El jefe de Anticorrupción asume las pesquisas que salpican a familiares de Sánchez y Calviño
La investigación sobre las otras cinco compañías sospechosas correrá a cargo de Luis Pastor, un fiscal de amplia trayectoria que trabajó para gobiernos del PP
Pedro Sánchez y Nadia Calviño | Europa Press
El jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha decidido asumir personalmente las diligencias contra dos de las siete empresas investigadas por presuntas irregularidades en los contratos adjudicados por el Gobierno durante la pandemia. Luzón se reserva, precisamente, las pesquisas sobre las sociedades que el PP de Madrid vincula a los padres del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al marido de la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. La investigación sobre las otras cinco compañías sospechosas de haber recibido contratos covid de forma fraudulenta correrá a cargo de Luis Pastor Motta, un fiscal de amplia trayectoria que trabajó como asesor jurídico y cargo de libre designación en distintos gobiernos del PP.
En el decreto de apertura de diligencias de investigación, firmado por el propio jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Luzón detalla que se asumirá las riendas de las pesquisas referidas con los «contratos sin relación con el covid-19». En concreto, los que afectan la empresa Páginas Amarillas Soluciones Digitales S.A, actualmente denominada Beedigital, la firma en la que trabaja como Director General de Marketing Ignacio Manrique de Lara, marido de Calviño. El jefe de Anticorrupción también se hará cargo de las pesquisas en relación a la compañía Industrias Plásticas Playbol S.L, a la que el Partido Popular vincula con los padres de Pedro Sánchez.
En su denuncia del pasado 10 de marzo, el PP pedía investigar un posible «conflicto de intereses» por un contrato de 532.400 euros adjudicado a Beedigital por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el 21 de octubre del año 2019 a pesar de que en ese momento la compañía en la que trabaja el marido de Nadia Calviño tenía deudas por un importe de 1,6 millones de euros con el Estado. El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público establece la «prohibición de contratar a la administración con empresas que no se hallan al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias». A pesar de ello, el Ministerio dirigido por José Luis Escrivá le renovó ese contrató en 2020. Para entonces, la empresa vinculada al marido de Calviño aún adeudaba 884.000 euros a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social.
La empresa de los padres de Pedro Sánchez
En cuanto a la empresa que el PP vincula con los padres de Pedro Sánchez, Luzón investigará las ayudas recibidas entre febrero de 2020 y mayo de 2021 por la empresa Industrias Plásticas Playbol SL. En ese periodo recibió 14 ayudas por importe de 896.000 euros, en concepto de refianzamiento o avales por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento SME S.A. y del Instituto de Crédito Oficial (ICO). «Lo que representa una ayuda equivalente a 64.959,82 euros», según la denuncia del PP..
El PP pedía incoar diligencias respecto de esa empresa «en relación con la existencia de posibles casos que pudieran calificarse como de tráfico de influencias». Esa empresa gestiona una fábrica de envases y embalajes de plástico en un polígono industrial de Algete (Madrid). Las naves donde realiza su actividad son propiedad de la sociedad Playbol S.L., fundada por los padres de Pedro Sánchez en 1977. Los progenitores del presidente del Gobierno siguen siendo los administradores y apoderados de esta última sociedad.
«La empresa Playbol S.L., propiedad de los padres del Presidente del Gobierno, es la propietaria de las naves en las que se ubican las instalaciones en las que la otra empresa, Industrias Plásticas Playbol SL, realiza sus actividades. Es decir, la empresa beneficiaria de las ayudas es arrendataria de la empresa propiedad de los padres de D. Pedro Sánchez Castejón», indica el escrito interpuesto por los populares ante la Fiscalía Anticorrupción. «El importe del alquiler, según se ha publicado, asciende a 156.000 euros», añade la denuncia.
El fiscal del ‘Caso Fabra’ y exasesor del PP
La investigación sobre las otras cinco empresas que serán investigadas por anticorrupción correrá a cargo del fiscal Luis Pastor Motta. Fuentes del ministerio público le definen como un fiscal de amplia e intachable trayectoria. No obstante, su pasado está relacionado con el PP, a pesar de haber sido el fiscal que investigó y llevó a juicio al expresidente popular de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.
Antes de ocuparse de aquel caso, Pastor Motta asesoró a distintos gobiernos del PP cuando José María Aznar era jefe del Ejecutivo. Primero en el Ministerio de Exteriores y después en el de Justicia. El ahora fiscal anticorrupción ocupó cargos de libre designación en 2002 en el Ministerio de Justicia, departamento que dirigía entonces José María Michavila. Antes de aquello, en 1998, también fue asesor de la Agencia Española de Cooperación cuando Abel Matutes ocupaba la cartera de Exteriores.
El fiscal Pastor se encargará de las diligencias de investigación abiertas contra Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., una empresa a la que se relaciona presuntamente con el el exministro de Transportes José Luis Ábalos, y la compañía FCS Select Products, con cuyos responsables tendría lazos de amistad el exministro de Sanidad, Salvador Illa. También indagará a otras tres empresas sospechosas de haber recibido contratos presuntamente fraudulentos para traer material sanitario a España durante la primera ola de la pandemia: Weihai Textile Group Import & Export, Hyperin Grupo Empresarial y Member Of The Tribe.
