Pedro Sánchez ordenó al CNI en 2018 espiar a los líderes independentistas fugados
El Gobierno niega un espionaje indiscriminado «como en tiempos de Fernández Díaz», pero admite actuaciones «con arreglo a derecho»
En público, el Gobierno es críptico. Niega estar detrás del espionaje masivo a través del sistema Pegasus que, según The New Yorker, investigó a 63 líderes independentistas entre 2017 y 2020, entre quienes se encontraban el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, así como su predecesor, Carles Puigdemont, y también sus abogados y colaboradores. Pero en privado se puede hallar la explicación sobre la base de una línea divisoria: la que separa el espionaje indiscriminado por motivos políticos de un seguimiento puntual con autorización judicial y por motivos de seguridad del Estado.
Según relatan fuentes gubernamentales a THE OBJECTIVE, el Ejecutivo autorizó un seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a los líderes independentistas fugados del 1-O «con arreglo a derecho». Es decir, que bajo autorización judicial, los servicios de inteligencia españoles, dependientes del Ministerio de Defensa, establecieron una vigilancia policial a los exdirigentes independentistas residentes en el extranjero por motivos de seguridad nacional.
El Gobierno justifica este ‘rastreo’ con el argumento de la necesaria actuación del Estado para «prevenir un nuevo ataque al Estado del Derecho» como el perpetrado 1 de octubre de 2017, que derivó en la condena del Tribunal Supremo a 12 exdirigentes catalanes por delitos de sedición y malversación de fondos públicos.
Es precisamente ese año el que, según The New Yorker, se iniciaron los espionajes contra los mandatarios independentistas y sus afines. La explicación que da el Ejecutivo a este periódico es sencilla: las órdenes se dieron por otro Gobierno, el de Mariano Rajoy, con el que la administración gobernada por Pedro Sánchez marca distancias de forma radical. «Nosotros acabamos con el espionaje indiscriminado de Jorge Fernández Díaz», explican fuentes gubernamentales en relación a la actuación del exministro del Interior de Rajoy, procesado en el marco de la operación Kitchen.
Fin a la etapa de Fernández Díaz
«Quisimos acabar con esa etapa de espionaje político. Desde entonces todo se hace con arreglo a derecho», desvelan a este periódico fuentes de máxima solvencia. La línea temporal que separó un escenario de otro es junio de 2018, con la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa tras prosperar la moción de censura contra Rajoy. Y por ello, según explican, el listado del espionaje masivo del programa israelí Pegasus abarca un periodo que contempla ambos mandatos: desde 2017 hasta 2020.
Así se explica también que el Gobierno niegue abiertamente el espionaje político a sus contrincantes: «Aquí no se espía, no se intervienen conversaciones ni informaciones si no es al amparo de la ley y el derecho», aseveró tajantemente la portavoz del Gobierno tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, no negó una actuación directa del CNI porque «hay asuntos que, porque tratan de la Seguridad Nacional, están protegidos por ley y son materias clasificadas, son asuntos secretos sobre los cuales no puedo dar cuenta porque me lo prohíbe la ley».
Conversaciones con la Generalitat
El Ejecutivo sostiene que «el Gobierno no está detrás de esto, no tenemos absolutamente nada que ver» ni tampoco «nada que ocultar, absolutamente nada» y por ello comparecerá la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados. La convocatoria, a petición propia, está prevista para dar cuentas de la Brújula Estratégica en el terreno de la Defensa, pero se aprovechará para dar respuesta a las peticiones de los grupos parlamentarios. El Gobierno descarta una comparecencia expresa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre este asunto.
En Moncloa no destilan inquietud al respecto. Fuentes del Ejecutivo informan que no ha habido conversaciones al máximo nivel entre Pedro Sánchez y Pere Aragonés, pero sí se han establecido canales de comunicación en los segundos escalones del Ejecutivo a través de los cuales se ha calmado a la Generalitat sobre las informaciones publicadas.
También se les ha trasladado «disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos si es que se interpone una demanda judicial». Un mensaje al que también quiso poner voz la portavoz gubernamental, Isabel Rodríguez, al término del Consejo de Ministros: el Gobierno colaborará al máximo en las investigaciones sobre estos hechos «si es que los tribunales nos requieren para ello».
Pero el Ejecutivo lo deja claro: «España es un Estado democrático y de derecho pleno y por lo tanto cualquier limitación de los derechos fundamentales requiere de decisión judicial motivada. El Gobierno no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país. España es un Estado democrático donde se respetan escrupulosamente los derechos y libertades individuales».
La mesa de diálogo
En el plano político, el Ejecutivo confía en que la publicación de estas informaciones no afecte al deshielo que se había iniciado entre el Gobierno español y el catalán en el marco de la agenda del reencuentro y permita seguir trabajando en la «desjudicializacion y la superación del conflicto en Cataluña». De hecho, está aún pendiente por conocer la fecha de celebración de la mesa de diálogo que Moncloa retrasa desde hace meses por considerar que «no es prioritaria» en la actual coyuntura política y económica.
En el palacio de La Moncloa confían en que esto no sirva para congelar la cita porque «se está avanzando» en fijar los contenidos para la reunión. Incluso algunas fuentes esperan que este ‘incidente’ pueda ser incluso «motivo de distensión»; es decir, que sirva para recuperar los cauces de diálogo y darle un impulso a las reuniones preparatorias de la cita entre ambas administraciones, según dicen los conocedores del tenor de las conversaciones que se han producido en privado en las últimas horas.
