El juez sospecha que Luceño quería salir de España para manipular documentos de la empresa malaya
En el auto, el magistrado advierte también del riesgo de fuga del empresario por las «penas de hasta 17 años de prisión» que conllevan los delitos que se investigan
Alberto Luceño, uno de los empresarios investigados. | TO
El juez Adolfo Carretero sospechó que Alberto Luceño, uno de los presuntos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid, podía salir del país para manipular documentos con la ayuda de San Chin Chon, el CEO de la empresa malaya que pagó las comisiones millonarias a los dos empresarios y cuya colaboración con la Justicia española ha sido «hasta ahora nula» en el proceso que se sigue contra Alberto Luceño y Luis Medina, según señaló el magistrado en el auto mediante el cual ordenó este lunes la retirada de pasaporte a los dos investigados y su comparecencia cada 15 días en los juzgados de la Plaza Castilla.
En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid advierte de que los delitos que se investigan tanto a Alberto Luceño como a Luis Medina son graves «no solo por su enorme trascendencia pública, al ser cometidos en la peor época de la pandemia Covid 19», sino también porque llevan «aparejadas penas de hasta 17 años de prisión». Lo que, según el juez, también «supone la posibilidad de riesgo de fuga por mucho que el investigado —en este caso, Luceño— tenga arraigo y diga que quiere colaborar con la Justicia». «Máxime cuando se dispone de un dinero ilícitamente obtenido y aún no controlado en la presente causa», subraya Adolfo Carretero.
Los dos empresarios declararon este lunes ante el juzgado por el cobro de seis millones de euros en comisiones con la venta de material sanitario, en algunos casos defectuoso, al Ayuntamiento de Madrid durante el comienzo de la pandemia. Según la Fiscalía, Luceño y Medina inflaron los precios un sesenta por ciento en el caso de las mascarillas, un ochenta y uno por ciento en el caso de los guantes y un setenta y uno por ciento en el caso de los test, debido a las comisiones que habían pactado los imputados con la empresa Leno.
Unos hechos por los que el juez Adolfo Carretero investiga a ambos los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales. Tras su comparecencia, el magistrado acordó como medida cautelar la retirada del pasaporte de ambos y su comparecencia en los juzgados los días 8 y 14 de cada mes, después de que cuatro acusaciones particulares personadas en la causa, PSOE, Más Madrid, Unidas Podemos y Grupo Municipal PSOE, solicitasen al juzgado esta medida cautelar.
Declaración
Durante su comparecencia ante el juez, según las declaraciones a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los dos empresarios ratificaron que Carlos Martinez Almeida, primo del alcalde de Madrid, Jose Luis Martinez Almeida, fue su contacto para hacer negocios con el Consistorio. Un enlace sin el cual los dos empresarios no habrían podido establecer contacto con Elena Collado, coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, y encargada de gestionar todos los contratos municipales en el periodo investigado. Esta última está citada a declarar el próximo 9 de mayo como testigo.
Por otro lado, la declaración de Luis Medina da cuenta de que ha cambiado su versión de los hechos respecto a lo que manifestó en la fase de instrucción ante la Fiscalía. Entonces, el hijo de Naty Abascal dijo haberse sentido engañado por Alberto Luceño por la diferencia entre las comisiones que había cobrado uno y otro de los contratos con el Ayuntamiento. En su declaración este lunes, en cambio, aseguró ante el juez que no se sentía molesto con el otro empresario. «Al principio, yo no pacté ninguna comisión con el señor Luceño (…) Entendí que me iba a tocar un tercio, pero no se habla de operaciones hasta que no es viable la operación. Me correspondía la comisión que cobré (…) No he sido engañado por el señor Luceño» aseguró Medina en su declaración.
La profesora de universidad
Luceño, a quien se le investiga por ser la persona que se encargó de las negociaciones con Elena Collado, recibió en concepto de comisiones un total de 5.100.000 dólares —4,6 millones de euros— mediante transferencias remitidas desde Malasia a una cuenta personal. Con este dinero, el empresario costeó una estancia en un hotel de Marbella con un coste de 60.000 euros; tres relojes Rolex; doce vehículos de lujo y una vivienda en Pozuelo. Por su parte, Medina obtuvo como intermediario en los contratos una comisión de un millón de euros, que destinó a la compra de un velero por 325.515 euros y a dos bonos de inversión por valor cada uno de 200.000 euros.
No obstante, a Medina también se le investiga por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes después de que el magistrado comprobara que el investigado realizó disposiciones de sus bonos patrimoniales desde el 13 de abril de 2021, fecha en la que fue citado a declarar ante la Fiscalía Anticorrupción.
Entre tanto, Luis Medina también explicó que el primo de alcalde madrileño, Carlos Martinez-Almeida, no fue su primer enlace con el Consistorio, sino una antigua profesora suya de una conocida universidad. La cual le facilitó, en un primer momento, el contacto del familiar del primer edil.
