La Fiscalía pide archivar el caso de subvenciones a afines en la que está imputada Colau
Consideran que la alcaldesa no tuvo participación en el reparto de estos fondos
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido archivar provisionalmente la causa que investiga subvenciones presuntamente fraudulentas del Ayuntamiento de Barcelona a entidades sociales. En esta causa, el Juzgado de Instrucción 21 de Barcelona investiga a la alcaldesa Ada Colau por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias.
En un escrito consultado por Europa Press, el fiscal se opone al sobreseimiento libre que había reclamado la defensa de la alcaldesa, pero pide al juez que dicte el sobreseimiento provisional de la causa.
El fiscal cree que hay que «desterrar la tentación de atribuir posibles responsabilidades penales a la investigada sobre el endeble argumento de ser la máxima responsable del Ayuntamiento«, porque eso no tendría fundamento ni justificación, en sus palabras.
Tras evaluar los expedientes de subvenciones en la causa, el interrogatorio a Colau y el de la interventora delegada, el fiscal concluye la interventora «no observó en ninguno de los expedientes en los que informó posibles irregularidades de índole penal».
Afirman que no hubo ninguna intervención
El fiscal recuerda que Colau declaró que desde el inicio de su mandato decidió delegar la competencia de concesión de subvenciones en los órganos administrativos de las diferentes áreas y gerencias, y que las comisiones investigadas las aprobó, por unanimidad, la Comisión de Gobierno.
Añade que el hecho de que Colau delegara su competencia en concesión de subvenciones «ya permite intuir su intervención en los expedientes que se pudieran tramitar por este motivo (más allá de la votación en Pleno o en Comisión de gobierno): ninguna».
El fiscal constata que Colau «no dicta ni una sola resolución (arbitraria o no) en los expedientes administrativos investigados ni, en consecuencia lo puede hacer a sabiendas de su injusticia».
El escrito del fiscal sostiene que las entidades sobre las que se investigan subvenciones «no se beneficiaron específicamente de un trato de favor especial, sino que sus subvenciones se tramitaron igual que las destinadas a cientos de entidades» con un procedimiento que al parecer del fiscal no era arbitrario.