La ley del aborto y las bajas por menstruaciones dolorosas dividen al Gobierno

La nueva ley del aborto que ha planteado este semana el Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero podría ser más un globo sonda que una futura realidad legislativa. Aunque el organismo mantiene su intención de llevar el próximo martes al Consejo de Ministros el proyecto normativo, varios de los ministerios implicados en la reforma aseguran haberse visto sorprendidos por el anuncio y exigen negociar todavía aspectos claves de la nueva norma.

En concreto, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha afirmado este jueves que lo propuesto por Igualdad es actualmente una medida «en discusión» dentro del Gobierno de coalición.

«Nuestra posición es que esta ley tiene que armonizar dos elementos: mejorar la protección de las mujeres y también impulsar su participación en mejores condiciones del mercado de trabajo», ha señalado a los periodistas, en referencia a la planteada posibilidad de acceder a una incapacidad temporal por una menstruación dolorosa.

No son los únicos puntos que habrá que discutir. El departamento de Escrivá tiene también sobre la mesa la propuesta de que las mujeres puedan acceder a un permiso retribuido desde la semana 36 hasta el parto y las bajas en caso de aborto, medidas que asegura tendrán que «analizar».

Calviño pide no estigmatizar a las mujeres

Las de Escrivá no han sido las únicas dudas provenientes de la parte socialista del Gobierno. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha querido también dejar claro este jueves, en relación a la posibilidad de aprobar una baja laboral de tres días por menstruaciones dolorosas, que el Gobierno «no va a tomar ninguna medida que estigmatice a las mujeres».

«Permítanme que se lo repita con toda claridad, este Gobierno cree y está absolutamente comprometido con la igualdad de género y nunca vamos a adoptar medidas que puedan resultar en una estigmatización de las mujeres», ha reiterado Calviño, que ha eludido afirmar expresamente si la medida anunciada ayer por la ministra de Igualdad, Irene Montero, supone una estigmatización.

Es más, la vicepresidenta también ha asegurado que son «muchas» las cuestiones que se están analizando sobre esta normativa y que el Ministerio de Igualdad está trabajando con «muchos» borradores. 

Por su parte, el Ministerio de Justicia está examinando otras propuestas, como las medidas diseñadas para luchar contra la gestación subrogada, prohibida en España pero que en otros países es legal. Igualdad planteó en su borrador que los tribunales españoles puedan perseguir judicialmente a quien recurra a los vientres de alquiler en el extranjero y también prohibir la publicidad de las agencias que actúan como intermediarias.

Fuentes del departamento que encabeza Pilar Llop han indicado a EFE que están estudiando el texto y haciendo comentarios, pero han evitado entrar en el fondo del asunto.

Igualdad ve «normales» las reticencias de los socios

A pesar de las dudas de Escrivá y el ministerio de Justicia, fuentes de Igualdad destacan a EFE que la norma se ha trabajado con Sanidad, el ministerio «coproponente», y siguen optimistas en esta última fase de la negociación con los otros departamentos implicados para que el anteproyecto llegue el martes cl Consejo de Ministros.

A su juicio, es normal que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social se muestre reticente ante algunas de las medidas planteadas, como las bajas para reglas dolorosas, porque «los avances en materia de igualdad cuestan».

Los socios del Gobierno del PSOE no han sido los únicos en mostrar alguna reticencia. Los sindicatos, a través de los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Pepe Álvarez, han considerado «positiva» la medida, pero al mismo tiempo han reclamado que este asunto se aborde en la mesa de diálogo social y no parta solamente desde Igualdad.

Eso sí, el proyecto de nueva ley del aborto Montero sí ha recibido el apoyo explícito de su compañera de partido y vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se ha mostrado «absolutamente de acuerdo» con la medida, porque hay que hacer «política laboral de género».