Yorker, que asegura que es un sistema que solo pueden comprar gobiernos.

«A nivel legal denunciaremos a varios niveles y en varios países europeos el espionaje masivo contra la sociedad civil, miembros del Gobierno, representantes políticos, abogados, periodistas, activistas y sus seres queridos», dijo Puigdemont en una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas.

La denuncia será ante un tribunal de Barcelona y también ante las autoridades judiciales de Bélgica, Suiza, Alemania, Francia y Luxemburgo, si bien no se aportaron detalles exactos sobre a qué entidad estará dirigida la querella que previsiblemente se presentará a partir de la próxima semana.

Puigdemont anunció asimismo querellas contra la empresa israelí NSO, que desarrolló el programa, y su subsidiaria luxemburguesa, y señaló que también que pedirán que se investigue al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a «todas las entidades españolas» vinculadas a este caso.

Junqueras, por su parte, anunció que llevarán el caso al Parlamento Europeo y pedirán un debate urgente sobre el tema en el siguiente pleno de la institución, que se celebrará a principios de mayo en Estrasburgo (Francia), y se ofreció a aportar la información necesaria a la comisión de investigación sobre Pegasus creada en la Eurocámara antes de que este caso saliera a la luz.

«Este uso ilegal y sin control (del ‘spyware’) ha de combatirse porque pone en peligro los derechos fundamentales de toda la ciudadanía. Es necesaria una protección más estricta a nivel internacional contra este uso abusivo de la tecnología», señaló Junqueras.

Junto a Puigdemont y Junqueras comparecieron al investigador de CitizenLab John-Scott Railton, que ha llevado a cabo la investigación, y el exrelator especial de la ONU sobre liberad de expresión David Kaye, así como los líderes de las entidades civiles ANC y Ómnium Cultural y un diputado de la CUP.

Railton explicó cómo se ha llevado a cabo, a lo largo de algo más de dos años, la investigación que ha desvelado cómo más de 60 líderes independentistas fueron objetivo de este software que toma el control del dispositivo infectado, en muchas ocasiones sin que la víctima tenga conocimiento de ello.

Esta herramienta de ciberespionaje infecta dispositivos móviles y es capaz de usarlos como micrófonos, de grabar vídeos, leer mensajes o modificar archivos almacenados.

El investigador señaló cómo, en ocasiones, el ‘spyware’ entraba en el dispositivo a través de mensajes de texto que aparentemente procedían de aerolíneas -tras comprar un vuelo- o de Hacienda o la Seguridad Social españolas, con «mensajes muy convincentes» y que en ocasiones contenían datos específicos de la víctima.

Railton apuntó a que, pese a que la investigación no ha podido determinar con seguridad quién está detrás de este espionaje, hay detalles que «apuntan a varias entidades dentro del Estado español».

Son, por ejemplo, el hecho de que las víctimas eran «de interés obvio» para España y que las fechas en las que se infectaron los dispositivos encajan con fechas clave en el «procés» independentista catalán, cuando las autoridades catalanas impulsaban un referéndum de secesión en 2017 declarado ilegal por el Tribunal Constitucional español.

Kaye, por su parte, instó a una moratoria del uso de este tipo de programas y a que la comunidad internacional aborde «cuestiones serias», como si el ‘spyware’ puede usarse en línea con la legislación internacional de derechos humanos, si existen reglas apropiadas sobre su uso, si las víctimas reciben compensación y si los Estados controlan su uso. 

El Gobierno se desvincula del espionaje a políticos independentistas pero no aclara el rol del CNI

El Ejecutivo defiende que no tiene «nada que ver» y tampoco «nada que ocultar» respecto al espionaje a más de 60 líderes independentistas catalanes mediante el sistema de ciberespionaje Pegasus, pero no ha aclarado el papel del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) amparándose en la ley de seguridad nacional.

En rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha sostenido que el Gobierno colaborará con la Justicia en el caso de que investigue estos hechos y está dispuesto a dar explicaciones parlamentarias, para lo que ha remitido a la comparecencia a petición propia de la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Rodríguez ha apuntado que el Ejecutivo no tiene «nada que ocultar», para agregar después que en un contexto de seguridad nacional «por ley» hay «asuntos que tienen que ser tratados de forma secreta», y el Gobierno se atiene a la ley «en estas cuestiones».

«Hay asuntos que porque tratan de la seguridad nacional están protegidas por ley y son materias clasificadas, asuntos secretos, sobre los cuales no puedo darles cuenta, porque me lo prohíbe la ley», ha afirmado Rodríguez ante la pregunta de si el Gobierno puede garantizar que el CNI no ha utilizado el programa Pegasus.

Fuentes del Ejecutivo apuntan que ha habido contactos con la Generalidad, aunque no entre Sánchez y el presidente, Pere Aragonès, para explicar que no tienen relación con este asunto y apuntan a que quien haya visto vulnerado algún derecho acuda a la Justicia, con la que el Gobierno colaborará.

Además, consideran en el Gobierno que las noticias sobre el espionaje no afectan a la convocatoria de la mesa de diálogo, que podría convocarse próximamente dado que hay avances.

Ante los periodistas, la portavoz del Ejecutivo ha sostenido, «para la tranquilidad» de la ciudadanía, que España es «un país democrático y de derecho» y por ello «aquí no se espía, no se intervienen conversaciones si no es al amparo de la ley», es decir a través de una «decisión judicial motivada», por lo que no aceptan que se ponga en cuestión la calidad democrática.

El Gobierno ha argumentado que la información publicada por The New Yorker sobre que el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, los expresidentes Quim Torra y Artur Mas y el entorno de Carles Puigdemont fueron víctimas, junto a más de 60 líderes independentistas, del sistema de ciberespionaje Pegasus en 2020 «no es nueva» y ha habido «procedimientos judiciales abiertos».

Fuente: EFE