Hacienda paga 750.000 euros cada año por sus derrotas judiciales ante los contribuyentes

Hacienda pagó 752.099 euros en costas judiciales en 2021 por sus derrotas en los tribunales. La cantidad supone un 33% menos de lo que abonó un año antes. En el último lustro, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha desembolsado por este concepto más de cinco millones. Una cifra que Pablo Cambronero, diputado del Grupo Mixto, considera «excesiva». En su opinión son el resultado de una Administración «arbitraria» que en ocasiones realiza «ilegalidades» que «acaban costando dinero a las arcas públicas». El Gobierno afirma que los tribunales solo anulan un 0,29% de los actos que dicta la Agencia Tributaria.

Cambronero, que abandonó Ciudadanos hace un año, registró en marzo una pregunta parlamentaria para conocer los pagos que ha ejecutado el Ministerio de Hacienda en los procedimientos judiciales en los que el Ejecutivo ha sido condenado a pagar las costas procesales. En la exposición de motivos, el diputado sevillano asegura que, año tras año, el departamento que dirige María Jesús Montero pierde «miles de procedimientos judiciales que los ciudadanos emprenden ante la arbitraria actuación de la Administración». Unas costas que, insiste, «se paga con dinero de todos».

Hacienda y la conflictividad tributaria

El Gobierno asegura en su respuesta parlamentaria que, a la AEAT, «no le resulta indiferente el problema de la litigiosidad». Por eso ha incluido en su Plan Estratégico 2020-2023 directrices para reducir la conflictividad tributaria. «El fin de la Agencia Tributaria consiste en la aplicación del sistema tributario con generalidad y justicia a todos los contribuyentes», reconocen en el texto. Cambronero tiene otra impresión.

«No podemos permitir que la Administración tenga ese índice tan alto de litigiosidad por actividad arbitraria; cuesta mucho dinero a los contribuyentes», afirma el parlamentario por la circunscripción de Sevilla a THE OBJECTIVE. Solicita que el Gobierno tome cartas en el asunto y avanza «nuevas iniciativas» para proponer soluciones, aunque no las desgrana. Desde 2018, la Agencia Tributaria ha iniciado 9.452 procesos judiciales. De los 4.900 juicios que han concluido, 1.174 han sido desfavorables para la Administración. Supone un 24%, uno de cada cuatro casos.

La mayoría de los juicios que perdió la Agencia Tributaria desde 2018 se produjeron por la vía penal, 508. Contrasta con la cantidad de procesos en los que la sentencia le fue desfavorable a través de lo contencioso-administrativo (314), las impugnaciones concursales (312), lo civil (22) o lo penal (18). No obstante, no se especifica cuántos de ellos tuvieron lugar el año pasado para pagar 752.099 euros en costas ni a qué cantidades ascendieron las indemnizaciones económicas.

La cifra que abonó Hacienda por perder procesos judiciales en 2021 descendió un 33% respecto al año anterior. En ese ejercicio, la AEAT desembolso 1,11 millones de euros, algo menos que en 2019, año prepandémico. En esa ocasión, el pago superó los 1,5 millones. Casi el doble del desembolso que realizó la Agencia Tributaria por costas judiciales en los dos años anteriores. La cantidad no llegó en ninguno de ellos a los 700.000 euros.

«Me sigue pareciendo una auténtica barbaridad teniendo en cuenta que la Administración tiene que ser garante de la legalidad», insiste Cambronero. La respuesta parlamentaria que recibió el diputado a finales de abril afirma que el número de actos recurribles emitidos entre 2018 y 2020 superó los 55 millones mientras que el número de reclamaciones económico administrativas (REA) no alcanzó el millón. Supone por tanto el 1,7% del total. El posterior recurso contencioso-administrativo apenas alcanzó el 0,29%.

La AEAT es un organismo público adscrito al Ministerio de Hacienda. Se creó en 1992 y se encarga de la gestión del sistema tributario y aduanero estatal. El ente inicia en abril la campaña de la declaración de la Renta. En 1978, el departamento que entonces dirigía Francisco Fernández Ordóñez lanzó el spot de Hacienda somos todos, que pretendía concienciar a los españoles de que debían presentar sus cuentas sin defraudar, algo que había sido una práctica habitual hasta ese momento.