El juez se opone a imputar al gerente la empresa funeraria en el caso mascarillas

El juez del caso de las mascarillas se ha opuesto a imputar en la causa al gerente de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, Fernando Sánchez González, al considerar que no incurrió en delitos de falsedad ni obstrucción a la justicia.

En un auto fechado este miércoles, al que ha tenido acceso Efe, el magistrado Adolfo Carretero deniega la solicitud hecha en este sentido por Mas Madrid, acusación popular en la causa y que solicitó que el gerente sea investigado en la causa junto a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. La Fiscalía ya se opuso a esta imputación.

Luceño y Medina (hijo del duque de Feria y Naty Abascal) están siendo investigados por delitos de estafa agravada, falsedad, blanqueo y, en el caso de este último, también por alzamiento de bienes. Se les acusa de haberse embolsado unos 6,6 millones de dólares en tres contratos con el Ayuntamiento de Madrid en marzo de 2020, para proveer de material sanitario.

La Funeraria de Madrid fue la empresa municipal a través de la que se llevaron a cabo los contratos de emergencia en la primera ola de la pandemia del coronavirus, entre ellos los investigados, ya que era la única que podía adelantar los pagos.

El juez afirma que sí constan diferencias en las cartas de encargo relativas a esos contratos que el Ayuntamiento entregó a la Fiscalía en dos momentos diferentes, pero «ninguna de ellas –sin perjuicio de que puedan resultar documentos complementarios, como dice el Ayuntamiento-, afectan a elementos esenciales de los documentos, cuya fecha, identidad de firmas y contenido coincide, como dice el Ministerio Fiscal, ‘ya sea por su mención expresa en el cuerpo del documento o por referencias al contrato que se adjunta’».

Añade que no consta que las modificaciones las haya hecho el gerente «ni que se hiciesen con objeto de dificultar las investigaciones de la Fiscalía ni ocultar su contenido al Ayuntamiento, cuyos Grupos Políticos conocían las cartas de encargo de los contratos y su contenido pues las aprobaron por unanimidad en el Consejo de la Funeraria».

En relación con este caso el Ayuntamiento de Madrid ha presentado un escrito en el juzgado en el que apoya que se mantenga la imputación a Luis Medina por un delito de alzamiento de bienes, como determinó el juez, y oponiéndose al recurso interpuesto por el empresario en este sentido.

Argumenta el Consistorio, que es acusación particular en el procedimiento, que, pese que Medina ha cobrado «una comisión de cerca de un millón de euros» en marzo de 2020 por la compraventa de material sanitario, actualmente no constan bienes a su nombre, ni cuentas corrientes u otros productos bancarios de su titularidad.

Según el escrito, «la inexistencia de bienes suficientes» para cubrir posibles responsabilidades pecuniarias, junto con la realización de diversas disposiciones patrimoniales en perjuicio del Ayuntamiento entre julio de 2020 y agosto de 2021 «sin justificación alguna», además del hecho de no haber abonado la fianza impuesta por el juzgado, son «indicios bastantes» para mantenerle imputado por dicho delito.

Este miércoles también ha trascendido que el juez suspende la declaración prevista para el día 9 de Elena Collado, la responsable municipal que cerró los contratos con los empresarios investigados.

Collado estaba citada como testigo pero, al haber pedido el Grupo Mixto que sea citada como investigada, el juez pide a las partes que se pronuncien sobre si debe ser citada como testigo o como imputada.