Moncloa descafeína la ley del aborto de Irene Montero
El Gobierno vincula las bajas menstruales a una patología y descarta perseguir los vientres de alquiler y eliminar el IVA de los productos de higiene femenina
Irene Montero tras el Consejo de Ministros de este martes. | A. Martínez Vélez (Europa Press)
España será el primer país europeo que pague las bajas menstruales incapacitantes. Lo hará de una manera muy diferente a la que esperaba la ministra de Igualdad, Irene Montero. Moncloa ha descafeinado la ley del aborto. El anteproyecto que sale este martes del Consejo de Ministros ha sufrido importantes variaciones respecto al documento original. Al menos, en cuatro importantes puntos. Las bajas por reglas dolorosas no serán para todas las mujeres, sino para aquellas que acrediten una patología; el permiso preparto se otorgará a partir de la semana 39, tres más tarde de lo previsto; y se descarta perseguir los vientres de alquiler y eliminar el IVA de los productos de higiene femenina.
Los cambios en la futura ley del aborto suponen una victoria del ala socialista del Gobierno. Fuentes gubernamentales aseguran a THE OBJECTIVE que «el error» de Podemos fue precipitarse en vender un acuerdo que no estaba cerrado (se hizo el sábado). El borrador del texto se filtró el miércoles, en plenas negociaciones entre los ministerios. Algunas cuestiones seguían abiertas, por lo que en el Ejecutivo hay quien piensa que Montero quiso «adueñarse del relato». En parte lo consiguió, ya que toda la prensa nacional (y algunos medios internacionales) se hicieron eco de la noticia.
La nueva ley de Montero
Las claves de la interrupción voluntaria del embarazo siguen adelante. Las mujeres con más de 16 años podrán abortar sin necesidad de permiso paterno, tal y como recogía la norma aprobada en 2010, que se derogará. El PP la recurrió ante el Tribunal Constitucional y, una vez en el poder, la reformó en 2015 para que fuese necesario que los progenitores dieran su aprobación. Se mantiene la ley de plazos (ahora el aborto es libre hasta la semana 14 de gestación y hasta la 21 puede solicitarse por causas médicas). Como novedad, la nueva norma crea un registro de objetores de conciencia y garantiza que el aborto se realice en un centro público cercano al domicilio de la paciente.
Montero cifra en 104 millones de euros el coste de las medidas. Algunas de ellas cambian o se caen del texto original que envió el Ministerio de Igualdad el pasado viernes. Es el caso de las bajas para mujeres que tengan reglas incapacitantes, aquellas que no permiten hacer vida normal. El Consejo de Ministros de este martes ha incorporado que estén ligadas a una patología acreditada. En ese caso, la Seguridad Social pagará las bajas desde el primer día, no pondrá límite de jornadas ni exigirá un tiempo mínimo cotizado a la beneficiaria. Tendrá un coste de 24 millones al año.
«Hasta el último minuto siempre puede haber algún cambio», reconoció Montero el lunes, mientras su equipo debatía la norma con otros ministerios implicados. La intención de Igualdad era otorgar bajas de preparto a partir de la semana 36 de embarazo, pero finalmente será en la semana 39, una antes de dar a luz. Este derecho tendrá un coste de 57 millones al año. Tampoco sale adelante el objetivo de eliminar el IVA de los productos de higiene femenina. Una posibilidad a la que ya apuntó la ministra en los micrófonos de la Cadena SER. En cambio, se dispensarán productos gratuitos en centros educativos y penitenciarios «para combatir la pobreza menstrual».
El borrador inicial aludía a los vientres de alquiler como una de las formas de violencia contra la mujer. Prohibía la publicidad de las agencias y permitía a los tribunales perseguir a las parejas que viajaran al extranjero para realizar esta práctica. Un extremo que se ha descartado después de que el Ministerio de Justicia considerara que era inviable incorporarlo porque el Código Penal no contempla la gestación subrogada como delito. El departamento de Montero planteó entonces varias alternativas porque esta supone «una explotación inaceptable», aunque ninguna convenció al equipo de Pilar Llop.
La posición de Sánchez
El Gobierno de coalición saca adelante el anteproyecto de la ley del aborto, pero de una manera descafeinada. La parte podemita del Ejecutivo ha salido derrotada al no ver satisfechas todas sus reivindicaciones. En La Moncloa sostienen que en el asunto del IVA en los productos de higiene íntima ha ganado el Ministerio de Economía. Del mismo modo, creen que en el debate de los vientres de alquiler ha resultado vencedor Justicia, ya que no no existía jurisprudencia al respecto y «entraba en colisión con los códigos penales de otros países».
En el caso de las bajas menstruales la posición es intermedia, admiten fuentes gubernamentales. Ha sido así porque «el presidente (Pedro Sánchez) consideraba importante regular las bajas por reglas incapacitantes, pero solo aquellas ligadas a una patología». Una palabra que se ha incorporado al texto en el Consejo de Ministros, ya que no estaba en el documento original enviado el viernes. También incluirá un glosario de esas enfermedades con las que se podrá acceder a la baja.
El anteproyecto de ley es solo el primer paso para que se apruebe. El texto tiene que pasar ahora por los órganos consultivos (su veredicto no es vinculante) y volver al Consejo de Ministros, que lo enviará a las Cortes para que los grupos políticos puedan realizar modificaciones. Igualdad espera que la nueva norma entre en vigor antes de que finalice el año, ya que estos trámites suponen varios meses aunque se lleven, como es el caso, por vía de urgencia.
«El derecho a decidir sobre nuestros cuerpos forma parte del derecho fundamental a la salud, pero, además, es la puerta de entrada al ejercicio de otros muchos derechos en la vida cotidiana de las mujeres», aseguró Montero tras el Consejo de Ministros. En opinión de la titular de Igualdad, el Gobierno está haciendo «una ley para garantizar que las mujeres puedan vivir mejor». Lamenta que el anteproyecto no recoja finalmente algunas de las premisas del documento original y se felicita por ser el primer país europeo en regular una incapacidad temporal por dolores menstruales: «Se acabó ir a trabajar con dolor».
