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Feijóo y Sánchez eligen negociadores: Pons y Bravo en el PP y Bolaños y María Jesús Montero en el PSOE

Pons y Bolaños abordarán la renovación del Poder Judicial, mientras que Bravo y Montero liderarán la negociación sobre los asuntos económicos

Feijóo y Sánchez eligen negociadores: Pons y Bravo en el PP y Bolaños y María Jesús Montero en el PSOE

Pons y Bolaños abordarán la renovación del Poder Judicial, mientras que Bravo y Montero liderarán la negociación sobre los asuntos económicos

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha enviado este lunes un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informarle de que sus interlocutores para dialogar en Justicia y sobre Economía son Esteban González Pons y Juan Bravo, respectivamente. Por su parte, Sánchez ha comunicado a Feijóo que los interlocutores del Ejecutivo en materia de Justicia y de cuestiones económicas serán, respectivamente, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes del PP han informado a los medios sobre este contacto, en el que Feijóo ha indicado al jefe del Ejecutivo que tratar la cuestión económica es «urgente», debido a que el próximo jueves se vota la convalidación del real decreto del plan contra la crisis provocada por la guerra de Ucrania, donde el PP ha condicionado su posición a que el Gobierno acepte alguna de sus propuestas.

Juan Bravo es el consejero andaluz de Hacienda y responsable de Economía en la cúpula del PP, mientras que el eurodiputado Esteban González Pons, sobre el que recae la responsabilidad de negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, está al cargo en el partido de las relaciones institucionales.

En economía la prioridad del PP es negociar su propuesta, remitida a Sánchez el pasado viernes, en el que proponen una rebaja de impuestos por valor de 10.000 millones de euros que se concentra sobre todo en rentas medias y bajas, con deflactación del IRPF por debajo de los 40.000 euros y ayudas directas a rentas inferiores a 17.000 euros.

Feijóo avisó hace semanas de que el PP no podría apoyar el decreto anticrisis del Gobierno si Sánchez no aceptaba la rebaja fiscal en el IRPF y este lunes los populares han exigido al Ejecutivo sentarse a negociar, sin revelar si se sitúan en el no o en la abstención.

En Justicia, el PP llega dispuesto a escuchar y sin haber fijado un posicionamiento de partida, aunque Feijóo ha citado como guía la postura de la Unión Europea, que reclamó una reforma para que al menos la mitad de los integrantes del CGPJ los decidan los propios jueces de forma directa y no el Parlamento.

Por parte del PSOE, Sánchez ha informado de su designación después de que el PP hiciera pública la suya. Según ha informado el Gobierno, Bolaños y Montero se pondrán en contacto con Pons y Bravo próximamente para comenzar la interlocución, aunque recalca que «las obligaciones constitucionales, como es la renovación de sus órganos, se cumplen, no se negocian».

Moncloa ha recordado asimismo que están pendientes de respuesta los once puntos que trasladó Sánchez a Feijóo en su reunión del pasado 7 de abril con el objetivo de reconstruir consensos básicos.

Once puntos en cuatro grandes bloques de acuerdos: cumplimiento de la Constitución, respuesta a la guerra en Ucrania, lucha contra la violencia de género y unión en políticas de Estado.

La renovación del Consejo General del Poder Judicial, la del Tribunal Constitucional, la reforma de la Constitución para eliminar el término «disminuido» para las personas discapacitadas, la reforma del voto de los españoles en el exterior y la reafirmación de pacto antitransfuguismo son cinco de esos puntos.

A ellos se suma pactar el plan nacional de respuesta a las consecuencias de la guerra, que el PP respalde las gestiones del Gobierno en la UE para intentar rebajar el precio de la luz y la gestión de los fondos europeos.

También reforzar el pacto contra la violencia de género, unidad en política exterior y en otros dos asuntos como la ley de seguridad nacional y el real decreto ley de ciberseguridad.

Fuente: EFE

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