Borràs pide la dimisión de Sánchez, Marlaska y Robles por el presunto espionaje de Pegasus
La presidenta del Parlament asegura que el independentismo no puede tener «una relación normalizada» con quien les «espía»
La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha pedido este miércoles la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Interior y Defensa, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles, respectivamente, tras el presunto caso de espionaje político a independentistas.
«Tiene que dimitir como presidente del Gobierno que permite esta guerra sucia estructural«, ha afirmado Borràs en declaraciones a Catalunya Ràdio.
Según The New Yorker, al menos 60 líderes independentistas fueron víctimas del sistema de ciberespionaje Pegasus, que solo se puede vender a gobiernos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y los expresidentes Artur Mas y Quim Torra y el entorno del expresident Carles Puigdemont, así como la propia Borràs.
Según relatan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, el Ejecutivo autorizó un seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los líderes independentistas fugados del 1-O «con arreglo a derecho».
La presidenta de la cámara ha señalado que el independentismo no puede tener «una relación normalizada» con quien les «espía», por lo que ha indicado que tiene que haber «consecuencias políticas» más allá de «congelar relaciones».
Para Borràs, la mesa de diálogo «nació muerta» y ahora «está enterrada» porque no ha habido «diálogo efectivo» ni «voluntad de diálogo»: «Las mesas no son un acto de fe», ha dicho.
También ha planteado acciones legales conjuntas desde el Parlament tras el caso de espionaje, ya que más de «25 diputados de diferentes legislaturas han sido espiados».
Igualmente se llevarán a cabo otras acciones «que pasen por el pleno» y se pueda debatir al respecto, así como poner mecanismos «que permitan ver el nivel de los dispositivos» y «jornadas específicas» de formación.
«Ninguna de estas acciones puede quedar impune», ha dicho Borràs, que ha avanzado que individualmente también emprenderá «la batalla legal» para que el caso tenga, al menos, «consecuencias reputacionales» para el Estado.