El 'caso Pegasus' pone en riesgo las operaciones del CNI en la guerra de Ucrania
Las acusaciones sobre el espionaje masivo están causando «importantes dificultades operativas» a distintos sectores del CNI, según fuentes de este departamento. «La situación es crítica», advierten
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | Europa Press
El denominado caso Pegasus no solo está erosionando la imagen del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el exterior. Las sospechas en torno a los servicios secretos españoles como presuntos responsables del espionaje masivo a través del sistema israelí Pegasus, según publicó The New Yorker, para investigar a 63 líderes independentistas entre 2017 y 2020 también han impactado de lleno en el funcionamiento a nivel interno del centro, dificultando distintas operaciones como las que desarrolla desde hace meses devenidas del conflicto de Ucrania.
Ya no se trata únicamente de una crisis que afecte al Gobierno de Pedro Sánchez o a su relación con algunos de sus socios políticos. La cuestión se ha tornado en un verdadero problema para el trabajo que realizan los servicios secretos, que trata principalmente de la obtención y análisis de información. Fuentes cercanas a este departamento consultadas por THE OBJECTIVE sostienen que las acusaciones vertidas sobre el centro están ocasionando «importantes dificultades operativas» a distintos sectores del CNI habida cuenta de la «pérdida de confianza» que este escándalo puede suponer a nivel internacional.
Una «situación crítica» que ha desembocado en un «gran desequilibrio interno» por el que, según estas mismas fuentes, incluso algunos miembros de los servicios de inteligencia, dependientes del Ministerio de Defensa, se «están planteando expresar su malestar a los superiores». «El ambiente es horrible», se lamentan las distintas fuentes consultadas.
Invasión rusa
Este escenario de inestabilidad fuera y dentro del centro está impactando directamente en el trabajo que algunos agentes están desempeñando desde hace meses. Por ejemplo, con la invasión rusa en Ucrania. Distintos expertos en el ámbito de inteligencia explican que «todos los servicios que se están realizando a nivel de contraespionaje y contrainteligencia» por la situación en Rusia ahora se «pueden estar viendo afectadas y condicionadas» por el escándalo del software israelí. En otras palabras, esta tesitura puede dificultar aún más las operaciones en el país ucraniano.
En cualquier caso, estas fuentes aseguran que una crisis de este tipo, con «la pérdida de confianza» que supone de cara al exterior, paralizan la toma decisiones de cualquier tipo en los servicios de inteligencia. «¿Quién es el valiente que toma una decisión si hay un escándalo en marcha? La toma de decisiones se para y esto genera un descalabro a nivel interno», explica Vicente Fernandez, experto en materia de inteligencia y CEO de Intel Key Corp.
Enfado
Desde el Centro Nacional de Inteligencia tampoco esconden su malestar respecto a los últimos movimientos del Gobierno con la Generalitat de Catalunya. Se refieren a la reunión que mantuvo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, con la consellera catalana de su ramo, Laura Vilagrà, para tratar de calmar los ánimos con el presunto espionaje. Tras el encuentro, el hombre de confianza de Sánchez, que no confirmó ni desmintió que el CNI estuviese detrás del caso Pegasus, anunció que ordenaría a la directora del centro, Paz Esteban, elaborar un informe sobre el espionaje y entregarlo al Congreso.
Además, el ministro informó que se constituiría a la mayor brevedad posible la Comisión de Control de los Créditos Destinados a Gastos Reservados, conocida como comisión de secretos oficiales, el espacio parlamentario donde los responsables del CNI dan cuenta de sus trabajos desde el punto de vista político. Será aquí donde la responsable del centro llevará el informe encargado por el Gobierno, y deberá responder a las preguntas a los miembros de la comisión, entre los que se incluirán ERC, Junts per Catalunya y Bildu. Los partidos supuestamente damnificados por el espionaje de Pegasus.
Las fuentes de inteligencia consultadas por este periódico consideran que la reacción del Gobierno deja en evidencia al CNI y ponen «en tela de juicio» un trabajo que en todo momento, aseguran, «estuvo avalada por un magistrado del Tribunal Supremo». Según avanzó The Objective, en 2018 el Ejecutivo autorizó un seguimiento del Centro Nacional de Inteligencia a los líderes independentistas fugados del 1-O «con arreglo a derecho». Es decir, bajo autorización judicial y de manera individualizada, frente a lo que sostiene la información de The New Yorker.
Respecto a la depuración de responsabilidades que ha pedido la Generalitat de Catalunya al Gobierno, desde las agencias de inteligencia esperan que el caso Pegasus no le cueste el puesto a nadie del centro. «El ámbito político debería dejarse a un lado, puede que algún criterio no fuese el adecuado. Pero las responsabilidades deberían depurarse a puerta cerrada, por eso son servicios secretos. Además, las decisiones operativas no las toma la directora, sino los jefes de servicios. Que un escándalo de este tipo le cueste el puesto a alguien del CNI no debería ocurrir», concluyen.
