Varias comunidades del PSOE rechazan el modelo de residencias que propone Belarra

Golpe en las intenciones de Ione Belarra de reformar el actual modelo de residencias. El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades han acordado «posponer la votación» para cerrar el acuerdo, a la espera de «cerrar los últimos detalles», según precisan fuentes del Ministerio liderado por Belarra. Sin embargo, parece que las diferencias son más profundas de lo que aseguran desde Derechos Sociales.

Entre las comunidades que han mostrado su desacuerdo con la propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, se encuentran comunidades gobernadas por el Partido Popular, como Galicia, pero también algunas socialistas, como Castilla-La Mancha y Extremadura, según avanza el diario El País.

Nuevo modelo

El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 confía en poder llegar a un acuerdo «a lo largo del próximo mes» en el que la ratio en los centros residenciales disminuya hasta «un trabajador por cada dos residentes, se amplíe el número de habitaciones individuales en las residencias públicas y se establezcan núcleos de convivencia de 15 personas como máximo«.

El documento, que se iba a votar este miércoles en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Atención a la Dependencia, presidido por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, proponía un nuevo modelo de acreditación de residencias.

Entre otras medidas, fijaba un plazo de tres años para la «supresión total» de las sujeciones físicas, químicas o farmacológicas, y establecía que las nuevas residencias públicas deberían contar, al menos, con un 65% de habitaciones individuales.

Además, según el texto que finalmente no se ha votado, los centros proyectados no podían superar entre las 75 y las 120 plazas, dependiendo de la densidad de población.

Asimismo, con el objetivo de que la residencia se parezca lo más posible a un «hogar», se proponía que la vida de las residencias se organizara en pequeñas unidades de convivencia, con un máximo de 15 personas. Igualmente, se promovía la mejora de los servicios de ayuda a domicilio junto con el centro de día o la teleasistencia.

Respecto a las ratios, el texto establecía que en centros residenciales la ratio de atención directa conjunta se incrementaría paulatinamente de 0,39 en diciembre de 2023 a 0,51 en diciembre de 2029 en personas mayores y de 0,50 a 0,58 en centros para personas con discapacidad, estableciéndose una ratio para la atención directa de primer nivel en 0,43 y 0,50, respectivamente, en 2029, frente a los 0,42 y 0,44 de 2008.

Rechazo de comunidades y el sector de Dependencia

Entre las comunidades que han rechazado este plan de Belarra hay diversos argumentarios. Por ejemplo, la consejera de Política Social gallega, Fabiola García, ha asegurado que las ideas sobre residencias presentadas por el Gobierno central son «irrealizables», al carecer de presupuesto y «encarecer y dificultar el acceso a los cuidados» para las personas mayores.

Así lo ha señalado tras participar por videoconferencia en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales sobre la redefinición del modelo de cuidados.

La consejera ha apuntado que la propuesta estatal supondría una «importante pérdida de plazas» y de puestos de trabajo en el ámbito de los cuidados. Además, considera que es un «modelo discriminatorio» con los centros situados en el rural y ha advertido de que el Gobierno central «no garantiza la financiación necesaria» para llevarlo a cabo.

También ha mostrado su rechazo a la propuesta el sector de la Dependencia. Las patronales AESTE, ASADE, CEAPS y FED calificaban este martes de «inaceptable» la propuesta y advertían de que, en caso de aprobarse, pondría «en serio riesgo» la atención a las personas mayores más vulnerables.

En un comunicado recogido, las patronales han indicado que este modelo supondría una «merma significativa» de oferta de plazas «que ya está en un punto crítico sin poder atender la lista de espera y consecuentemente de empleos en las residencias».

Además, han avisado de que con este modelo se haría una «discriminación entre las personas que reciben servicios de manera pública y los que lo hacen de manera público-privada«.

También se han posicionado en contra del texto los sindicatos UGT y CCOO porque consideran que «no incluye ninguna de las medidas de mejora de la calidad del empleo» propuestas por ellos y «renuncia a garantizar la calidad en la atención».