Los vetos cruzados entre partidos impiden que se hable del CNI en el Congreso
El Gobierno no quiere a Vox dentro de la Comisión de Secretos Oficiales, mientras que el PP veta a ERC y Bildu
Paz Esteban, directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). | EP
La Comisión de Secretos Oficiales, la única instancia en la que se pueden debatir asuntos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de espionaje como el supuesto uso del programa israelí Pegasus contra nacionalistas catalanes y vascos, lleva tres años sin celebrar reuniones en el Congreso de los Diputados. Todo por culpa de los vetos cruzados desde el inicio de la legislatura entre los grupos políticos.
Dicho órgano parlamentario se llama oficialmente Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados. Sus miembros se eligen en el pleno de la Cámara baja por mayoría cualificada. Es decir, se necesitan 210 votos, los mismos que para renovar el CGPJ, así que se requiere de un acuerdo transversal que a día de hoy sigue siendo una quimera.
Históricamente, los miembros de la comisión de Secretos Oficiales han sido los portavoces de los grupos parlamentarios, quienes tienen obligación de guardar secreto de lo que se delibera dentro. Siempre se han reunido a puerta cerrada. El ‘problema’ de las últimas dos legislaturas -la breve de 2019 y la actual- ha sido la entrada de Vox en el Parlamento o que Bildu haya conseguido formar grupo propio.
Una parte del hemiciclo no quiere al partido de Santiago Abascal en dicha comisión. Y la otra veta la posibilidad de ver a Gabriel Rufián (ERC) o Mertxe Aizpurua (Bildu) en este tipo de reuniones, en las que se analiza información secreta que afecta a la seguridad del Estado. La consecuencia de todo ello es que la propia directora del CNI, Paz Esteban, queda libre de someterse a este control parlamentario. Y si los grupos quisieran obtener información reservada del Gobierno, no hay lugar dónde hacerlo.
Comparecencia de la directora del CNI
De hecho, Vox reclamó en noviembre de 2020 la comparecencia de la directora de los servicios secretos para dar cuenta de las medidas contra las noticias falsas y la Mesa del Congreso lo impidió –con los votos de PSOE, Podemos y PP– con el argumento de que la responsable del CNI solo puede comparecer en la Comisión… que no se ha creado.
En la última legislatura de Mariano Rajoy empezó a haber problemas con la Comisión de Secretos Oficiales cuando el PP vetó la presencia del entonces portavoz de ERC, Joan Tardá. Aun así, la Comisión se constituyó y celebró reuniones hasta el 3 de marzo de 2019. Desde entonces, no ha habido avances y cualquier pregunta sobre fondos reservados queda en el limbo.
Una prueba de ello fue el intento del PP hace un año por saber si el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, utilizó fondos reservados en su polémico viaje a Canarias de unos meses antes. La formación que entonces dirigía Pablo Casado registró una batería de preguntas sobre la polémica estancia de Ábalos en el hotel Palacio de Isora de Tenerife, en la que se pedían una serie de aclaraciones al Ejecutivo por la utilización de dinero en efectivo en este desplazamiento.
En realidad, se trataba de la segunda ronda de preguntas sobre este asunto, pues en febrero el PP ya inquirió a Ábalos sobre cómo pagó los gastos de champán y masaje en ese mismo viaje con una importante suma de dinero en efectivo, que fuentes consultadas por este diario elevaron a 1.800 euros.
La pregunta de Ábalos queda enterrada
De las preguntas de marzo, la más delicada era el supuesto uso de fondos reservados por parte de la delegación que acompañó al ministro de Transportes. El PP entendía que la factura de los extras se había abonado con cargo a esta partida reservada cuando el departamento de Ábalos alegó que ese efectivo no era suyo.
La Mesa admitió las preguntas dirigidas al Gobierno con una excepción, la número 8, relativa al pretendido uso de los fondos reservados. El órgano de la Cámara baja subrayó en un escrito dirigido a los diputados del PP autores de las preguntas, Ana Vázquez y Andrés Lorite, que este tipo de información solicitada «tendrá la calificación de secreto».
Esa decisión implicó que la pregunta no sería respondida por escrito por el Gobierno, sino a través de la citada Comisión de Secretos Oficiales, pero como no se ha constituido a lo largo de la actual legislatura, la misma quedó enterrada a efectos parlamentarios.
