El PSOE falsea la versión de un juez para avalar su rechazo a juzgar a ETA por lesa humanidad
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo avala esta vía a pesar de que los socialistas pretendían suprimirla con una enmienda que fue rechazada
La eurodiputada Cristina Maestre, del PSOE, durante su intervención. | The Objective
Los expertos jurídicos como parapeto. La eurodiputada del PSOE Cristina Maestre falseó este miércoles el testimonio de un juez para justificar su intento de vetar que los crímenes de ETA puedan ser juzgados por lesa humanidad. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo avaló hacerlo por esta vía a pesar de que los socialistas pretendían suprimir ese punto con una enmienda que fue rechazada. El informe definitivo se vota este jueves en la Eurocámara.
Para avalar su versión, Maestre hizo referencia «a lo que nos han trasladado los magistrados de la Audiencia Nacional y el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, el señor Gómez Herrero, y que consta en este informe explícitamente». La eurodiputada socialista explicó que, según expresó este juez a la delegación europea que realizó el informe sobre los 379 crímenes sin resolver de la banda terrorista, «ETA no puede ser juzgada por crímenes de lesa humanidad en relación con los delitos cometidos después de 2004 porque confronta con el marco legislativo nacional».
El parapeto del PSOE
Una aseveración diametralmente opuesta a lo que esgrimió ante los enviados del Parlamento Europeo el magistrado, que en realidad se llama Juan Pablo González González-Herrero. En la página 11 del informe elaborado por la delegación se especifica que el actual presidente de la Audiencia Provincial de Madrid «tuvo una implicación esencial» para que los atentados cometidos por la organización a partir del 1 de octubre de 2004 «se pudieran considerar como crímenes de humanidad». Así lo incluyó en diversos autos de 2015, cuando era juez en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
En la reunión con los eurodiputados europeos, que tuvo lugar el pasado 4 de noviembre, el magistrado también abordó la cuestión de la autoría mediata por dominio de la organización (artículo 28 del Código Penal) como vía para poder enjuiciar a la cúpula de ETA. Precisó que esta todavía no había sido aplicada a los máximos dirigentes etarras. Según González-Herrero, los exjefes de la banda se aprovechaban de su estructura jerárquica y eran conscientes de que sus órdenes e instrucciones «serían ejecutadas sin posibilidad de discusión por los autores materiales, que se limitaban a cumplir las órdenes recibidas».
La enmienda con la que los socialistas querían eliminar la lesa humanidad del informe, y que aprobará la Eurocámara este jueves, fue rechazada por 21 votos en contra frente a 12 a favor. No es la única que debatía la Comisión de Peticiones. Los representantes europeos han valorado un total de 16 modificaciones al informe redactado por la delegación europea que visitó Madrid y Vitoria en noviembre para conocer por qué 379 crímenes de ETA, el 44%, están sin resolver. La inmensa mayoría de estas enmiendas, un total de 15, fueron presentadas por la eurodiputada socialista Cristina Maestre.
Las conclusiones del informe, que consta de 40 páginas, eran claras. El documento, realizado tras las reuniones que los enviados especiales europeos mantuvieron con víctimas, autoridades y fuerzas de seguridad del Estado, recomienda agotar todas las vías existentes en la legislación española para considerar los crímenes de ETA como delitos de lesa humanidad, incluidos aquellos que se perpetraron antes de 2004, para evitar que prescriban y queden impunes. No fue hasta ese año cuando España incorporó el delito de lesa humanidad al Código Penal.
Beneficios a los presos etarras
Entre las 15 enmiendas presentas por Cristina Maestre había una que hace referencia a los beneficios penitenciarios de los presos etarras. La eurodiputada socialista pretendía cambiar la redacción del borrador del informe, que reclamaba que los beneficios penitenciarios «vayan ligados a su colaboración en el esclarecimiento de todos aquellos atentados de los que tengan conocimiento». Gracias al apoyo de Ciudadanos, la enmienda del PSOE quedará matizada y limitada a «sugerir» al poder legislativo español que, «mediante modificación legal», los condenados por terrorismo tengan que colaborar en la resolución de atentados para acceder a beneficios.
La única enmienda que no han presentado los socialistas lleva la firma de la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, del grupo liberal Renew. El texto, que ha sido aprobado, propone «instar a la Audiencia Nacional a que informe sobre la situación procesal de los dirigentes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina (Txeroki), Mikel Carrera Sarobe (Ata) y Ángel Iriondo Yarza (Gurbitz), por la posible comisión de un delito de lesa humanidad» en un procedimiento penal iniciado en 2013 y cuya instrucción se concluyó en abril de 2018.
Pagazaurtundúa, hermana de un policía local asesinado por ETA en 2003, sostiene que el texto elaborado por los miembros de la misión a España «es preciso, contundente, histórico» y lamenta que los socialistas hayan presentado ciertas enmiendas que acaban con el consenso del informe: «Hemos votado las enmiendas y cada cual se ha retratado», ha manifestado a THE OBJECTIVE.
Dolors Montserrat, eurodiputada del PP, afirma que «cuesta entender la postura de los socialistas españoles presentando este tipo de enmiendas». En su opinión, el rechazo de la comisión de Peticiones supone «una gran noticia». Además, reconoce que los representantes de la Eurocámara han enviado «un mensaje contundente, claro y firme de apoyo a las víctimas del terrorismo. Nada de complacencias con los terroristas».
La petición de Dignidad y Justicia
La misión especial del Parlamento Europeo se realizó a instancias de la Asociación Dignidad y Justicia, presidida por Daniel Portero, parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid e hijo de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía asesinado por ETA en 2000. La petición la presentó en 2016 el letrado Miguel Ángel Rodríguez Arias.
La delegación europea visitó España desde el 3 al 5 de noviembre y estuvo conformada por los eurodiputados Agnès Evren (PPE), Alex Agius Saliba (S&D), Vlad Gheorghe (Renew) y Kosma Złotowski (ECR). También acudieron varios representantes españoles, como Dolors Montserrat (PP), Cristina Maestre (PSOE), Maite Pagazaurtundúa (Ciudadanos) y Jorge Buxadé (Vox).
