Las víctimas del franquismo acusan al Gobierno de usar las fosas para un curso de antropología
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica también se queja de la escasa implicación del Estado en las exhumaciones
Una experta exhuma un cuerpo en la fosa del franquismo en Nigüelas. | ArqueoAntro
La herida del franquismo sigue supurando. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) acusa al Gobierno de utilizar las fosas comunes «para formar forenses, como si fueran de su propiedad». La entidad memorialista se queja de la poca implicación del Estado en la exhumación de las víctimas y arremete contra el Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia, que ha organizado por primera vez un curso práctico de antropología para profesionales en la fosa de Nigüelas (Granada).
La actividad se ha desarrollado de miércoles a viernes. La han seguido ocho médicos forenses, la mayoría mujeres, y dos coordinadores vinculados al departamento que dirige Pilar Llop. Se han impartido clases teóricas y prácticas, que han tenido como escenario la fosa de Nigüelas. El enclave fue descubierto el año pasado por el historiador Alfredo Ortega, que tenía constancia de varios enterramientos en la zona.
Asesinados por el franquismo
Este en concreto se encuentra en el cementerio de esta localidad de 1.200 habitantes ubicada en el Valle de Lecrín. Alberga cuerpos de republicanos asesinados durante la Guerra Civil, pero también de represaliados en los años 40. La zanja es estrecha, pero cuenta con más de 30 metros de longitud. El año pasado la Asociación Arqueoantro recuperó nueve cuerpos. Este curso ha conseguido exhumar otros 10, aunque los expertos no descartan que existan más.
Para desarrollar las labores de recuperación, Arqueoantro contó en 2021 con una subvención pública que no especifica. Ese dinero le permitió trabajar en la zona durante dos semanas. Javier Iglesias, responsable de antropología en la asociación, explica a THE OBJECTIVE que el Centro de Estudios Jurídicos se puso en contacto con ellos hace unos meses para obtener autorización para dar el curso. Se la dieron para abril, fecha en la que iban a estar desarrollando nuevas labores de exhumación.
Una situación que ha criticado la ARMH. La asociación que preside Emilio Silva fue creada en 2000 con el objetivo de localizar, excavar e identificar a las víctimas asesinadas por el franquismo. Los trabajos, realizados por voluntarios, comenzaron mucho antes de que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara la ley de Memoria Histórica en 2007. Durante dos décadas, la organización ha excavado más de un centenar de fosas, todas ellas sin ayudas públicas.
«Para los fosas de Ucrania, policía judicial española. Para las fosas del franquismo; impunidad y apropiación del Gobierno para usarlas en cursillos para forenses», ha denunciado la ARMH en su perfil de Twitter. En otro tuit, la asociación se queja de que el Gobierno use la fosas para «formar forenses, como si fueran de su propiedad». En un tercero, acusa al Ejecutivo de incumplir el Protocolo de Minnessota, el proceso que establece Naciones Unidas para investigar crímenes en los que se han cometido ejecuciones ilegales.
La polémica arranca con la decisión del Gobierno de enviar a Ucrania un Equipo Policial de Apoyo (EPA) para investigar posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad provocados por la invasión de Rusia. El despliegue lo integrarán efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil y estará a disposición de la Corte Penal Internacional. Lo formarán al menos ocho personas y ha sido creado por una instrucción del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.
«Un curso positivo»
Iglesias no comparte la crítica de la ARMH. Sostiene que la decisión de realizar el curso fue «excelente». El experto explica que el Ministerio de Justicia ha aprovechado la exhumación para preparar a sus profesionales «por si deben intervenir» en casos parecidos. Recuerda que él se formó en la Sociedad de Ciencias Aranzadi y que aprendió de Francisco Etxeberria, uno de los forenses más prestigiosos de Europa, que también ha participado en el curso del Centro de Estudios Jurídicos.
Desde 2008, Iglesias ha excavado más de 100 fosas y recuperado cientos de cuerpos. «No entiendo la crítica de la ARMH ante algo que es muy positivo», insiste. En su opinión, es cierto que el Estado «no ha hecho nada más que dar subvenciones», pero tampoco puede comprometerse a otra cosa porque «no cuenta con expertos que puedan realizar estas exhumaciones, como sería deseable».
«Las alumnas nos han transmitido una experiencia positiva. Dicen que el trabajo que han hecho les resultará muy útil», reconoce Iglesias. El centro afirma en una nota de prensa que esta actividad permitirá al alumnado «intervenir en todas las facetas del proceso de investigación, localización, excavación, exhumación e identificación de víctimas amparadas por la ley de Memoria Histórica». El curso ha sido tan eficaz que celebrarán una segunda edición en otoño de 2022.
La Asociación Verdad, Justicia y Reparación de Granada ha querido rebajar la queja realizada por la ARMH. «Tanto como si fuese de su propiedad, no, pero es verdad que las fosas se utilizan con un efecto electoralista», reconoce Isidoro Coello, presidente de la organización granadina. Junto a otros compañeros, pasó el miércoles por Nigüelas para pedir ayuda al doctor Etxeberria. «Una familia de Salobreña quiere exhumar a su abuela, pero nosotros no tenemos infraestructura», lamenta. La historia de nunca acabar.
