¿Desobedecer o acatar? ERC y Junts discrepan en la defensa del catalán
La reforma de la Ley de Política Lingüística no frena la aplicación del 25% dictada por la Justicia
ERC y Junts per Catalunya vuelven a distanciarse por la defensa del catalán. En plena cuenta atrás para que el Govern aplique la sentencia del 25% de castellano después de que la Asamblea por una Escuela Bilingüe pidiera su ejecución forzosa, los dos partidos independentistas no se ponen de acuerdo en cuáles son los pasos que deben seguir desde la Generalitat.
ERC apuesta por emprender una reforma de la Ley de Política Lingüística y quiere que su socio en el Ejecutivo catalán apoye la propuesta. No obstante, Junts considera que no servirá para blindar el modelo de inmersión lingüística. Y hay voces dentro del partido que empujan para rentabilizar ante el electorado más independentista el hecho de no salir en la foto del eventual pacto junto al PSC y los comuns. Es decir, dejarían a los de Pere Aragonès sin el aval de ninguna otra fuerza independentista y como el partido que ha acatado la sentencia «contra el catalán».
A este respecto, la Plataforma per la Llengua y la Asamblea Nacional Catalana ya se han pronunciado en contra de esta reforma al tacharla de una suerte de cortina de humo que no sirve para mantener la inmersión lingüística.
Desobediencia… «política»
El portavoz de Junts, Josep Rius, ha abierto la puerta a consumar la «desobediencia política» contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se trata de una reformulación del concepto de «desobediencia civil» para que los equipos docentes no tengan que asumir las consecuencias de no cumplir con la legalidad.
En una entrevista en Catalunya Ràdio de este viernes, Rius consideró la desobediencia un «método legítimo» para que una ley que ven injusta no se aplique. No obstante, reconoció que se requiere de un «consenso» que no existe entre las fuerzas independentistas.
En paralelo, PSC y En Comú Podem instan a ERC a romper con los posconvergentes y a rubicar una nueva Ley de Política Lingüística con su apoyo. Públicamente afirman que su actualización permitirá «reforzar» el catalán.
No obstante, como informó THE OBJECTIVE, ni el nuevo decreto planteado por el titular de Educación, Josep González Cambray, ni la reforma de la Ley de Política Lingüística da margen a modificar la situación creada por la sentencia ni a evitar su cumplimiento.
Inhabilitación
El Gobierno de Pedro Sánchez se ha inhibido en la causa y no ha pedido la ejecución forzosa de la sentencia, pese a ser parte legitimada para hacerlo. A este respecto, ERC cuenta con la connivencia del Ejecutivo central para no forzar los tiempos de un fallo en firme y con carácter general que, a diferencia de sentencias anteriores, debe aplicarse en todas las escuelas públicas de Cataluña.
El PSC se ha avenido a alcanzar un nuevo «pacto por el catalán», pero todo apunta a que es más una estrategia para forzar a ERC a romper con Junts que a una fórmula factible de poder evitar el 25% de castellano. Aunque los de Salvador Illa afirman que no hay cabida para incumplir con la legalidad, son críticos con el hecho de que se establezcan porcentajes en los tribunales sin criterios pedagógicos.
Bajo el liderazgo de Illa, el partido se ha abierto a «flexibilizar» el modelo de inmersión por creer que ha quedado desfasado con los cambios demográficos y la inmigración. Sin embargo, ERC y Junts se niegan en poner fin al modelo concebido hace 40 años. La excepción de la situación actual es que su incumplimiento puede acarrear una inhabilitación para cargo público si se les condena por el delito de desobediencia o incluso de malversación si asumen la defensa de maestros que incumplen.
