La UE avala que se juzgue a ETA por crímenes de lesa humanidad con el rechazo del PSOE

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha tumbado una enmienda con la que el PSOE intentaba eliminar una de las recomendaciones claves del proyecto de informe que la Eurocámara votará este jueves sobre los 379 crímenes de ETA sin resolver: la de que se agoten todas las posibilidades interpretativas del Derecho Penal español a fin de que los asesinatos de la banda terrorista puedan ser juzgados como crímenes contra la humanidad, incluso los cometidos antes del año 2004. No fue hasta ese año cuando España incorporó el delito de lesa humanidad al Código Penal. En el proyecto de informe que la Comisión de Peticiones someterá a votación mañana, la Eurocámara recomienda que se agote la vía de la lesa humanidad, conforme al Derecho internacional, para evitar que los crímenes de ETA anteriores a 2004 prescriban y queden impunes. Sin embargo, el PSOE se había opuesto y había introducido una enmienda para intentar suprimir este punto.

La mencionada enmienda del PSOE ha sido rechazada en la Comisión de Peticiones con 21 votos en contra, 12 a favor y ninguna abstención, según han informado a THE OBJECTIVE fuentes del Parlamento Europeo. La Comisión de Peticiones ha votado este miércoles un total de 16 enmiendas al proyecto de informe redactado por la delegación europea que visitó Madrid y Vitoria el pasado noviembre para reunirse con víctimas, autoridades y fuerzas de seguridad del Estado. Quince de esas 16 enmiendas habían sido introducidas por la eurodiputada socialista Cristina Maestre. De ellas, han sido rechazadas trece.

Entre las enmiendas de los socialdemócratas europeos se pedía la eliminación completa de la recomendación de agotar las vías para juzgar por lesa humanidad los crímenes de ETA, pero la enmienda ha sido rechazada. En el proyecto de informe definitivo elaborado por la misión de eurodiputados que visitó España, cuya votación final se realizará este jueves y que ha sido publicado en la web del Parlamento Europeo, se cifra en 379 los crímenes de ETA sin resolver y se avala la utilización de la figura de la «autoría mediata por dominio de la organización» -contemplada en el artículo 28 de Código Penal español- «para así poder enjuiciar como autores intelectuales e instigadores de la orden a los líderes de la cúpula de ETA en el momento de la comisión de los atentados no resueltos».

Además, el proyecto incluye en su recomendación número 9 la de que «las autoridades competentes agoten las posibilidades interpretativas del Derecho Penal, incluido el posible reconocimiento de los crímenes terroristas de ETA
como crímenes contra la humanidad, incluso antes de 2004, por lo que se considera que no están sujetos a prescripción ni amnistía». «Recordar que ya se han presentado varias iniciativas de modificación del Código Penal para que el principio de legalidad se interprete de acuerdo con el Derecho internacional», añade el documento.

Lesa Humanidad y beneficios penitenciarios

De las 15 enmiendas presentadas por la eurodiputada socialdemócrata Cristina Maestre, un total de trece han sido rechazadas. Al margen de la referente a suprimir la recomendación de la lesa humanidad, otra de las más polémicas -y que también ha sido rechazada- tiene que ver con los beneficios penitenciarios a los presos etarras. El proyecto de informe de la Eurocámara, como ya adelantó THE OBJECTIVE, insta a las instituciones competentes españolas «a que garanticen que los beneficios y el trato penitenciarios que se puedan otorgar a los condenados por terrorismo (…) vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento, como muestra añadida de su verdadero arrepentimiento». Los socialistas querían que se eliminara.

En otra enmienda del PSOE en referencia a los beneficios penitenciarios que ha sido rechazada por la Eurocámara, la eurodiputada socialista Maestre pedía cambiar la redacción del informe por el siguiente texto: «Sugerir al poder legislativo en España a modificar la legislación para que, dentro del marco constitucional español, los condenados por terrorismo tengan que colaborar en la resolución de todos los atentados que tengan conocimiento para acceder a determinados beneficios o recompensas penitenciarias». De un lado, esta enmienda haría obligatoria la colaboración de los etarras condenados en el esclarecimiento de los atentados, pero eliminaría el concepto del «arrepentimiento» para poder acceder a beneficios penitenciarios.

La única enmienda que no había sido presentada por los socialistas lleva la firma de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, del grupo liberal Renew. Propone «instar a la Audiencia Nacional a que informe sobre la situación procesal del procedimiento judicial seguido contra los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Mikel Carrera Sarobe (Ata) y Ángel Iriondo Yarza (Gurbitz), por la posible comisión de un delito de lesa humanidad del artículo 607 del Código Penal» en un procedimiento penal iniciado en 2013 y cuya instrucción se concluyó en abril de 2018. Esta enmienda ha sido aprobada con 21 votos a favor, 11 en contra y una abstención.

Visita del Parlamento Europeo a España

El letrado español Miguel Ángel Rodríguez Arias, abogado de la asociación Dignidad y Justicia, fue quien presentó en 2016 la petición en el Parlamento Europeo que provocó el viaje a España de los eurodiputados Agnès Evren (EPP), Alex Agius Saliba (S&D), Vlad Gheorghe (Renew), Kosma Złotowski (ECR), Dolors Montserrat (EPP), Cristina Maestre (S&D), Maite Pagazaurtundúa (Renew) y Jorge Buxadé (ECR) el pasado noviembre.

Es el letrado que ha dado con la fórmula jurídica que ha permitido encausar recientemente a varios exjefes de ETA como presuntos responsables intelectuales -por delito de autoría mediata por dominio de la organización- en siete de los más sangrientos crímenes cometidos por la banda terrorista: del asesinato del exjuez del Tribunal Supremo José Francisco Querol al de Miguel Ángel Blanco o el de Gregorio Ordóñez, pasando por atentados como el de la T-4 en el aeropuerto de Barajas, el perpetrado en Santa Pola (Alicante) en 2002 que acabó con la vida de una niña de seis años, el que en 2003 mató a dos policías nacionales en Sangüesa (Navarra) o el cometido en 2008 contra la comisaría de la Ertzaintza en Ondarroa (Vizcaya).