La Fiscalía pide archivar la causa contra la alcaldesa de Hospitalet por desviar fondos
La regidora y presidenta de la Diputación de Barcelona fue detenida en diciembre de 2020 por su presunta relación con la trama de desvío de subvenciones
La alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria Marín. | Europa Press
El fiscal ha pedido a la jueza que investiga el presunto desvío de fondos del Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) que archive la causa contra la alcaldesa, Núria Marín (PSC), al concluir que cumplió con su deber de «controlar» las subvenciones y sin ánimo de «ocultar» delitos.
En un escrito dirigido al juzgado de instrucción número 2 de L’Hospitalet de Llobregat, la Fiscalía Anticorrupción mantiene que no hay indicios de que Marín incurriera en una «dejación de funciones patente, manifiesta y total» cuando le denunciaron las supuestas irregularidades en el Consell Esportiu, como lo demuestra el hecho de que encargó una auditoría para confirmarlas.
La alcaldesa y presidenta de la Diputación de Barcelona fue detenida en diciembre de 2020 por la Policía Nacional por su presunta relación con la trama de desvío de subvenciones, tras lo que la jueza la citó a declarar como imputada por omisión del deber de perseguir delitos ante su supuesta «inacción» después de que la alertaran de las irregularidades en el Consell Esportiu.
No obstante, tras recibir el informe policial con el análisis del móvil de la alcaldesa, el fiscal Luis García Cantón entiende que no hay «ni un solo dato que permita deducir -nunca suponer o presumir-» que actuara en «flagrante o evidente contradicción con el derecho», por lo que pide que se archiven las diligencias contra ella mientras la investigación sigue abierta para el resto de imputados.
La Fiscalía cree que Marín actuó «sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento y, en consecuencia, sin hacer dejación de sus funciones».
En ese sentido, recuerda que Jaume Graells, el concejal socialista que denunció las supuestas irregularidades en el Consell Esportiu, pidió el 3 de febrero de 2020 reunirse con Marín para advertirle de las posibles anomalías y que el encuentro se celebró al día siguiente.
Pocos días después, añade el fiscal, la alcaldesa pidió explicaciones a dos de los principales sospechosos -el exteniente de alcalde Cristian Alcázar y el exconcejal de deportes Cris Plaza, también investigados-, y que estos negaron cualquier irregularidad.
Contradicciones
A la vista de estas «contradicciones«, recalca el escrito del ministerio público, Marín ordenó una auditoría para esclarecer la veracidad de los hechos.
El 16 de junio de 2020, Graells remitió un correo electrónico a Marín para enviarle toda la documentación relacionada con las supuestas irregularidades, a lo que la alcaldesa contestó que no era posible llevar a cabo una investigación por parte del Ayuntamiento, dado que ya había una causa judicial abierta, por lo que remitiría la documentación al juzgado.
Según Anticorrupción, «parece razonable» concluir que «la actitud, comportamiento y decisiones» adoptadas por Marín «no pueden tener encaje en la idea de una dejación de funciones patente, manifiesta y total».
«Tras escuchar al denunciante y mantener una conversación con los posibles responsables de las irregularidades, ordenó una auditoría de las cuentas del Consell Esportiu, cumpliendo con la obligación de controlar el buen fin de las subvenciones concedidas», apunta.
Además, Anticorrupción subraya que, una vez judicializada la causa, cuando Marín recibió la documentación, adoptó «la única decisión que le era exigible: remitirla al juzgado de instrucción, puesto que, efectivamente ‘era allí donde debía estar'».
Por todo ello, la Fiscalía insiste en que no existen elementos, ni siquiera indiciarios, que permitan sostener de forma fundada una acusación por el delito de omisión del deber de perseguir delitos, puesto que Marín actuó «sin ningún ánimo de ocultación de los hechos que se pusieron en su conocimiento» y sin hacer «dejación de sus funciones» que supusieran un obstáculo para la investigación.
Asimismo, el fiscal reprocha a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que atribuyera delitos de prevaricación y malversación de caudales a Marín, alegando «como único motivo el hecho de que su condición de Alcaldesa le convierte, en consecuencia, en la máxima responsable de las decisiones que se adoptan en el Ayuntamiento».
