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Montero prepara una nueva ley del aborto para burlar el recurso del PP en el Constitucional

La nueva norma puede aprobarse en el próximo Consejo de Ministros. Permitirá a las chicas con más de 16 años interrumpir el embarazo sin permiso paternal

Montero prepara una nueva ley del aborto para burlar el recurso del PP en el Constitucional

Irene Montero interviene este miércoles en el Congreso.|Juan Carlos Hidalgo (EFE)

El debate del aborto vuelve a estar sobre la mesa. El Gobierno prepara una nueva ley que permitirá a las chicas con más de 16 años interrumpir el embarazo sin permiso de sus padres, según el borrador que ha adelantado este miércoles la Cadena Ser. La futura norma derogará la legislación anterior, aprobada en 2010 y que recurrió el PP ante el Tribunal Constitucional. Un asunto que los magistrados aún no han resuelto. El texto garantiza el derecho a abortar en los centros públicos, tal y como anunció a finales de febrero la ministra de Igualdad, Irene Montero, y podría aprobarse en el próximo Consejo de Ministros.

La nueva ley del aborto pretende dar carpetazo a los obstáculos que encuentran las mujeres para poner fin a su embarazo de manera voluntaria. El texto garantizará que este derecho se realice en un centro público, aunque en ciertas excepciones podrá efectuarse en una clínica privada acreditada. Todas ellas deberán organizarse y asegurar el personal suficiente. El documento también regulará la objeción de conciencia de los profesionales y creará un registro de objetores en cada región. Montero ya avanzó que se tomaría como referencia la ley de Eutanasia, que entró en vigor el año pasado.

Los plazos del aborto

Lo que no cambiará con la nueva ley son los plazos, que se mantienen. Ahora, el aborto es libre a petición de la mujer hasta la semana 14 de gestación. Desde ese momento hasta la semana 21 el embarazo solo puede interrumpirse por causas médicas, como malformación del feto o cuando la vida de la madre corre peligro. Fuentes del Ministerio de Igualdad han confirmado a Efe que el texto lleva varios meses negociándose, ya que compete a otros ministerios, como el de Sanidad, Justicia e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La intención del departamento que dirige Montero es que la ley estuviese en marcha a finales de año. El anteproyecto podría aprobarse en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque fuentes de La Moncloa afirman a THE OBJECTIVE que aún no se ha cerrado el orden del día. La nueva ley incluye una disposición para derogar la legislación en vigor, aprobada en 2010 por otro gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero. El PP reformó la normativa en 2015 para incluir como requisito el permiso de los padres para que las menores de edad pudieran abortar.

La entonces portavoz del PP en el Senado, Carmen Dueñas, acusó al PSOE de «imponer el aborto libre» y «acabar con la familia, uno de los pilares de la sociedad española». Su partido recurrió el texto ante el Constitucional por vulnerar «el equilibrio entre los derechos del no nacido y los de la madre», según explicó el coordinador de Justicia y Libertades Públicas de los populares, Federico Trillo. El PP basó su recurso de inconstitucionalidad en ocho puntos que inciden en el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales, el derecho de los padres de acompañar a sus hijas y el derecho del nasciturus (el no nacido) que reconocía una sentencia del tribunal de garantías en 1985.

Con la nueva ley que prepara el Gobierno, el recurso que presentó el PP hace 12 años quedaría vacío de contenido, ya que esta norma no deroga la anterior, sino que es distinta. La ministra y otros representantes del ministerio han ido desgranando durante estos meses algunas de las medidas que quiere incorporar al texto, entre ellos considerar como un tipo violencia contra la mujer los vientres de alquiler. El borrador incluye la prohibición de la publicidad de las agencias y permitirá perseguir a parejas que vayan al extranjero para realizar esta práctica ilegal en nuestro país.

Higiene femenina gratuita

La nueva ley también incluye cuestiones como las referentes a la salud menstrual. Montero quiere eliminar el IVA del 10% que actualmente soportan los productos de higiene femenina y obligar a los centros educativos a garantizarlos. También plantea el acceso gratuito para las mujeres en riesgo de exclusión social y las reclusas. Los anticonceptivos hormonales y la llamada píldora del día después estarán financiados con dinero público y su distribución será gratuita en los institutos bajo campañas de educación sexual.

Igualdad también tiene intención de que las embarazadas tengan derecho a un permiso retribuido y universal a partir de la semana 36 de gestación y hasta que den a luz. Este derecho será independiente al reconocido tras el nacimiento del bebé. El objetivo es proteger la salud materna. Además, incluye bajas laborales para mujeres que sufren reglas dolorosas, que las incapacitan para trabajar con normalidad por quistes, miomas o endometriosis.

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