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El Gobierno desclasificará las autorizaciones judiciales de los 18 espiados por el CNI 

Fuentes gubernamentales adelantan su posición favorable a hacer públicos los nombres y motivos de las actuaciones de los servicios secretos como piden sus socios

El Gobierno desclasificará las autorizaciones judiciales de los 18 espiados por el CNI 

A la espera de que el Gobierno decida cuándo y cómo cesar a la directora del CNI, Paz Esteban, ya está abriendo una segunda línea de contención de sus socios parlamentarios: la desclasificación de los documentos oficiales del Centro Nacional de Inteligencia sobre el espionaje a 18 líderes independentistas, que se ha hecho al amparo de la autorización judicial del Tribunal Supremo. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el Gobierno aceptará esta reclamación de sus socios para arrojar luz sobre unas cuestiones que han puesto en entredicho sus actuaciones. 

«Claro que somos partidarios, incluso de abrir las cloacas del PP que no son nuestras», dicen fuentes de Moncloa a este periódico, sin concretar eso sí los plazos temporales que manejan para su ejecución. De momento, el socio minoritario de la coalición, Unidas Podemos, se ha adelantado este jueves solicitando al Gobierno que moviera ficha en este sentido. El portavoz de la formación morada, Pablo Echenique, mandó un SMS al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, anunciando que lo harían público, aunque la respuesta no se produjo hasta horas después de que Podemos lograra recabar apoyos en el terreno parlamentario. 

De hecho, tanto el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, como la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, se han mostrado en las últimas horas partidarios de «desclasificar información para dar respuestas», poniendo «todos los medios necesarios y con la máxima colaboración con la Justicia, incluso desclasificando documentos, si así fuera necesario, con la documentación afectada», deslizaron ambos miembros del Ejecutivo. Desde Moncloa dan por tanto un salto cualitativo: pasan de «no descartar» a «confirmar» que este será el siguiente paso que está en mente del Ejecutivo. Todo para salir del paso de una ofensiva parlamentaria de sus socios que pone en jaque la legislatura. 

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El ministro socialista Félix Bolaños con la ministra de Podemos Irene Montero y Alberto Garzón

ERC, JxCat y la CUP, con Podemos

Según fuentes parlamentarias, ERC, JuntsXCat y la CUP han apoyado esta iniciativa morada y harán ‘piña’ para exigir al Ejecutivo que este sea el siguiente paso a tomar. «Es un escándalo y la ciudadanía y los medios de comunicación tienen derecho a saber lo que nos han contado. Se han confirmado muchas de las cosas que habéis publicado», explican algunos de los asistentes a la Comisión de Gastos Reservados que se celebró el jueves en el Congreso con la comparecencia de la directora del CNI, Paz Esteban. 

Una ratificación de las informaciones sobre el espionaje con Pegasus a los líderes independentistas fugados, como Carles Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, el actual president Pere Aragonès y su su vicepresidente, Jordi Puigneró, como adelantó este jueves este periódico, y otros miembros de la órbita de Tsunamic Democràtic como el diputado nacional de La CUP como Toni Botrán. 

Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE trascienden sin embargo el debate nominal y se adentran en el por qué, dando la razón a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en su intervención la semana pasada en la sesión de control del Congreso. «Nadie parece interesarse por el por qué, los motivos se encuentran en el momento político» durante el año 2020, cuando la Generalitat catalana y plataformas afines aprovecharon la sentencia del 1-O para iniciar «algaradas y protestas» contra el Estado bajo la amenaza de ‘Ho tornarem a fe’ (lo volveremos a hacer), en referencia al referéndum ilegal del 1-O de 2017 que derivó en la condena a 13 líderes independentistas por parte del Tribunal Supremo. 

Robles gana la batalla argumental

La semana pasada, Robles se defendió de la ofensiva parlamentaria de la oposición con una justificación de la actuación «con arreglo a derecho» de los servicios secretos y ahora sus argumentos se abren paso en el Palacio de la Moncloa. «¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos o está teniendo relaciones con un país que está invadiendo Ucrania. Usted de esto no ha dicho nada cuando se hackean organismos como el SEPE, que impiden que los trabajadores puedan cobrar, cuando también ha habido hackeos de ministros, de teléfonos de ministros… No le he oído a usted decir nada…», respondió Robles a la diputada de la CUP, Mirehia Vehí.

En privado, fuentes del Gobierno transitan ahora por esta línea argumental de justificación de las actuaciones del CNI que hasta la fecha han intentado esquivar para desviar la atención por su responsabilidad en el espionaje a sus socios. «Nosotros actuamos para defender al Estado, no para atacar a nuestros rivales con policías patrióticas sino con autorización judicial». Un intento de desviar la atención del espionaje a los dispositivos móviles del presidente de Sánchez y Robles, que generaron una guerra abierta sin precedentes entre la propia ministra de Defensa y Bolaños.

Bolaños entierra el hacha de guerra 

Este jueves, Bolaños cumplió órdenes y convocó de manera imprevista a los medios de comunicación para enterrar el hacha de guerra. «Ayer mismo tuve la oportunidad de hablar con ella y le trasladé todo mi apoyo y solidaridad y todo mi afecto», dijo tras prometer que «todo el Gobierno está trabajando para que esto no se repita más», en referencia al espionaje. Por su parte, y en el día en que el foco estaba puesto en su subordinada, la directora del CNI, Paz Esteban, la ministra de Defensa, Margarita Robles, no hizo declaración alguna al respecto. 

Su comparecencia la víspera en la comisión de Defensa fue una defensa cerrada a la actuación «estoica» de la responsable de los servicios secretos, con el objetivo de frenar una caída que ya se descuenta en Moncloa. La pregunta es cuándo. Según aseguró este jueves el portavoz socialista, Héctor Gómez, «no estamos en la fase de ceses sino de estudio e investigación». Una forma de ganar tiempo y de aceptar otra cesión a la nueva reclamación de sus socios de legislatura: desclasificación de los documentos secretos. 

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