El Govern destituye al letrado responsable de la defensa de los Mossos contra los CDR
La CUP exigió que la Generalitat dejara de personarse contra activistas independentistas a cambio de apoyar la investidura de Pere Aragonès
Xavier Uriós
El Gobierno de Pere Aragonès ha destituido al letrado Xavier Uriós, director general de Asuntos Contenciosos del Gabinete Jurídico de la Generalitat. El Diario Oficial del Govern publicó el pasado 3 de mayo el decreto en el que «se le agradecen los servicios prestados» desde 2017, cuando accedió al frente de esta dependencia.
Uriós era el arquitecto legal de las acusaciones particulares de la Generalitat contra activistas y manifestantes que habían incurrido en actos de desórdenes públicos o ataques contra los Mossos d’Esquadra. Su labor era planificar la cobertura legal a los agentes que, en el ejercicio de sus responsabilidades, hubieran sufrido daños o lesiones derivadas de su actuación como policías antidisturbios.
Este cese se produce tras los cambios en la cúpula de los Mossos, con la destitución de Josep Lluís Trapero, del pasado diciembre, y de la retirada, el pasado julio, de las competencias del Departamento de Interior para llevar a cabo estas acusaciones judiciales. El Departamento de Presidencia explica a THE OBJECTIVE que el cese «se enmarca dentro de la remodelación» del gabinete jurídico y niega cualquier sospecha de purga: «Hemos cambiado al director y otras piezas. Es un tema de reestructuración interna».
Cambio en el modelo de los Mossos
Uno de los compromisos que adquirió Pere Aragonès para que la CUP apoyara su investidura era que la Generalitat no se personara contra activistas independentistas. Para satisfacer sus demandas, el Ejecutivo de ERC y Junts per Catalunya derivó la defensa de los Mossos, que recaía en la Consejería de Interior, a Presidencia.
Asimismo, se inició una comisión sobre el modelo policial en el Parlament -presidida por la líder de la CUP, Dolors Sabater- con el fin de avanzar hacia «la democratización» del cuerpo policial. En palabras de Sabater, iba a ser «una comisión contra la impunidad» y en favor de fiscalizar las actuaciones policiales en protestas sociales.
Pese a la buena voluntad demostrada por el Ejecutivo catalán de introducir cambios en el modelo policial, pronto se originaron tensiones con la CUP. Los agentes, en su condición de trabajadores públicos, tienen derecho a ser defendidos por los servicios jurídicos de la administración catalana. Los principales sindicatos de policías, como Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) o USPAC, denunciaron la posible dejación de funciones que significaría que la Generalitat se inhibiera en esa defensa legal.
El caso del CDR Marcel Vivet
Uno de los casos que más irritó a la formación anticapitalista fue el de Marcel Vivet, miembro de los autodenominados Comité en Defensa de la República (CDR). Vivet fue condenado a cinco años de cárcel por desórdenes y atentado a un mosso en la protesta ‘Holi’ contra Jusapol en 2018.
La Generalitat fue acusación particular en el juicio donde la Audiencia de Barcelona condenó a Vivet por lesionar a un policía en la muñeca con el palo de una bandera, y la sentencia también le impuso una multa de 6.000 euros y una indemnización de 1.511 euros para el mosso. Posteriormente, los servicios jurídicos de la Generalitat acabaron presentando un recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, pese a haber iniciado la denuncia.
En la misma línea, la administración catalana retiró su defensa del caso G-30, donde se juzgaban por lesiones, desórdenes públicos y atentados a la autoridad a seis activistas independentistas durante la investidura fallida de Carles Puigdemont el 30 de enero de 2019. Los sindicatos SPC y USPAC se vieron obligados a hacerse cargo de las defensas de los agentes desamparados por la Generalitat, tal y como publicó El Món.
Uriós ‘sobrevivió’ al 155
Uriós estaba al frente de esta dependencia desde 2017 y se mantuvo en el puesto tras la intervención de la autonomía, en virtud del artículo 155 de la Constitución, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
El ex responsable de las acusaciones particulares de la Generalitat también testificó a favor de Meritxell Borràs, exconsejera de Governación del Govern, en el juicio en el Tribunal Supremo en la causa del procés. Borràs en la actualidad es la responsable de la Agencia Catalana de Protección de Datos pese a haber avalado, según el Supremo, el uso del censo electoral para el referéndum del 1 de octubre de 2017.
Uriós lleva muchos años en los servicios jurídicos de la Generalitat. Ha sido también el encargado de defender el modelo de inmersión lingüística en los tribunales en nombre del Govern. El hecho de que esté casado con Mercedes Nieto, abogada jefe de la Asesoría Jurídica del departamento de Presidencia, y fundadora de Ciudadanos, también le comportó muchas desconfianzas y malestar en los cargos independentistas de la administración catalana, según publicó El Triangle.
Uriós fue sobreviviendo en sus cargos de responsabilidad en un periodo en el que los servicios jurídicos de la Generalitat han sido muy cuestionados por los independentistas. Pero este 3 de mayo ha sido reemplazado por Sílvia Grau.
