La Fiscalía rechaza imputar a ningún cargo del Ayuntamiento de Madrid por el caso de las mascarillas

Los únicos que permanecen investigados por supuesta estafa son los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño

La Fiscalía ha rechazado que se investigue al gerente de la Empresa Funeraria de Madrid, Fernando Sánchez González, y a otros cargos del Consistorio por supuestas irregularidades en la documentación entregada a la Fiscalía en el caso de las mascarillas, ya que no se ha alterado ningún documento esencial.

La Funeraria de Madrid fue la empresa municipal a través de la que se llevaron a cabo los contratos de emergencia en la primera ola de la pandemia del coronavirus, entre ellos los tres que investiga el juzgado de instrucción número 47 de Madrid, que mantiene imputados a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño por supuesta estafa, falsedad y blanqueo. A Medina el magistrado le imputa además el delito de alzamiento de bienes.

En un escrito, el fiscal Luis Rodríguez Sol responde así a la petición hecha recientemente por Más Madrid, acusación popular en la causa, para que el magistrado llame a declarar como investigado al gerente de la Funeraria de Madrid, Fernando Sánchez González.

Más Madrid cree que el Ayuntamiento «cambió y manipuló» los documentos entregados en la Fiscalía Anticorrupción en noviembre de 2020 con respecto a los ofrecidos en abril de 2021: al principio se entregaron los contratos, las hojas de encargo y también la firma de la delegada del área de Seguridad, de Inmaculada Sanz, y «unos meses después esa firma y esos segundos documentos fueron eliminados».

Ahora la Fiscalía explica que es cierto que la cartas de encargo referidas a los contratos investigados, por los que el Ayuntamiento pagó 11,9 millones de dólares, que constan en las actuaciones «presentan las diferencias que se detallan en el escrito», pero «coinciden en todo caso la fecha el documento, la identidad de las personas que lo firman y su contenido». Por eso concluye que «no se ha alterado, por tanto, ningún elemento o requisito esencial de los documentos» y no se incurre en delito de falsificación de documentos públicos.

Añade que la remisión de esas cartas de encargo «no ha supuesto ningún obstáculo para la investigación llevada a cabo por la Fiscalía, como no lo ha supuesto ninguna otra actuación del Ayuntamiento de Madrid o de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, que ha respondido puntualmente a todos los requerimientos formulados por la Fiscalía».

Fuente: EFE.