Un juez ordena reexaminar a un guardia urbano al que se le prohibió responder en castellano
El Ayuntamiento de Barcelona no ha recurrido la sentencia, que de esa forma ha devenido firme; además el consistorio ha sido obligado a pagar las costas
Agentes de la Guardia Urbana. | Europa Press
Un juez ha obligado al Ayuntamiento de Barcelona a repetir una prueba oral a un cabo de la Guardia Urbana en un proceso de selección para acceder a una plaza de sargento, porque se le impidió responder en castellano a las preguntas del tribunal.
En su sentencia, el juzgado de lo contencioso número 4 de Barcelona estima el recurso interpuesto por el agente, representado por los servicios jurídicos del sindicato CSIF, y ordena repetir la prueba al agente -que no logró ascender a sargento-, con el derecho a contestar «en la lengua cooficial que libremente escoja» durante todo el proceso selectivo.
El guardia urbano presentó en noviembre del año pasado un recurso ante el juzgado, después de que el Ayuntamiento de Barcelona le denegara la revisión del proceso selectivo al que se presentó para acceder a una de las 50 plazas de sargento que se convocaron, en promoción interna.
El agente -cuya versión fue respaldada por un representante sindical que estaba de observador en el proceso de selección- alegó ante el juez que el tribunal del concurso le obligó a responder las preguntas de la entrevista oral en catalán, lo que así hizo, aunque no logró aprobar la prueba.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona -que ha sido condenado a pagar las costas, hasta un máximo de 250 euros- negó que se impidiera al agente responder en castellano, sostuvo que si se expresó en catalán fue por «elección propia» y justificó que se le había calificado no apto en la prueba por su «nivel competencial».
En su sentencia, el juez razona que la aptitud del agente debía manifestarse precisamente en la entrevista, en la que la «dificultad idiomática o el hecho de expresarse en una lengua cuyo dominio no es tan perfecto como el que pueda poseerse con la lengua madre resulta una traba de magnitud suficiente».
El Ayuntamiento de Barcelona no ha recurrido la sentencia, que de esa forma ha devenido firme, lo que, según el portavoz del CSIF en la Guardia Urbana, Eugenio Zambrano, demuestra que el consistorio admite que ha cometido «nuevamente» una vulneración de derechos.
Zambrano ha insistido que este litigio no obedece a una «cuestión de política lingüística, sino que va de cumplir o no cumplir la ley y de ser rigurosos con el principio de legalidad al que está sometida la administración».
«Esta trabajador tenía derecho a escoger el idioma para la entrevista, escogió hacerlo en castellano porque se expresaba mejor en cuestiones técnico-policiales», ha recalcado.
